La justicia vuelve a denegar el confinamiento en el CETI de Melilla

Un segundo juez ha vuelto a denegar la orden de confinamiento del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla que había solicitado el Ejecutivo local como medida para contener la transmisión de la covid-19 en el centro, que se encuentra saturado con casi 1.400 residentes en unas instalaciones preparadas para acoger a 782 personas. En solo un día se ha duplicado el número de casos positivos detectados: ascienden ahora a ocho, según ha confirmado el consejero de Economía y Políticas Sociales, con competencia en Salud Pública, que ha anunciado también la reapertura del CETI después de cinco días de cuarentena. Un total de 193 personas, entre migrantes y trabajadores del centro, son consideradas sospechosas de estar infectadas por covid y están en observación.

En este caso, el juez considera que la medida no es proporcional a la amenaza de contagio entre la población general. “El número de casos confirmados [cuatro de los ocho positivos se encuentran aislados fuera del CETI] es del 0,5% del colectivo”, recoge el auto, “los informes [que justifican el cierre] son genéricos y se basan en la sospecha de un brote descontrolado con transmisión comunitaria”. “La mera sospecha no es suficiente”, concluye.

El Gobierno de Melilla publicó este miércoles una segunda orden de cierre del CETI, en la que proponía un confinamiento provisional de 14 días, después de que una primera jueza tumbase la orden original publicada el viernes en el Boletín Oficial de la ciudad (BOME). Desde ese momento, se procedió al cierre del centro, a la espera de ratificación judicial que, finalmente, fue denegada. En la misma orden, el Ejecutivo anunciaba el cierre de dos centros de acogida de menores migrantes y una de las alas de la Plaza de Toros, donde conviven 450 personas entre marroquíes atrapados en la ciudad por el cierre fronterizo, migrantes a los que el Gobierno no puede repatriar y solicitantes de asilo. También se incluía el confinamiento en una residencia de mayores y en el centro de reforma. Solo se ha vuelto a solicitar el cierre del CETI.

En su argumentación, el Gobierno melillense apuntaba al hacinamiento y la sobreocupación del centro como claves que dificultan la contención del brote detectado y que impiden mantener las medidas de seguridad e higiene. El juez, sin embargo, considera que estas no son cuestiones sanitarias y apunta al Gobierno central como administración responsable de solucionar la situación, en línea con la argumentación del auto anterior en el que la juez abría la vía de los traslados a la Península por parte del Ministerio de Interior como alternativa para descongestionar el centro.

Este mismo miércoles, la delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, anunció un próximo traslado de unas 80 personas a recursos en la Península, después meses de bloqueo que han generado en la ciudad autónoma una “situación límite” según reconocía el propio presidente, Eduardo de Castro (Cs). Ninguno de los reubicados saldrá del CETI, reconoció Moh, pese a las demandas reiteradas que se han hecho desde organizaciones como el Defensor del Pueblo o Amnistía Internacional y a la preocupación de las autoridades locales.