El 8-M latinoamericano

Los millones de mujeres que salieron a las calles el 8-M en América Latina tenían un mensaje claro: no más violencia, derechos humanos universales e igualdad de oportunidades. Las multitudinarias manifestaciones no han tenido solo un carácter conmemorativo o solidario con una causa, sino que han estado salpicadas por un componente político: un firme llamamiento a los palacios de gobierno y de justicia, considerados responsables de las estremecedoras cifras de violencia y feminicidios que sacuden el continente.

Este día de marzo, también festivo y de marchas eminentemente pacíficas, fueron asesinadas entre ocho y diez mujeres en México, un fatídico promedio de crímenes de género que se da en países como México, Perú, Bolivia o Brasil desde hace décadas. Esta violencia no puede relacionarse solo con la pobreza ni con las muertes de toda clase que ensombrecen la vida cotidiana en esa zona del planeta. Los abusos, golpes y asesinatos de mujeres tienen otra génesis, diseccionada ya en todo el mundo, que requiere recetas específicas para paliarla. Medidas que han de atravesar cada uno de los departamentos de Gobierno; leyes que antes de ser promulgadas deben interrogarse por su alcance e influencia en esa parte específica de la población. No ayudan declaraciones como las escuchadas en los últimos días al presidente de Chile, responsabilizando a las mujeres de sufrir abusos; al de Venezuela, que las mandaba a tener hijos por decenas, o al de México, que trataba de desviar el mensaje hacia asuntos menores.

Los gobernantes tienen, sobre todo, mucho que hacer en este campo, pero también mucho que decir. Sus palabras están obligadas a tener valor pedagógico. Leyes y declaraciones públicas han de ayudar en el camino de la igualdad y de la erradicación de esa violencia infame. Si en una manifestación histórica como ha sido este año la del 8-M mexicano las mujeres gritaban “el Estado no me cuida, me cuidan mis amigas”, significa que la mitad de la población de ese gran país siente que está desprotegida, que la policía es más un obstáculo que un escudo ante los peligros y que la justicia no castiga al delincuente ni repara a la víctima. O que los hospitales no son un lugar donde se cuida y respeta la voluntad de las mujeres, sino donde se las somete a acciones que afectan a su propio cuerpo pero sobre las que ellas no han tenido la última palabra.

La continua inacción de las instituciones democráticas en defensa de los derechos de las mujeres en muchos países de América Latina, es un escándalo. Hacen falta acciones urgentes. Afortunadamente, millones de mujeres latinoamericanas están diciendo que no están dispuestas a esperar más.