A medio camino

Las enormes expectativas continentales para contrarrestar la incipiente pero acelerada crisis económica del coronavirus están hoy depositadas en el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE). Eso es así porque la voluntad de actuación unitaria y coordinada de todas las instituciones europeas (y de ahí para abajo, nacionales, regionales y locales) ha prendido como un imperativo categórico: responde a la evidencia de que la epidemia ya es pandemia —traspasa todas las fronteras— e interrumpe una estabilidad económica que solo es posible reconducir mediante la acción mancomunada. La secuencia de aportaciones del Ecofin, la Comisión y el Consejo Europeo, que hoy continuará en Fráncfort, amén de los paquetes de reacción de distintos Estados miembros, así lo subraya. Y eso no es poco.

Pero al mismo tiempo este exceso de esperanzas focalizadas en el BCE viene a subrayar que, en ausencia de su varita mágica, las medidas arbitradas hasta hoy son vergonzosamente insuficientes, que alguna esconde una arquitectura engañosa, y que, de no acelerarse la reacción, la UE corre un grave riesgo: la de repetir la lenta, tardía y alicorta reacción estratégica que adoptó poco después del inicio de la Gran Recesión de 2008, y sobre todo tras la recaída de 2011 al generarse la crisis de la deuda soberana y ocasionar la infausta política de austeridad excesiva.

Dos de las medidas ya adoptadas merecen especial crítica, no por un presunto exceso sino por su evidente defecto. Una, la flexibilidad de las exigencias de rigor presupuestario (límites al déficit y deuda de los Estados miembros) ante circunstancias adversas “excepcionales y temporales” no constituye ninguna novedad. Está inscrita en el propio texto del Pacto de Estabilidad, desde que se acordó en 1997. De modo que lo que se vende oficialmente con énfasis rimbombante y ridículo, no es más que la aplicación obvia y automática de lo allí previsto: ante una crisis sorpresiva, tolerancia con el gasto adicional y con el aumento imprevisto del déficit público.

Los gobernantes no deben tratar a los ciudadanos como a criaturas ignorantes. Si definitivamente asumen la urgencia de una política fiscal expansiva que suture los descosidos de una eventual recesión, no basta con la tolerancia reglada. Se necesitan ingentes recursos presupuestarios, a todos los niveles administrativos. Sin catastrofismo, sino al compás de lo que requiera la coyuntura.

La segunda medida, el presunto paquete de inversiones de 7.500 millones de euros inmediatos (y de hasta 25.000) procedentes del presupuesto, no llega siquiera a buen augurio. Fue anunciado a última hora del martes y concretado en sus detalles menos encomiables ya entrada la noche, lo que ayudó a enmascarar su cicatería y a levantar expectativas de una copiosa inversión nueva.

Pero no es así. No se trata de dinero nuevo, sino del recauchutado de restos presupuestarios no ejecutados —devoluciones pendientes de las capitales a Bruselas a cuenta de su prefinanciación de fondos estructurales, que ahora se perdona— a los fines más urgentes. El trasvase de partidas no aumenta en principio el conjunto de la inversión. Carece pues del indispensable efecto anticíclico; de la dimensión imprescindible (para verificarlo, divídase la cifra entre 27), y del necesario carácter potencialmente ilimitado del cortafuegos. Con ingenierías financieras ingeniosas se salvan baches menores, no un escenario económico crecientemente muy peligroso.