Cuando políticos y abogados hablan por las víctimas

Se da por sentado que al frente de las asociaciones de víctimas de las grandes catástrofes están las víctimas de esas catástrofes. Así ha sido en el caso del 11-M, el Yak-42 o el metro de Valencia. Pero al frente de las asociaciones de víctimas y afectados por la pandemia de la covid-19 que han proliferado por toda España en las últimas semanas no hay, en la mayoría de los casos, víctimas del coronavirus, sino políticos de la derecha, en activo o retirados, y abogados.

Afortunadamente, ni Carmen Balfagón, presidenta de la Plataforma de Afectados por la Pandemia Covid-19; ni Carmen Rodríguez-Millán Molina, de la Asociación Española de Afectados por el Coronavirus; ni Lucas Antelo, de la Asociación Española de Víctimas de Covid-19, tienen que lamentar la pérdida de un familiar directo a causa de la pandemia, aunque Antelo alega que, debido al confinamiento, ha tenido que cerrar dos negocios; uno de alquiler de bicicletas y otro de organización de eventos.

Por su parte, Juan Hita, presidente de la Asociación de Afectados por el Coronavirus (Asacovid-19), relata que el marido de su hermana ha muerto por la enfermedad, pero ni la interpretación más generosa del estatuto legal de víctima permite considerar como tal a quien ha perdido a un cuñado.

Después de que el periodista Antonio Maestre revelara que en su perfil de Twitter se definía como “militante del PP”, Hita lo ha borrado, aunque no se sabe si se ha dado de baja en el partido. Quien no oculta su larga trayectoria política es Carmen Balfagón, que ocupó altos cargos con el PP; el último: directora del Imserso entre 2016 y 2018. Seis meses después de su cese, Vox la fichó como vicesecretaria general, pero en mayo del año pasado se dio de baja en el partido ultra (“Vi cosas que no me convencieron”, explica, sin entrar en detalles) y asegura que ya no tiene adscripción política.

Por su parte, Lucas Antelo fue candidato por Ciudadanos en las elecciones municipales de 2015 y 2019 en Granada: mientras que Carmen Rodríguez-Millán fue entre 2017 y 2018 asesora de la alcaldesa de Pozuelo de Alarcón (Madrid), del PP.

A diferencia de los anteriores, el exjuez Francisco Serrano, diputado del Parlamento andaluz por Vox, es un político en activo. La Asociación Libre de Abogados (ALA) lo denunció ante el Consejo General de la Abogacía después de que el despacho del que es fundador anunciara en su web la creación de “la primera plataforma de afectados por la covid-19 de Andalucía”. El anuncio fue borrado y Antonio García-Berbel, de Serrano Abogados, declaró a Europa Press que, aunque el exjuez y diputado figura como titular del bufete, ya no trabaja allí. En contra de lo que “maliciosamente” se ha publicado, añadió, “las plataformas [de afectados] no las montamos los despachos ”[de abogados]. “Las montan los ciudadanos y nosotros les asistimos”.

Una de las primeras plataformas que surgió fue la Asociación de Afectados por el Coronavirus, creada el 27 de marzo “con el apoyo de Aliter abogados”. No parece que este despacho de abogados de Valencia se limitara solo a dar “apoyo” a Asacovid-19: el presidente de la asociación es el propio dueño de Aliter, Juan Hita; y la secretaria, su pareja.

No es un caso aislado. El despacho de Juan Carlos Navarro, defensor de Francisco Correa, cabecilla de la trama Gürtel, anunció la creación de “la primera plataforma de asistencia legal para afectados por el coronavirus”; mientras que el letrado Víctor Valladares, que denunció a título particular al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ha montado la Asociación de Afectados por la Gestión del Coronavirus (AGC).

Valladares, según informó la cadena SER, ha sido condenado y sancionado por estafar a algunos de sus clientes. De la directiva de la AGC forma parte Javier Noriega Gómez, candidato a diputado por Cantabria del PP en las elecciones generales de noviembre pasado.

La Asociación Libre de Abogados ha denunciado a varios despachos que han hecho publicidad aprovechando la pandemia, como Serrano Abogados, Cremades y Calvo Sotelo, Grupo Hereda (especializado en herencias) y Abogados Cristianos, los mismos que denunciaron al actor Willy Toledo por cagarse en Dios en su cuenta de Facebook (y que ha sido finalmente absuelto tras ser juzgado por ofensa a los sentimientos religiosos).

Ángeles Chinarro, presidenta de la ALA, advierte de que se trata de “un engaño”, pues estos despachos “ofrecen asesoramiento gratuito para captar clientes, pero luego cobran por los trámites que realizan”; y subraya que se trata de una vulneración del código deontológico.

No solo es inmoral, sino ilegal. El Estatuto de la Víctima del Delito, de 2015, prohíbe a los abogados “dirigirse a las víctimas directas o indirectas de catástrofes, calamidades públicas u otros sucesos que hubieran producido un elevado número de víctimas […] para ofrecerles sus servicios profesionales hasta transcurridos 45 días desde el hecho”. La Comisión de Deontología de la Abogacía Española ha tachado estas conductas de “indeseables” y ha llamado a castigarlas “con el máximo rigor”.

Antes había letrados que acudían a las puertas de los hospitales. Ahora existe Internet.

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