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Buen comienzo

El pacto salarial demuestra que el diálogo social es posible y rentable

Yolanda Díaz, ministra de Trabajo
Yolanda Díaz, ministra de Trabajo EFE

El acuerdo del Gobierno con los sindicatos y la patronal para subir el salario mínimo interprofesional (SMI) a 950 euros mensuales despeja de un solo golpe varias incertidumbres políticas y económicas asociadas a la formación del Ejecutivo de coalición PSOE-Unidas Podemos. Para empezar, confirma la apuesta social del equipo de Pedro Sánchez, algo que no por largamente proclamado antes e inmediatamente después de las elecciones podía darse por sentado. Para continuar, porque la puesta en acción del área económica del Gobierno ha sido fulgurante; apenas una semana después del juramento de los nuevos ministros, se ha alcanzado un acuerdo social de primer orden, con las reticencias calculadas de la patronal, pero que abre la puerta a nuevos acuerdos futuros y permite abrigar esperanzas de que la legislatura resuelva o mitigue algunos de los problemas sociales más acuciantes de la sociedad española.

La mejor noticia, no obstante, hay que interpretarla en la apertura de un diálogo social, estérilmente abandonado por la política española desde hacer bastante tiempo, con visos de constituirse en una herramienta decisiva para la economía española. La negociación social no lo resolverá todo y quizá fracase en algún caso, pero es la vía más adecuada en una economía democrática. El acuerdo sobre el SMI demuestra que se puede negociar con una patronal que parecía hoscamente contraria a las políticas anunciadas por la coalición de Gobierno y que, sin embargo, después de resolver algunas de sus contradicciones internas, ha acabado por aceptar su papel en un loable ejercicio de responsabilidad.

La precariedad no puede sostenerse como modelo económico para España. Los trabajadores tienen que recuperar parte del poder adquisitivo devastado por las políticas de ajuste durante la crisis, no solo porque la tarea del Gobierno consiste en mejorar las condiciones de la mayoría social sino porque una retribución irrisoria acaba por deteriorar el consumo, es decir, a largo plazo opera en contra de los intereses empresariales. Por otra parte, la polémica sobre los supuestos daños que causa una subida del SMI en generación de empleo, está prácticamente finiquitada. Ni siquiera es aceptable argumentar que un SMI más alto condena a una parte de los trabajadores cualificados a la economía sumergida, porque la respuesta inmediata es que quien contrata en negroestá cometiendo un delito.

Los buenos comienzos exigen continuidad para que sean socialmente rentables. Hay que aprovechar las expectativas abiertas en el ámbito de la negociación social para situar en ejercicios venideros el SMI en el 60% del salario mediano, siempre que se consiga el acuerdo debido con los agentes sociales y que el crecimiento de la productividad global lo permita. También es una oportunidad nada desdeñable para encauzar en una mesa negociadora una rectificación consensuada de la reforma laboral de Rajoy. Es muy probable que en esta rectificación necesaria haya puntos de acuerdo entre el Gobierno, los sindicatos y la patronal. Con la precariedad contractual, aplicada sin cálculo ni mesura en tiempos de crisis, sucede lo mismo que con el salario precario: que no es el modelo que necesita y merece la sociedad española.

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