Sánchez exige a las autonomías que refuercen la red sanitaria

Las comunidades autónomas tendrán que reforzar su red sanitaria para poder afrontar la llamada fase de desescalada en la crisis del coronavirus. Entre otras medidas, tendrán que duplicar o incluso triplicar el número de camas disponibles en las UCI de los hospitales. El Gobierno enfocará su estrategia en reducir los nuevos contagios “hasta un nivel asumible” para evitar el riesgo de que los centros sanitarios se desborden de nuevo. El Ejecutivo también exige que los hospitales tengan un circuito para los enfermos de coronavirus y otro para el resto a fin de minimizar el peligro de contagio.

El Gobierno lleva más de tres semanas trabajando en el desconfinamiento a partir de los consejos de los técnicos. Tras las críticas de hace dos semanas de los nacionalistas y los barones del PP, que le acusaron de tomar decisiones unilaterales sin contar con los territorios, Sánchez facilitó a los presidentes un documento con las recomendaciones sanitarias para la estrategia de transición elaborado por el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES).

El informe insta a la disponibilidad inmediata, en caso de necesidad, del doble de camas en las UCI respecto de la capacidad previa a la emergencia sanitaria que ha provocado el coronavirus. Y a la identificación de espacios que permitan triplicar las plazas de cuidados intensivos.

El desconfinamiento dependerá de la “capacidad estratégica sanitaria” de cada territorio, según recalcó Sánchez. El objetivo a corto plazo, según especifica el documento —que presidentes como el gallego Alberto Núñez Feijóo calificaron de “sensato”, según varias fuentes presentes— es asegurar “una expansión neta de camas para pacientes agudos y de UCI que no continúe desplazando recursos” de otros tratamientos a enfermos crónicos.

Para prevenir la infección en hospitales —España es el país con más contagios entre el personal sanitario (20%)—, los expertos del Gobierno recomiendan, además de contar con suficientes equipos de protección, establecer un doble circuito en los centros sanitarios para separar a los infectados por coronavirus de los pacientes con otras patologías. La atención primaria jugará un papel crucial en el diagnóstico precoz. La telemedicina y la atención domiciliaria se deberán potenciar “en lo posible y si las patologías de los pacientes así lo permiten”.

La séptima reunión de presidentes desde el estallido de la crisis se caracterizó por la prudencia extrema del presidente del Gobierno -pese a los 288 fallecidos por coronavirus en las últimas 24 horas, la cifra más baja en más de un mes- frente a las peticiones de mayor margen de maniobra, siguiendo los criterios de sus propios planes de contingencia, de parte de los líderes territoriales. Quim Torra e Iñigo Urkullu fueron de nuevo los más reivindicativos. Como ya había reconocido Sánchez el día anterior, La Moncloa no dispone de un “manual infalible” ni de una hoja de ruta definida ante una situación sin precedentes. Pero prometió que tendrá muy en cuenta las propuestas de las autonomías en el Plan de Desescalada que el Consejo de Ministros aprobará este martes. “Todos debemos regirnos por las mismas reglas. Todo el proceso ha de integrarse en un mismo cuadro de mandos hasta que haya vacuna o tratamiento”, zanjó.

El Gobierno acordará con las comunidades la delimitación de las áreas geográficas que saldrán de manera progresiva del confinamiento. Pero en ningún caso será competencia exclusiva de los territorios, pese a las protestas de Torra y, en menor medida, de Urkullu. La Moncloa subraya que Sánchez ha atendido varias de las peticiones que presidentes autonómicos de diferente signo le han realizado durante el estado de alarma, como que salgan a la calle a los menores de 14 años.

La autorización de los paseos de personas mayores y de los ejercicios fuera de casa a partir del 2 de mayo, medidas anunciadas por Sánchez el sábado, eran otras de las demandas habituales en la conferencia de presidentes. El Gobierno considera que se trata de medidas de sencillo cumplimiento —a diferencia, por ejemplo, de abrir ciertos negocios minoristas— y que permitirán comprobar la reacción ciudadana para, si fuese necesario, hacer ajustes durante la desescalada. “Es un horizonte muy precipitado pensar que el estado de alarma se puede acabar en los próximos 15 días”, advirtió, tras la conferencia, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, para frenar cualquier posible relajación. Las peticiones de la mayoría de dirigentes autonómicos no pasaron de solicitar flexibilidad y criterios objetivos en la fase de suavización de las medidas. Los presidentes del PP y algunos socialistas, como Emiliano García Page, de Castilla-La Mancha, solicitaron la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Presidentes de diferentes partidos, sobre todo de los territorios que más dependen del turismo, pidieron que se amplíen los plazos de los ERTE en este sector.

El president Torra fue mucho más allá y exigió “recuperar la capacidad de gestión” de la pandemia. “Todas las decisiones se toman desde Madrid y nosotros cargamos con la imposición. Si algo ha quedado claro en este confinamiento es que la centralización no ha funcionado. Los que mejor conocemos nuestros países somos nosotros”, afirmó Torra. Cataluña es, tras Madrid, la comunidad con más fallecidos y sus UCI se encuentran sometidas a una enorme presión, con 2.583 pacientes que han pasado por cuidados intensivos. Sánchez concedió que la cooperación y la coordinación entre Administraciones es mejorable pero se mantuvo firme: “No vamos a renunciar a gestionar la desescalada”.

