Los partidos se abren a crear una comisión especial sobre el virus en el Congreso

El Congreso está en estado de alarma, con un funcionamiento de mínimos y con los grupos divididos por sectores ideológicos sobre si debería estar más activo. El Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos esgrime que sus miembros comparecen lo suficiente y destacan que esta semana pasarán por el Congreso el presidente y cuatro ministros. El PP reclama crear una comisión de seguimiento con reuniones semanales para dar cuenta de todo lo relacionado con el la crisis sanitaria. PSOE y Podemos estudian aceptarla.

Las exigencias del PP y de Vox nada tenían que ver hasta la noche de este pasado lunes con las de los grupos parlamentarios que sostienen al Gobierno. Todos los partidos convienen que, con el coronavirus en pleno auge y el país en estado de alarma, el Congreso y el control al Gobierno no pueden operar con las mismas funciones que en una situación de normalidad. Pero ahí se acababan las coincidencias. PP y Vox hablan directamente de unas Cortes “amordazadas” en su labor constitucional de vigilancia al poder ejecutivo.

El Gobierno esgrime que el presidente y otros dirigentes están ofreciendo explicaciones en el ámbito privado, uno a uno, a miembros de otros partidos, y sostiene que dentro de las actuales y excepcionales circunstancias el Parlamento sí está cumpliendo su papel. En el Congreso, a diario, ya no hay comisiones parlamentarias, porque no se convocan. Tampoco sesiones de control al Gobierno, aunque sí se presentan preguntas al Ejecutivo para ser respondidas por escrito. Este lunes se contestaron 200, según fuentes parlamentarias.

El presidente Pedro Sánchez pedirá este miércoles a la Cámara que vote la prórroga del decreto sobre el estado de alarma por un período de 15 días más, hasta la medianoche del 11 de abril. En ese mismo pleno, dos ministras defenderán decretos relacionados con la Covid-19. La vicepresidenta Nadia Calviño demandará el apoyo para las medidas económicas aprobadas por el Consejo de Ministros y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, defenderá la derogación del despido cuando un trabajador esté de baja. El jueves, en comisión, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, dará las explicaciones que tuvo que anular hace 10 días sobre la evolución de la epidemia.

Al PP le parecen bien esas presencias y refrendará la prolongación del estado de alarma, como resumió este lunes su líder, Pablo Casado, por “sentido de Estado y responsabilidad institucional”, pero anhela más. Reivindica una comisión específica de seguimiento del coronavirus en el Parlamento. Su portavoz en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, lo explica a EL PAÍS: “He insistido en las Juntas de Portavoces y lo seguiré haciendo todas las veces que haga falta, tiene que haber una comisión semanal sobre el coronavirus, presencial o telemática, porque no se entiende que pueda haber clases telemáticas y que el Congreso no sea capaz de establecer ese mecanismo”. Y razona esa demanda: “No tiene que ser una comisión de investigación, que algún día se planteará, ni sobre preguntas de trámite, tiene que ser para analizar la crisis en un Parlamento hábil, y no a través de ruedas de prensa; para ver qué se puede hacer, para escuchar y no solo para convalidar decretos. Para controlar al Ejecutivo y que nuestras cuestiones no caigan en saco roto”.

Álvarez de Toledo incide en que las Cortes no deben cerrarse ni en caso de guerras y menos aún ante estados de alarma: “El espíritu constitucional del artículo 116 va precisamente en ese sentido, cuanta más crisis y más alarma más control al Gobierno y no exactamente lo contrario”.

Fuentes de Unidas Podemos avanzaron finalmente en la noche de este lunes que los dos partidos que componen el Ejecutivo estudian aceptar esa comisión: “El riesgo de una comisión liderada por el PP es que no se use para luchar contra la epidemia y que los grupos parlamentarios puedan aportar ideas para ayudar en ese combate, sino como una comisión de investigación para atacar al Gobierno y sacar rédito político en el peor momento. Estamos estudiando con el grupo parlamentario socialista la posibilidad de presentar una verdadera Comisión de Seguimiento, que no sirva únicamente a los intereses de la oposición sino a los del conjunto del país”, explicó la formación de Iglesias.

PP y Vox denunciaron además la semana pasada que la presidenta de las Cortes, la socialista Meritxell Batet, y la mayoría progresista en la Mesa votasen una resolución con la que eliminaba los plazos reglamentarios para tramitar y contestar preguntas y otras iniciativas hasta que se levante el estado de alarma.

Vox llegó a acusar a la Mesa de paralizar y “silenciar” toda la actividad de la Cámara baja y en particular la función de control “excediendo sus poderes” y “vulnerando los artículos 66.2 y 116.5 de la Constitución”. El primero fija las competencias de las Cortes y el segundo que “su funcionamiento, así como el de los demás poderes constitucionales del Estado”, no podrá interrumpirse durante la vigencia de los estados de alarma, excepción o sitio. El grupo parlamentario del partido de Santiago Abascal llegó incluso a enviar una carta a la presidenta de la Unión Interparlamentaria internacional, la senadora mexicana Gabriela Cuevas, para denunciar lo que calificaban de “deriva totalitaria” del Gobierno de España en el Congreso.

Los aliados de investidura del Gobierno piden, más que un mayor control, alguna fórmula “imaginativa” de seguimiento de los grupos parlamentarios. Es lo que plantea el portavoz del PNV, Aitor Esteban: “Si queremos ser coherentes con los mensajes que enviamos a la población, de acuerdo con las recomendaciones de los expertos, la actividad parlamentaria obliga a traslados de los diputados y senadores por toda España”. En ERC, según fuentes de su grupo parlamentario, no contemplan ahora exigencias que no vayan en la dirección “del confinamiento y más recursos sanitarios”. JuntsxCat sí apoya una comisión telemática de seguimiento de la crisis y otros socios, como Joan Baldoví, de Compromís, apuestan sobre todo “por arrimar el hombro”.

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