El imprescindible pacto europeo

La dimensión sanitaria, económica, laboral y social de la pandemia del coronavirus hace imprescindible que los poderes públicos nacionales y las instituciones europeas e internacionales adopten medidas extraordinarias y coordinadas entre sí.

En primer lugar, en el ámbito sanitario, para vencer al virus con el menor coste posible en vidas humanas y prevenir que una posible segunda oleada de la Covid-19 vuelva a encontrarnos con una preparación insuficiente.

En segundo lugar, de carácter socioeconómico y laboral. Las medidas que ha venido aprobando el Gobierno tras decretar el estado de alarma se dirigen a proporcionar liquidez a las empresas, mantener los empleos asalariados a través de los ERTE y ayudar a los autónomos. Van en buena línea, pero no son suficientes y deben reforzarse.

Pero lo que falta es diseñar un plan de recuperación y reconstrucción de la economía española que va a sufrir una recesión más profunda en el corto plazo que la vivida tras 2008. Tiene que ser muy contundente para reducir la duración de la recesión y debe contener líneas de inversión, fortalecimiento de servicios públicos, readaptación de las medidas de protección social, reestructuración de sectores, apoyo financiero a pymes y autónomos, etcétera.

¿Cómo ponerlo en marcha? Lo ideal sería mediante un amplio acuerdo de las principales fuerzas políticas y sociales. El presidente ha propuesto unos nuevos Pactos de la Moncloa. El nombre es lo de menos, aunque conviene tener en cuenta algunas consideraciones.

La primera puede parecer formal, pero no es menor. Los Pactos de la Moncloa fueron unos acuerdos políticos, que comprometieron en su ejecución a los agentes sociales, particularmente sindicatos, pero sin una intervención previa en su diseño. En la actual situación, CC OO deja clara su autonomía y advierte que, si se busca un pacto social, se debe contar con el sindicato en su elaboración y no solo en la ejecución de las medidas que pudieran impulsarse desde el ámbito político.

En segundo lugar, en 1977 el objetivo político dominante era asegurar la transición de la dictadura a la democracia, legitimar un proceso político. Ahora no estamos en esa. De hecho, es el Gobierno quien debe liderar este acuerdo político y social.

En tercer lugar, entonces había que combatir una inflación del 27%. Teníamos un sistema fiscal raquítico y un deficiente sistema de protección social, ridículamente financiado en pensiones, desempleo, enseñanza o sanidad. Hoy, al contrario, nos enfrentamos al riesgo de deflación; tenemos un sistema fiscal modernizado, pero de escasa recaudación comparada; la necesidad del debate resolutivo sobre la dotación de recursos suficientes al sistema de protección social, así como el análisis riguroso sobre la construcción del último pilar del Estado de bienestar, en buena parte, con fórmulas concertadas o privatizadas.

El gran problema del plan es su financiación. Requiere grandes cantidades de dinero cuando se va a producir una caída muy fuerte de los ingresos del Estado. De partida, nuestra contribución fiscal es siete puntos del PIB inferior a la media europea. Tenemos margen fiscal que habrá que explorar en el medio plazo —en el epicentro de la crisis hay que actuar con cuidado—. Hay que pensar que la recesión podría producir un déficit de entre el 11% y el 15% del PIB. España no está en condiciones de financiarlo solo con su propia capacidad de endeudamiento a tipos de interés sostenibles.

Aquí es donde la UE no tiene más remedio que demostrar que existe, no sólo con la política monetaria del BCE, sino con una potente iniciativa fiscal común. El BCE ha asegurado liquidez al sistema financiero ampliando en 750.000 millones sus programas de compra de deuda. La Comisión cuenta con un exiguo plan de inversiones de 37.000 millones de euros. Se han suspendido temporalmente las cláusulas de déficit y deuda del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Está pendiente de aprobación el programa Sure, dotado con 100.000 millones de euros.

Pero el problema vuelve a estar en la posición estrecha e insolidaria de algunos Gobiernos: Alemania, Holanda, Austria… algunos de los principales beneficiarios de la existencia del euro y, en el caso holandés, un paraíso fiscal en el centro de la Unión.

La unión fiscal es más necesaria que nunca. Uno de sus instrumentos, la capacidad para emitir deuda común, tiene que anticiparse ya. Es imprescindible para financiar un gran plan de choque europeo contra la crisis que debería sumar entre 1 y 1,2 billones de euros, financiado por un presupuesto extraordinario de la UE, a través de eurobonos o cualquier otra fórmula de deuda mutualizada y por el Banco Europeo de Inversiones.

Ni la actitud política de algunos Gobiernos en la UE, ni en España quienes juegan más la baza de debilitar al Gobierno que de fortalecer al país, infunden optimismo. En todo caso, es obligatorio intentarlo.

Es lo menos que merecen los millones de trabajadores y trabajadoras de los servicios e industrias esenciales, además de los que hoy están cerrados y a los que echamos tanto en falta. Hay que salir de esta trágica crisis conscientes de que la principal fuerza creadora del valor en nuestra sociedad es el trabajo.

Unai Sordo es secretario general de CCOO.