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Coordinado por Gonzalo Fanjul y Patricia Páez

Lo que no se ve (y merece la pena) de la polémica comisión del Congreso contra el coronavirus

En apenas dos semanas se han tocado cuestiones que van de la renta básica a los ODS y han surgido notables propuestas para los colectivos más vulnerables

Pablo Iglesias ante la Comisión de Reconstrucción Social y Económica el pasado 28 de mayo
Pablo Iglesias ante la Comisión de Reconstrucción Social y Económica el pasado 28 de mayoSebastián Mariscal (EFE)

¿Se acuerdan del rifirrafe entre Pablo Iglesias e Iván Espinosa de los Monteros? Fue el pasado 28 de mayo en la denominada Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso, lo más parecido que ha pergeñado últimamente la clase política a los Pactos de la Moncloa para superar la crisis del coronavirus.

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Aquel enganchón entre el portavoz de Vox y el vicepresidente del Gobierno (Iglesias acusó al partido de querer, pero no atreverse a dar un golpe de Estado y Espinosa de los Monteros reaccionó con aspavientos largándose de la sala) centró la atención mediática. Y sin embargo en esa misma sesión, al igual que en otros grupos de trabajo de la comisión parlamentaria, han surgido notables propuestas para que los colectivos más vulnerables —los migrantes, las mujeres, los pobres, etcétera— no se queden atrás durante la recuperación post covid-19.

En apenas dos semanas se han tocado cuestiones que van de la renta básica a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Iglesias habló de un Impuesto para las fortunas, pero también de reconocer constitucionalmente los cuidados y blindar en la Carta Magna los derechos de las cuidadoras. La vicepresidenta económica Nadia Calviño a continuación asumió que había que hacer más “eficaz” el sistema de prestaciones a los grupos más necesitados y reclamó un pacto a diferentes niveles, desde la transición ecológica hasta los servicios públicos.

No se quedó ahí la cosa: según hemos constatado en la plataforma tecnológica de vigilancia ciudadana Political Watch, excepto Vox y PP, todos los grupos políticos han traído propuestas sobre la mesa, aparcando las peleas que luego dan clics en Twitter. La muy activa Sara Giménez (Ciudadanos), reconocida abogada en la lucha por la integración del pueblo gitano, ha insistido en medidas contra la pobreza estructural y en rebajar los impuestos directos al denominado Tercer Sector, tan necesario en tiempos de pandemia; Gabriel Rufián (ERC) ha solicitado “parar el reloj” del paro, esto es, no contabilizar el cobro de la prestación durante el decreto de alarma; e Inés Sabanés (Más País) reivindica un Plan Industrial con tintes ecológicos para salir de esta.

Pero más importantes que las opiniones de los grupos políticos están siendo estos días las de algunos expertos invitados a los grupos de trabajo, que se dividen en cuatro áreas: reactivación económica, Unión Europea, sanidad y políticas de cuidados. El 2 de junio, Carlos Susías, de la Red Europea contra la Pobreza, recordaba que “casi la mitad de las familias monoparentales está en riesgo de exclusión” y que “más del 30% de las personas en situación de pobreza tienen empleo” en España.

(...) al igual que en otros grupos de trabajo de la comisión parlamentaria, han surgido notables propuestas para que los colectivos más vulnerables —los migrantes, las mujeres, los pobres, etcétera— no se queden atrás durante la recuperación post covid-19.

Hubo más: un lance memorable entre Paloma Favieres, de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), y la diputada de Vox por Almería Rocío de Meer. De Meer asumió que el Ingreso Mínimo Vital ya estaba provocando un “efecto llamada en el norte de África” y puso como prueba un vídeo con letras árabes que circula por las redes. Favieres la respondió que para cobrar la renta mínima hay que residir un año legalmente en España, por muchos vídeos que señale Vox.

Laura Contreras, de Intermón Oxfam, destacó los casos de personas en situación de “semi-esclavitud”, muchos de los cuales han aflorado en el campo español en las últimas semanas. Y Natalia Peiro, de Cáritas, exigió el cierre de los CIE. “La Ley de Extranjería contempla alternativas, hay que usarlas”.

La Comisión va a continuar a lo largo de casi dos meses. Las sesiones se emiten en línea en la web del Congreso, y a veces hasta en YouTube. Por primera vez en la historia la Cámara Baja ha habilitado un buzón ciudadano (comisionRSE@congreso.es) y en Political Watch creemos que deben hacerse públicos los documentos de trabajo: así se lo hemos pedido al presidente de la comisión, Patxi López.

En serio: lo que no se ve de la Comisión de Reconstrucción Social y Económica está mereciendo muchísimo la pena.

Pablo García es periodista de Political Watch, una plataforma que desarrolla tecnologías cívicas que facilitan el acceso a la información, la vigilancia ciudadana y la rendición de cuentas para promover el diseño de políticas públicas más justas y sostenibles.

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