Zona gris

El próximo pleno del Congreso de los Diputados para conceder la nueva prórroga del estado de alarma solicitada por el Ejecutivo sería la ocasión idónea para que el Poder Legislativo recupere la plenitud de sus funciones, respetando las cautelas necesarias para evitar la propagación del coronavirus. El objetivo de establecer un espacio público de confianza desde el que abordar el siguiente capítulo en la contención de la pandemia y en la minimización de sus efectos no puede llevarse a cabo con instituciones cerradas, y el Parlamento menos que ninguna otra. Por razones institucionales, sin duda. Pero, también, por motivos de eficacia.

Confundir el control al Gobierno con la descalificación, e, incluso, con la obstrucción de sus acciones, ha sido una de las principales disfunciones del sistema democrático español, provocada por la estrategia de la crispación. A estas alturas, la lección debería estar aprendida por parte de todos, y, en gran medida, este podría ser el caso. La actitud de Ciudadanos y su nueva presidenta, Inés Arrimadas, poco tiene que ver con la mantenida hasta la declaración del estado de alarma, situándose entre las primeras fuerzas políticas en solicitar algunas de las medidas finalmente adoptadas por el Gobierno. El papel del Partido Popular ha sido más fluctuante, intentando compatibilizar una retórica a todas luces excesiva, y manifiestamente inoportuna en las actuales circunstancias, con el respaldo al Gobierno en los asuntos decisivos.

Es esta comprensión cada vez más manifiesta de la función que corresponde a la oposición democrática en situaciones de excepcionalidad la que deja en evidencia a la ultraderecha. Sus portavoces persisten día tras día en el intento de sembrar el pánico entre los ciudadanos para, a continuación, exigir dimisiones, desde el presidente del Gobierno y los ministros hasta los funcionarios encargados de las emergencias sanitarias, decapitando al Estado en plena alarma. Y por lo que respecta a las fuerzas independentistas que representa Quim Torra, su desprecio de la lógica política no se limita ya a pedir medidas más estrictas y a la vez abstenerse de facilitar al Gobierno el instrumento jurídico que las haría posibles. Ahora, además, rechazan aislamientos territoriales que antes reclamaron y solicitan a escondidas la asistencia de organismos que, como la UME, consideraban aparatos de un Estado incompetente, malintencionado y hasta enemigo.

Las razones institucionales exigen que, pese a la alarma, el Gobierno no se sustraiga al control tanto del Congreso de los Diputados como de los medios de comunicación. La situación que vive el país es inédita, y cada una de las decisiones que se adopten en estos momentos está fatalmente condenada a convertirse en un precedente que perfilará el funcionamiento del sistema en los casos semejantes que se puedan presentar en el futuro. Se trata de una responsabilidad añadida, que, sin embargo, no puede ocultar las inmediatas. Sobre todo porque sería ahora el Gobierno el que entraría en una inaceptable zona gris. Si el Congreso permanece cerrado y el único control posible es el que ejercen los medios, no es razonable reservarse la selección de preguntas, como ha sucedido durante estas semanas. Los periodistas acreditados en La Moncloa deben poder preguntar sin intermediario. La comunicación no debería sustituir a la política en ningún tiempo, pero menos en tiempos excepcionales. Porque, si lo hace, son alarmas nuevas las que deben declararse.