Los Mossos (y Trapero) contra la Guardia Civil

Corría el 27 de septiembre de 2017. El 1-O aún era una incógnita. Y la juez Mercedes Armas reunía en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a los responsables de los tres cuerpos encargados de frenar el referéndum ilegal: Mossos, Guardia Civil y Policía Nacional. “Vino a decirles que el 1 de octubre sería difícil y que habría que actuar con paciencia, prudencia y contención”, desveló el pasado miércoles su secretario judicial. Lo hizo en la sala de la Audiencia Nacional que juzga desde enero pasado a la excúpula de la policía catalana por supuesta connivencia con el procés.

Era complicado que los tres términos que pronunció el letrado al otro lado de la pantalla —intervino por videoconferencia— pasaran inadvertidos en una vista oral que afronta su recta final para dirimir si, allí donde la Guardia Civil y Fiscalía ven una deliberada “pasividad” de los Mossos para permitir el procés, se produjo realmente una “cauta” intervención para evitar “encender una hoguera”, como repite el major Josep Lluís Trapero. Dos puntos de vista tan alejados como las penas que pide la acusación —hasta 11 años de cárcel por rebelión— y la libre absolución que solicitan las defensas. Y tan distantes como las versiones que, sobre los puntos clave, están dejando los testigos en función de si pertenecen al instituto armado o a la policía autonómica.

Pasividad. En las siete semanas que acumula ya el juicio, el testimonio más duro contra Trapero —convertido en el protagonista de la vista, aunque en el banquillo se sientan tres acusados más— ha llegado de la boca de Diego Pérez de los Cobos, coronel de la Guardia Civil y coordinador del dispositivo del 1-O: “Él estaba completamente alineado con los convocantes”, le acusó. “No hubo colaboración en ningún caso, sino obstruccionismo en alguno”, añadió, avalando la “pasividad” que la Fiscalía menciona hasta 17 veces en su escrito de acusación.

Un extremo negado por el major, pero también por los numerosos cargos de los Mossos que han pasado ya por la Audiencia y que han asegurado que se desplegaron todos los agentes disponibles el 1-O. “Lo que se activó ese día no se había activado antes y nunca después se volvió a activar. Se activaron unidades de policía científica, de tráfico, unidades de apoyo y de asuntos internos. Se activaron todas esas unidades... que no salen a la calle”, dijo esta semana el comisario jefe de Planificación.

El vínculo con Puigdemont. El teniente coronel de la Guardia Civil que instruyó la causa del 1-O, Daniel Baena, situó a Trapero en la cúpula secesionista e, incluso, aseguró que el entonces presidente Carles Puigdemont le felicitó en una “reunión secreta” por la actuación de los Mossos. “Creemos que el major estaba asesorando al comité estratégico del procés”, añadió otro agente del instituto armado.

Al otro lado, la versión de la policía catalana. “Nunca Trapero ni ningún otro mando mostró simpatía por el proceso político hacia la independencia”, relató, por ejemplo, Ferrán López, comisario de los Mossos y número dos del cuerpo durante el desafío separatista. “Si alguien conocía a Trapero sabía que debía abstenerse de hacerle cualquier sugerencia sobre el procés”, apuntó Albert Batlle, director de los Mossos entre 2014 y 2017.

Cerco a la conselleria. Uno de los episodios más analizados en el juicio ocurrió el 20 de septiembre de 2017, cuando unas 40.000 personas cercan la Consejería de Economía durante el registro de la comitiva judicial y la Guardia Civil. Según contó uno de los efectivos del instituto armado que acudió al edificio, a primera hora de la mañana pidió a la intendente Teresa Laplana —la responsable de los Mossos encargada del operativo de seguridad en el exterior y también acusada en este juicio— que les ayudara a retirar a la gente concentrada: “Pero ella nos dijo que no iba a hacer nada”.

Esta versión contrasta con la de la policía autonómica, que ha insistido en la vista en que no pudo reaccionar antes porque la Guardia Civil no les avisó con tiempo de la operación. De forma que, cuando llegaron, era “imposible” evitar el cerco, según dijo el jefe de recursos operativos del Área Metropolitana de Barcelona: “La gente ya había desbordado la zona. Intentar pasar por allí no solo implicaba usar muchos efectivos, sino la utilización intensiva de la fuerza”.

El papel de Sànchez. La Fiscalía, apoyada en informes de la Guardia Civil, asegura que los Mossos aceptaron las “condiciones impuestas” por Jordi Sànchez, entonces líder de la ANC, durante el registro de la conselleria para evitar así “poner fin al grave problema de orden público que se estaba produciendo”. Había supuestamente una connivencia entre el activista y el cuerpo autonómico.

Pero la policía catalana lo niega, como declaró en el juicio el inspector jefe de la Brigada Móvil (Brimo) que se desplazó hasta la zona aquel 20-S. Así narró su primer encuentro con Sànchez en la concentración: “Se comportó de forma prepotente, muy altiva...”. “Me exigió que sacásemos a la Brimo. Palabras textuales: ‘Esto no es lo que hemos acordado’. Pero yo le dije la orden que tenía y que iba a cumplirla. [Entonces], sacó el móvil diciendo que llamaría al president y al conseller de Interior. Hizo una llamada de teléfono a un metro de mí y dijo: ‘Trapero está loco. Ha perdido la cabeza”.

Seguimientos. El instituto armado también asegura que los mossos hicieron seguimientos a las fuerzas de seguridad del Estado durante el 1-O. Según uno de los agentes de la Guardia Civil que analizó las comunicaciones durante la instrucción, no solo se espió a los efectivos ubicados en puntos fijos, sino también a las unidades móviles y de paisano: “Fueron cantando cómo salíamos”, aseveró al declarar en la vista oral. Varios de los mossos encargados de las comunicaciones durante aquella jornada aseguraron este mismo jueves, en cambio, lo contrario: “No se dio ninguna pauta u orden en ese sentido”.