Un juez avala el internamiento forzoso de positivos por coronavirus

El Gobierno estudia la posibilidad de aislar en infraestructuras públicas y privadas, incluso de forma obligatoria, a los contagiados por coronavirus que no requieran hospitalización. Según aseguró el pasado fin de semana el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se analizarán “todas las opciones legales” en caso de que un ciudadano se niegue a ello: “Porque el principio fundamental es mantener la salud pública”, añadió al referirse a un camino que todavía está por explorar por parte del Ejecutivo. Eso sí, en esa línea se ha pronunciado ya un juzgado de Palencia, que ha decretado el internamiento forzoso en un hospital de un hombre que dio positivo y que solicitó la “inmediata alta voluntaria”.

El juzgado de Instrucción número 1 de Palencia, en una resolución hecha pública este lunes, basa su decisión en la Ley de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública de 1986, que permite a las autoridades sanitarias adoptar “las medidas oportunas para el control de los enfermos” en el caso de enfermedades transmisibles. “Podrán adoptar medidas de reconocimiento, tratamiento, hospitalización o control cuando se aprecien indicios racionales que permitan suponer la existencia de peligro para la salud de la población debido a la situación sanitaria concreta de una persona o un grupo de personas”, dice dicha normativa. El magistrado también recuerda que el Convenio Europeo de Derechos Humanos prevé que se pueda privar a alguien de su libertad “si se trata de una persona susceptible de propagar una enfermedad contagiosa”.

Esta medida judicial, que respalda el confinamiento obligatorio, se toma después de que el hospital Río Carrión de la ciudad castellanoleonesa alertase de que un paciente ingresado el 30 de marzo había dado positivo por coronavirus y, pese a ello, había solicitado “la inmediata alta voluntaria”. Los médicos advirtieron del peligro que eso representaba para la salud pública y manifestaron la “conveniencia” de que permaneciera ingresado, aunque fuera contra su voluntad. Una petición que respalda el instructor de la causa.

En su auto, donde se llega a ponderar el derecho fundamental a la libertad y el de la protección a la salud —ambos protegidos por la Constitución—, el juez concluye que España se encuentra en “una situación de emergencia sanitaria sin precedentes y que, además, excede el ámbito nacional”. Y, por tanto, permitir la salida del paciente “entrañaría un evidente y temerario riesgo de propagación”, que se puede evitar aplicando la ley de 1986. El paciente, con “síntomas evidentes”, tiene ahora cinco días para presentar alegaciones.

El Gobierno anunció el pasado fin de semana la posibilidad de crear los hospitales bautizados como “arcas de Noé”, que China usó para aislar enfermos leves e intentar así frenar el virus. “A veces no se puede hacer en los domicilios; se están poniendo encima de la mesa todo tipo de opciones y una sería algún tipo de instalaciones”, dijo María José Sierra, del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, añadió que estas infraestructuras de aislamiento estarían a disposición de los ciudadanos que las necesiten y que “deseen” recurrir a ellas, incluido los asintomáticos. Aunque Grande-Marlaska no descartó que los ingresos pudieran llegar a ser obligatorios: “Con exquisito respeto de los derechos fundamentales”.

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