Plante de 350 presos en una cárcel de Toledo en protesta por la atención médica

Cerca de 350 reclusos del Centro Penitenciario de Ocaña I, en la provincia de Toledo, han protagonizado este jueves un plante que se ha saldado con la quema de los contenedores de basura del patio del recinto. Los internos protestaban por la atención médica que reciben después de que uno de ellos sufriera un desvanecimiento y en la cárcel solo estuviera, al ser festivo, la enfermera de guardia para atenderlo, según detallan a EL PAÍS fuentes sindicales y de Instituciones Penitenciarias. El incidente ha concluido después de que el médico penitenciario de guardia se desplazara a la prisión para atender al interno y los funcionarios de prisiones dialogaran con la treintena de internos que, dos horas y media después de iniciarse la protesta, aún increpaban al responsable médico del centro. Fuentes de Prisiones aseguran que a primera hora de la tarde la cárcel había vuelto a la normalidad tras el regreso de todos los reclusos a sus celdas sin que se produjera “episodio alguno de violencia”.

El incidente se ha iniciado sobre las 12.30 horas de este jueves, al alentar un grupo de reclusos el plante tras el desvanecimiento mientras jugaba al fútbol de un interno aquejado de epilepsia que, al parecer, no había tomado la medicación. A la protesta se sumó buena parte de los internos presentes en ese momento en el patio del centro —la cárcel de Ocaña tiene cerca de 450 presos―, algunos de los cuales comenzaron a quemar los contenedores y papeleras, lo que ha provocado una gran humareda que ha sido visible desde toda la localidad toledana. Durante la protesta, los internos profirieron gritos quejándose del trato que les dispensa uno de los miembros del equipo médico y de que no se les hayan facilitado mascarillas contra el coronavirus. La escasez de personal sanitario es uno de los problemas endémicos de las prisiones, ya que una tercera parte de las cerca de 500 plazas de médicos que existen en Prisiones está sin cubrir. Ellos son los responsables de cubrir el equivalente a la atención primaria de cerca de 50.800 reclusos.

Fuentes sindicales aseguran que, desde el inicio de la crisis del coronavirus, la tensión en las cárceles se ha incrementado a causa de la suspensión de las visitas de los familiares a los presos y de los permisos de salida para evitar la expansión de la enfermedad. Por un lado, estas medidas restrictivas han supuesto un descenso drástico del tráfico clandestino de drogas en el interior de las prisiones y el consiguiente incremento del precio de las mismas, ya que tanto las visitas como los permisos eran la principal vía de entrada del estupefaciente en prisión. Por otro, numerosos internos han dejado de recibir en las cuentas penitenciarias, el llamado peculio, el dinero que les ingresaba sus familias al desplazarse a los centros penitenciarios antes de que se suspendieran las visitas, lo que ha incrementado las deudas entre internos. Todo ello ha originado altercados y riñas entre presos, según coinciden en señalar fuentes jurídicas y trabajadores penitenciarios.

El sindicato mayoritario entre los funcionarios de prisiones, Acaip-UGT, emitió este jueves un comunicado en el que, tras alabar “la gran profesionalidad” de los trabajadores que pusieron fin al incidente en la cárcel de Ocaña I, pedía a Instituciones Penitenciarias que se tomaran medida disciplinarias contra los cabecillas del incidente. Por su parte, la CSIF reclamó la contratación inmediata de los 40 médicos prometidos ante la crisis del coronavirus y que se hagan los test para detectar contagios por la Covid-19 a los trabajadores en cuarentena para que puedan reincorporarse a sus puestos. Hasta el pasado miércoles, Instituciones Penitenciarias había confirmado la muerte por coronavirus de una reclusa y un funcionario, y el contagio de 21 presos y 185 trabajadores. Otros 810 trabajadores y unos 390 internos están en observación médica.

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