La rehabilitación de viviendas: una poderosa herramienta contra la pobreza energética

El derecho a la energía es un derecho humano. Sin embargo, poder pagar las facturas de la luz o mantener la temperatura a un nivel confortable dentro del hogar es un desafío para miles de personas en España. Quienes tienen que sufrir las noches frías en invierno o las elevadas temperaturas en verano, quienes deben renunciar al agua caliente sanitaria, quienes solo puede iluminar sus viviendas con la luz de unas velas son nuestros vecinos. La pobreza energética sigue siendo una realidad en nuestro país.

Más información

Las fronteras de Ulises

La voz ausente de la ciudadanía en la revolución digital

¿Por qué están fallando los sistemas alimentarios?

Aunque se trata de un problema muy complejo –relaciona aspectos sociales, como la pobreza y la exclusión social, con problemas ambientales y de política energética–, puede encontrar en la rehabilitación de viviendas una solución. De hecho, tal y como reconoce la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética, esta es una de las herramientas más efectivas para combatir esta situación, a la vez que contribuye a mejorar la salud de las personas y a reducir las emisiones de CO₂. Así lo recoge también la recientemente aprobada Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que incide en la necesidad de rehabilitar edificios habitados por personas en situación de vulnerabilidad.

A pesar de este enorme potencial, corremos el riesgo de que las familias con bajos ingresos queden excluidas de las ayudas a la renovación de viviendas anunciadas por el Gobierno en el marco de Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. No sería la primera vez. Pero vencer esas barreras requiere de fondos y mecanismos específicos para los colectivos más desfavorecidos.

En este contexto, hay que tener en cuenta que un porcentaje muy elevado de las familias en pobreza energética vive de alquiler. Por ello, es necesario establecer incentivos para fomentar que los propietarios que no sufren el problema rehabiliten las viviendas. A ello hay que añadir salvaguardas para evitar subidas de alquiler y asegurar el mantenimiento del contrato a los inquilinos con bajos ingresos.

Otro aspecto a valorar es la cuantía de las ayudas, que debe llegar al 100% de la obra no solo para la regeneración de barrios enteros con perfiles de exclusión social, como ha anunciado el Gobierno, sino también para actuaciones en viviendas individuales de familias vulnerables dispersas en diferentes zonas de las ciudades. Además, estas ayudas deben otorgarse antes de realizar la obra, ya que las personas vulnerables no tienen capacidad para hacer frente la inversión inicial.

Por otro lado, en un país con climas suaves, el ahorro energético no puede ser el único indicador para decidir la cuantía de la ayuda. Los estudios realizados por el Observatorio Ciudad 3R muestran que solo unas pocas de las actuaciones de rehabilitación realizadas con financiación pública estatal destinadas a la mejora de la eficiencia energética lograron unos ahorros por encima del 50%. Esto se acentúa, más si cabe, para las familias en pobreza energética, que no encienden los sistemas de calefacción o refrigeración y parten de un consumo muy bajo. En estos casos, la obra no supondrá un gran ahorro, pero sí una importante mejora en el confort de sus viviendas. Este debe ser también uno de los indicadores para valorar las ayudas a estos colectivos.

Otra de las barreras es la falta de conocimiento. Para solventarla, el programa debería destinar recursos para crear oficinas que informen y acompañen a las personas vulnerables en la identificación de las actuaciones a realizar, su implementación y la tramitación de las ayudas. Es recomendable que estén atendidas por agentes sociales cercanas a estos colectivos, que gocen de su confianza y conozcan su realidad (organizaciones de consumidores, comunidades energéticas, ONG sociales, Ayuntamientos).

El Gobierno prevé que empresas constructoras, energéticas o bancos gestionen los proyectos. En los casos en los que las ayudas estatales no alcancen la totalidad, las compañías energéticas, por ejemplo, podrían financiar la parte no subvencionada mediante los ahorros que se conseguirán en la factura de energía. Esta fórmula no es adecuada para las familias vulnerables dado que, como se ha mencionado, en muchas ocasiones la obra no supondrá un ahorro sino una mejora del confort. En estos casos, las ayudas estatales deberían ser del 100% y estar canalizadas a través de entidades municipales o sociales más próximos a estos colectivos.

El plan contempla, además, una partida para rehabilitación de edificios de titularidad pública. Ello puede ser una oportunidad para que comunidades autónomas y ayuntamientos prioricen la mejora de los edificios de vivienda social de su titularidad destinados a colectivos con bajos ingresos, frente a la reforma de edificios administrativos.

Asimismo, es necesario que el plan se acompañe de una reforma fiscal para que las ayudas a la rehabilitación no computen como ingresos en la declaración de la renta de colectivo desfavorecidos, ya que puede suponer la pérdida otras ayudas.

La rehabilitación profunda debe de ser una prioridad, pero también se deben contemplar acciones de bajo coste para viviendas individuales, como se recoge en la ya citada Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética. Ello permitiría poder paliar la situación de familias que no logran poner de acuerdo a todos los vecinos del bloque para acometer una reforma integral.

Hogares poco eficientes, en los que se pasa frío o calor, en los que los niños no tienen acceso a una energía que garantice su educación, su salud o la de sus abuelos deben ser cosa del pasado. La rehabilitación de viviendas es una oportunidad para mejorar la vida de millones de españoles a la vez que se reducen las emisiones de CO₂_, pero es necesario que el Plan de Recuperación, Resiliencia y Trasformación recoja un programa con medidas y fondos destinados a no dejar a nadie atrás.

Cecilia Foronda Diez es directora de Energía y Personas de ECODES.