Confinados en el ‘hotel piojos’

Lo llaman “Hotel Morri” porque “morr” significa piojo en albanés. Es un bloque a medio construir y abandonado en las afueras de Santander. Un grupo de unos 30 albaneses sobrevive allí sin electricidad ni agua corriente, a la espera de una oportunidad para colarse en algún barco que los transporte al Reino Unido. La única ayuda que recibían se la ofrecía Javier Soto, un jardinero que les abría su casa para que se ducharan de vez en cuando, hablaran con sus familias y se sintieran, aunque fuese unas horas, en un hogar. El pasado domingo, tras la declaración del estado de alarma, todo cambió. Soto, de 46 años, quiso continuar su labor, pero acabó multado.

Esa mañana acudió para darles jabón para las manos, un termómetro, un cubierto individual y alimentos, explica el vecino. Les prometió que por la tarde llevaría un depósito de mil litros de agua para que se asearan mínimamente. Todo pagado de su bolsillo o de colectas de familiares. Pero aparecieron dos patrullas de policía. “Me identificaron y me explicaron que no podía hacer eso”, recuerda Soto. “Me dijeron que iba a ser propuesto para sanción”.

De poco sirvió que el jardinero apelara al artículo 7 del decreto, que permite la asistencia a personas especialmente vulnerables. Según su versión, escuchó frases como estas: “Si les trae comida no se irán y tendremos esto siempre”. “Vendrán más, y hace falta que se vayan”. “Si no se lavan es porque son unos cerdos”. Fuentes policiales indican que “el hombre no atendió razones y se rebeló verbalmente contra los agentes, insistiendo en llevarles las provisiones, por lo que finalmente fue sancionado”. La conversación terminó de malos modos y amenazaron con multarlo si llevaba el agua por la tarde, asegura Javier Soto.

“Pero lo hablé con mi pareja, y acordamos hacerlo igualmente”, añade. Acudió bajo un diluvio. Y allí aguardaba la policía. Lo multaron con 400 euros, 200 por invadir una acera con su furgoneta y otros 200 por acceder a una zona no permitida. Un castigo muy riguroso, según él, porque el área donde se hallaba el vehículo se encuentra abandonada y pisar la acera era la única forma de llevar el depósito de agua a los chavales. “La actuación de la fuerza pública, con su potestad sancionadora, no puede estar dirigida, en una crisis sanitaria grave, a entorpecer la asistencia, dotar de agua, termómetro o alimentos”, se queja Javier Soto. “La policía democrática en la que creo no está para eso. Y es una pena, porque esta actuación ensucia la imagen de la policía”. El jardinero santanderino está indignado con la multa, que recurrirá y pagará. Pero no volverá de momento.

Varias redadas policiales han actuado en este inmueble, sucio y con abundante basura, pero sus habitantes, a falta de nada mejor, siguen allí instalados. Uno de ellos contó en febrero a EL PAÍS que llevaban un mes intentando, sin éxito, colarse como polizones en los barcos que parten para el Reino Unido. Los chicos aceptarían instalarse en un albergue, pero “formalmente nadie les ha ofrecido nada”, asegura el jardinero sancionado. “Que yo sepa no se han negado a nada”. Mientras tanto, asumen el aislamiento en el “hotel piojos”.

La Delegación plantea que vuelvan a su país

El jardinero sancionado, Javier Soto, denuncia que los inquilinos del Hotel Morri viven en condiciones infrahumanas desde hace meses. La delegación del Gobierno en Cantabria sostiene que ya ha trasladado el caso a la Cruz Roja y asegura que al grupo de albaneses les ha ofrecido acudir a albergues sociales. La Cruz Roja les llevó alimentos el pasado miércoles, e insiste en que lo hará en adelante. Un apoyo que Soto valora, pero considera insuficiente ante la situación de abandono del bloque de viviendas a medio construir: “No se ha hecho nada con ellos antes”.

Entre las medidas previstas por la Delegación está pedir a la Organización Internacional de Migraciones (OIM) que les facilite “el retorno voluntario a su país si así lo desean”, pero las fronteras de Albania están cerradas para personas procedentes de España. La sanción es para el jardinero un motivo más para denunciar la “inacción” de las autoridades ante la situación de los albaneses, cuya presencia es parte de la rutina del puerto de Santander desde hace meses, motivo de preocupación humanitaria para algunos vecinos y de seguridad para las autoridades.