Sin elevar tanto el tono, el lehendakari reclamó “más criterios y menos tutelas”. “Parece que las decisiones están tomadas, nuevamente, por el mando único. Recuerdo que los presidentes de las comunidades autónomas somos las autoridades competentes”, enfatizó. Urkullu puso como ejemplo el “modelo de gobernanza corresponsable” el de Alemania, un Estado federal. El presidente le aseguró, como a todos, que las propuestas de las comunidades serán escuchadas y podrían incorporarse al plan. Urkullu también solicitó renegociar el concierto económico vasco.

El presidente de Aragón, Javier Lambán, planteó que el desconfinamiento se empiece a aplicar en los municipios de menos de 5.000 habitantes. En su caso representan el 95% de localidades y el 20% de la población. El presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, sugirió que se desarrolle por áreas de salud y no solo por provincias.

La desescalada requiere de una “coordinación compartida”, según Alberto Núñez Feijóo. Las recomendaciones sanitarias para la estrategia de transición le han parecido “sensatas” al presidente de Galicia, que ha destacado que la mitad de los municipios de su comunidad no han tenido ningún caso de coronavirus. Los riesgos, ha señalado, están en las residencias de mayores y los centros de trabajo. El barón del PP, que ha propuesto una “cláusula de salvaguardia territorial” para que en el supuesto de que haya “dudas” las decisiones se puedan acordar con el Gobierno, le ha deseado a Sánchez que “acierte” con el plan que el Consejo de Ministros aprobará el martes: “De él dependerá la reactivación económica y social”. Por último, Feijóo ha preguntado si el estado de alarma se va a mantener a partir del 9 de mayo y, en ese caso, si será a nivel nacional o geográficamente en función de la situación epidemiológica. Sánchez le ha respondido que él es el primer interesado en que el estado de alarma dure lo menos posible y ha mantenido que “el horizonte se inicia en mayo” con una desescalada con salidas asimétricas en distintas fases.

El presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha reclamado un plan de rescate turístico, como ya hizo en la cumbre anterior el presidente aragonés. También se ha mostrado muy preocupado por la contratación de obra pública al igual que Miguel Ángel Revilla (Cantabria). Sánchez le ha expuesto al presidente andaluz que la desescalada se producirá no tanto por sectores económicos sino por las garantías de las capacidades sanitarias de las autonomías (asistencia sanitaria reforzada en las UCI, atención primaria, detección de focos y aislamiento y normas colectivas de protección). “No vamos a plantear fechas fijas para la apertura de sectores”, ha sido contundente Sánchez, que ha reiterado a lo largo de la conferencia que habrá que ver cómo se plantea la temporada turística de verano. En resumen, dependerá de la capacidad sanitaria de cada territorio para que los que los posibles rebrotes estén lo más controlados posible.

Emiliano García-Page ha defendido que debe haber una coordinación por parte del Gobierno para afrontar la desescalada, escuchando a las comunidades y atendiendo a las distintas circunstancias que hay en cada zona. “Está bien que el Gobierno escuche las propuestas de las comunidades, pero aquí todos dependemos de todos, y aunque la irradiación de la pandemia ha sido asimétrica, el virus no lo es", ha expresado el presidente de Castilla-La Mancha. Como la semana pasada, García-Page ha pedido una especie de “control de vecindad” para que las decisiones de una autonomía no puedan tener consecuencias en los territorios vecinos. “A nosotros nos afecta mucho más, en términos de movilidad y contacto, cualquier decisión que se pueda tomar en Madrid que cualquier decisión que podamos tomar en Castilla-La Mancha”, ha afirmado. El barón del PSOE ha insistido en el papel de las autonomías en ese gran acuerdo nacional que planteó Sánchez y que se abordará en una comisión en el Congreso. “No sé en qué posición quedamos los Gobiernos autonómicos ahora que la posibilidad de ese gran acuerdo se ha llevado al ámbito parlamentario, pero creo que es bueno que se intente sumar a las autonomías”, ha reivindicado.

Ximo Puig ha reclamado que los acuerdos de reconstrucción sean “pactos de la sociedad” y que no se trate solo de acuerdos en el ámbito político. El presidente de la Comunidad Valenciana ha subrayado que alcanzar acuerdos es de “una lógica aplastante". “Si ahora no somos capaces de acordar, ¿cuándo lo seremos?”. Sobre la desescalada, ha destacado que haya “un marco común, adaptado y ejecutado localmente”. Y ha resaltado la importancia de la “corresponsabilidad de los ciudadanos”: “Tenemos que confiar más en los ciudadanos”. También ha instado a una “revolución” en el concepto de la forma de trabajar. “Las Administraciones han de ser mucho más rápidas en las respuestas burocráticas”, ha enfatizado. Sobre el Plan Marshall europeo, que considera fundamental, ha pedido que las regiones europeas y las comunidades autónomas tengan “una participación directa” en relación a esos recursos. Para finalizar ha destacado la trascendencia de la respuesta de Europa: “Es más Europa o más miseria, esto no es una cuestión de solidaridad. Le interesa al norte y al sur, si no hay desarrollo no va a haber futuro”.

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha insistido en la necesidad de relajar la regla de gasto para las entidades locales. Además, la dirigente socialista ha pedido que se valore la posibilidad de hacer un cierre presencial del curso escolar siempre que las condiciones epidemiológicas lo permitan, ya que “sería muy positivo desde el punto de vista social”. Chivite ha anunciado la puesta en marcha de un proyecto piloto de brazaletes inteligentes en las residencias de la comunidad foral que servirán para monitorizar en tiempo real la temperatura de los residentes. Finalmente, ha insistido en que se tenga en cuenta a la población más vulnerable en la estrategia de desescalada.

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