Tejer y destejer

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convocó ayer de urgencia la mesa de coordinación prevista por el Partido Socialista y Unidas Podemos en el momento de firmar el acuerdo de coalición después de una sucesión de desencuentros entre miembros del Ejecutivo de una y otra formación, especialmente significativos durante los últimos días. La reunión de ayer no anula la fijada para la próxima semana. Las razones detrás de cada episodio son sin duda diferentes, pero se ajustan a un único patrón: la búsqueda de un protagonismo político incompatible con una acción coordinada de Gobierno. Unidas Podemos ha buscado capitalizar en solitario las medidas del Ejecutivo en ciertas áreas como trabajo o igualdad, desbordando para ello las competencias de los ministerios bajo su responsabilidad. Por otra parte, y en lo que respecta a asuntos como agricultura o inmigración, ha querido marcar públicamente diferencias con el socio mayoritario de Gobierno.

Los desacuerdos entre miembros de una coalición no son infrecuentes, y, desde esta perspectiva, la que forman el Partido Socialista y Unidas Podemos no constituye una excepción. Sí lo es, en cambio, la interpretación que podría acabar imponiéndose en ambos partidos acerca de en qué consiste un acuerdo de Gobierno, en unos casos por acción deliberada y en otros por reacción defensiva. A juzgar por las declaraciones del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, más que un compromiso formal para alcanzar ciertos objetivos durante la legislatura, Unidas Podemos y el Partido Socialista habrían suscrito una suerte de tregua política parcial, al margen de la cual cada partido gozaría de libertad para ejercer su propio papel parlamentario. Más que un simple error que debilita a la coalición frente a sus adversarios y también frente a sus posibles aliados, se trata de una deficiente comprensión de los deberes institucionales que derivan del principio de actuación solidaria por el que se rige el Ejecutivo.

El ejercicio del poder está sometido a reglas que deben ser exhaustivamente conocidas y escrupulosamente respetadas, como la exigencia de preparar los textos legales que un Gobierno remitirá al Parlamento en la comisión semanal de subsecretarios y de secretarios de Estado. Las objeciones que cada departamento decida interponer en este punto del proceso a las iniciativas de los restantes no pueden ser en ningún caso calificadas de excusas técnicas. Antes por el contrario, forman parte de los equilibrios internos que necesita alcanzar cualquier Ejecutivo para que su actuación sea, precisamente, solidaria, y obedezca a una dirección política unificada. De igual manera, el ejercicio de las diferentes competencias ministeriales no puede realizarse con criterios expansivos, sino desde una obligada coordinación en los casos en los que la delimitación no puede ser exacta.

La convocatoria realizada por el presidente Sánchez era necesaria para evitar que los desencuentros políticos entre los ministros del Partido Socialista y los de Unidas Podemos fueran a más, deteriorando la cohesión exigible a cualquier Gobierno, sea o no de coalición. Pero la coordinación que pueda alcanzarse entre ambos partidos podría limitarse a tejer antes de volver a destejer si, al contrario de lo que habría sucedido en algunos de los recientes episodios de tensión, no se apoya en un compromiso que es más institucional que político: conocer los procedimientos y observarlos con rigor.