“No salimos de la guerra para vivir en una prisión”

El pasado 28 de mayo, Lilan (nombre ficticio) esperaba con sus bártulos preparados y sus hijos engalanados para embarcar junto con más de 130 personas en un ferri de Melilla a Málaga. Llevaba desde febrero, cuando ingresó en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), ansiando el traslado desde la ciudad autónoma a la Península. Cuando hacía cola, tomaron la temperatura al niño. “Tenía fiebre y no nos dejaron embarcar”, cuenta esta madre kurdo-siria de 31 años. “Desde entonces no ha habido otra salida”. Lilan vio desvanecerse su oportunidad por unas décimas.

Más de 1.300 personas conviven en el CETI de Melilla, un centro gestionado por la Secretaría de Estado para las Migraciones que no pertenece a la red de refugio y asilo y cuyas instalaciones están preparadas para albergar a 782 residentes. La situación se ha hecho insostenible en el interior, donde migrantes y solicitantes de asilo permanecen hacinados tras el bloqueo del Ministerio de Interior a los traslados periódicos a la Península que servían para rebajar la saturación del centro.

“Estamos hartos de estar aquí, la convivencia es muy complicada”, protesta Lilan. La aparición de un brote de covid-19 en el CETI a mediados de agosto puso en evidencia lo precario de la situación. El Gobierno de la ciudad solicitó al menos dos veces el confinamiento de los residentes, pero en ambas ocasiones la justicia tumbó el cierre. Tras confirmarse al menos 25 positivos y unos 350 contactos estrechos, la administración local plantea ahora confinar a grupos de migrantes y desplazar a los sospechosos a instalaciones improvisadas en equipamientos deportivos.

Al parón en los traslados y el agravamiento de la situación epidemiológica se une una burocracia extenuante y zanguanga. Según Josep Buades, responsable jurídico del Servicio Jesuita a Migrantes, muchas de las personas que han entrado en la ciudad en los últimos meses se encuentran con que no pueden culminar algunos trámites porque no se ha gestionado a tiempo el papeleo.

“No aguanto más aquí”, zanja Zainab, también siria. Su nombre ha sido incluido en la lista de traslados hasta cuatro veces (durante el estado de alarma se abortaron dos traslados ya programados) y las cuatro se han caído de la lista porque su bebé, de cinco meses, nacido en Melilla durante el estado de alarma, no está registrado. “En el registro [civil] me dicen que lo tienen que gestionar desde el CETI; en el CETI, que vaya al registro. Llevamos aquí ocho meses”, dice Zainab, que perdió a otros dos hijos en Siria.

Con una población de 86.000 habitantes, Melilla acoge a casi 2.000 migrantes y solicitantes de asilo, además de a unos 500 marroquíes atrapados en la ciudad desde que Marruecos bloquease los pasos fronterizos el 13 de marzo. Durante la desescalada, la Secretaría de Estado de Migraciones decidió cerrar el CETI a nuevos ingresos ante la saturación de las instalaciones. El Gobierno local habilitó también la plaza de toros, donde se ha acogido también a migrantes y solicitantes de asilo y que alberga, actualmente, a más de 450 personas

Pese a que las llegadas se han reducido en un 55,7% con respecto al año anterior (1.243 personas entraron en Melilla entre enero y septiembre, frente a 2.806 en 2019), la ciudad registra la mayor presión de los últimos cinco años debido a la imposibilidad de hacer efectivas las devoluciones o repatriaciones de personas a Marruecos o a sus países de origen.

El PP local, en la oposición, ya ha pedido que no se faciliten más espacios de acogida porque “Melilla no tiene capacidad sanitaria, ni física ni moral”. La respuesta llega después de que el presidente, Eduardo de Castro (Cs), haya presentado a la Delegación del Gobierno dos espacios al aire libre que podrían acondicionarse como centros covid-19 en los que aislar los casos sospechosos. Tanto los trabajadores del centro como el Colegio Oficial de Médicos de la ciudad han publicado sendas llamadas de auxilio ante la “situación epidemiológica inaceptable”.

“Salimos de la guerra para vivir mejor, no para vivir en una prisión”, clama Lilan, que escapó de Kobani en 2015. Y añade: “Yo no tengo miedo al coronavirus, me da igual que me encierren, a mí me afecta más por los niños”.