Mandad abogados a la frontera Sur
En ciudades como Melilla o Ceuta, de frontera, pequeñas y con una administración tan clientelar como amenazante, el apoyo legal a los migrantes es justicia social
Escribo este llamado tras pasar cinco semanas de voluntario en Melilla con Prodein y Geum Dudou, organizaciones que trabajan con migrantes, solicitantes de asilo, menores y chavales extutelados. He conocido el buen trabajo de calle de Save the Children, al muy comprometido equipo de ACNUR y al Servicio Jesuita a Migrantes, de las pocas organizaciones cuya prioridad es lo jurídico frente a las injusticias que se cometen en este lugar. He escuchado y leído sobre otras ONG.
No he realizado un análisis profundo de la actividad de las organizaciones sociales en la ciudad. Estoy seguro de que trabajan bien en este espacio tan retador. Sin embargo, hay dos conclusiones que saco de mi tiempo en Melilla y que intuyo son extrapolables a otros lugares como Ceuta y Canarias.
La primera es que se necesita más activismo político frente a las vulneraciones de las convenciones internacionales y de la legislación española. Melilla es un lugar donde la Constitución se diluye como un puñado de arena en su mar. Si uno se acerca a una situación concreta se encuentra con una injusticia. Cuando se conocen varias, se percibe un sistema de opresión y exclusión perfectamente construido, mantenido por los poderes de la ciudad y respaldado por el Gobierno de España, sea cual sea su signo.
Sé que aquí están algunas organizaciones y activistas que no callan, por más que decirle la verdad al poder tenga consecuencias para ellas. Son extraordinarias. Dicho esto, son pocas cuando es indispensable más atención mediática e internacional, y para ello es central el trabajo de influencia política que requiere de una independencia suficiente del poder al que se cuestiona. Considero que la dependencia de algunas organizaciones de fondos del gobierno, o de la Ciudad Autónoma, es un lastre a la hora de desplegar estrategias de presión ciudadana. Si este es un asunto siempre sensible para las organizaciones, lo es más en una ciudad de frontera, pequeña y con una administración tan clientelar como amenazante.
La segunda, estrechamente relacionada con lo anterior, es la necesidad de que haya más presencia de abogados y abogadas en estas fronteras, laboratorios de opresión.
Los migrantes y solicitantes de asilo necesitan sentirse acogidos, conocer los básicos del español, espacios para compartir y relajarse, asistencia sanitaria y más. Dicho esto, lo que más necesitan son abogados que les ayuden en su entrevista de asilo y que garanticen su derecho a la libre circulación. Especialistas que defiendan sus derechos frente a las devoluciones y destraben sus estancias, a veces de años, en el CETI.
Los menores tutelados que cumplieron 18 y se les sacó de los centros, sin alternativas más que la calle, la trata o subirse a los bajos de un camión poniendo en juego su vida, necesitan afecto, bocadillos, duchas y crema para la sarna. Pero, sobre todo, necesitan juristas que les acompañen en el proceloso mundo de una administración y una justicia confabuladas en su contra.
Melilla es un lugar donde la Constitución se diluye como un puñado de arena en su mar. Si uno se acerca a una situación concreta se encuentra con una injusticia.
Las familias residentes en Melilla por décadas, sin padrón ni tarjeta de residencia, con hijos nacidos aquí a los que no se quiere escolarizar –situación inaceptable e insólita en cualquier otro lugar de España– necesitan que se les escuche y ayude, que se presione en Melilla y sobre todo en Madrid. Pero por ahora, y mientras Madrid permite esta barbaridad, necesitan defensores que agarren sus casos de principio a fin, que les acompañen a los trámites donde a veces ni se les deja entrar, que hagan sentir a los injustos que estas madres no están solas frente a la injusticia.
¿Se puede ayudar desde fuera de Melilla? Por supuesto, mucho y bien. Como lo hace la Asociación de Abogados Extranjeristas, las abogadas vinculadas a San Carlos Borromeo, el propio SJM con parte de su equipo en la distancia. ¿Ayuda que un grupo de asesores jurídicos se venga un mes a la ciudad a empujar? Por supuesto, como lo hicieron desde la Fundación Profesor Uría o a través de prácticas desde la Universidad de Comillas.
Dicho esto, entre el centenar de personas que trabajan en lo social desde ONG y órdenes religiosas, no creo que haya más de dos o tres licenciados en Derecho ejercientes. Y se necesitan más, que se queden aquí un tiempo o que roten, pero que siempre haya un grupo activo y accesible, dispuesto a fajarse y bien coordinado con las de fuera de Melilla. Puede ser gente joven bien formada, expertos extranjeristas o tal vez podrían ser los mayores, que aquí tendrían la mejor oportunidad de volcar su experiencia en causas de absoluta justicia, tan indispensables como desafiantes. El caso es que las organizaciones prioricen esta línea.
Por los chavales, niñas sin colegio, migrantes. Por Marwan, Nur y Koniba. Y también para tratar de abrir una grieta, así sea minúscula, en este sistema cuasi perfecto, elástico, que ante cualquier intento de debilitarlo reacciona con nuevas trabas y formas más sutiles o brutales de exclusión.
Lo sabemos. La justicia social se juega hoy en muchos lugares, pero siempre, siempre, se juega en las fronteras.
Muchas gracias por acogerme Marisa, Maite, Regina, Badria, Lupe, Jose. Sois lo más. No me iré.
