Reforma educativa

Dos meses después de su constitución, el Gobierno ha aprobado el proyecto de ley orgánica de modificación de la LOE (LOMLOE), que entierra los aspectos más polémicos de la LOMCE, de la etapa del PP y conocida como ley Wert. El texto es idéntico al que ya refrendó el Consejo de Ministros hace un año, de modo que no será necesario el examen de los órganos consultivos, y recupera buena parte de las premisas de la LOE, nacida en 2006 bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero. Al igual que entonces, el PP ya ha anunciado su oposición, frustrando así la posibilidad de un consenso y reabriendo las disputas ideológicas en torno al sistema educativo.

La octava ley de la democracia enmienda las líneas más controvertidas de la norma anterior: sustituye las reválidas por evaluaciones de diagnóstico; corrige la división de los alumnos en itinerarios según su capacidad académica; permite en casos excepcionales obtener el título de bachillerato con una asignatura suspendida; establece mecanismos para mejorar la formación del profesorado; avanza en la universalización de la enseñanza de cero a tres años, y declara obligatoria la asignatura sobre valores cívicos y éticos, mientras que la nota de Religión deja de computar para acceder a la universidad o a las becas. La escuela concertada se presenta como uno de los principales focos de controversia, así como la subvención a los centros que segregan a los alumnos por sexo.

Al margen de los cambios concretos del articulado, la ley aspira a preservar una educación de calidad para garantizar la equidad y la inclusión, y sienta las bases para impedir la segmentación del alumnado por razones socioeconómicas. Sus impulsores, con la ministra Isabel Celaá a la cabeza, confían en combatir las elevadas tasas de abandono escolar y hacer de la enseñanza uno de los principales motores del “ascensor social”.

La norma iniciará su tramitación parlamentaria en el Congreso sin tener garantizada la mayoría absoluta necesaria (176 votos). Los socios de Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, suman 155, por lo que habrán de afrontar un intenso trabajo para atraer apoyos. Ni el PP ni Ciudadanos parecen dispuestos al acuerdo, reincidiendo una vez más en su estrategia de utilizar el sistema educativo como moneda de cambio en la batalla partidista. Con este empecinamiento se perderá otra ocasión para alumbrar un pacto estable y duradero.

Cambiar el marco normativo en cada legislatura no contribuye a dar estabilidad a uno de los pilares básicos del Estado. La sociedad necesita una educación inclusiva, encaminada a reequilibrar las desigualdades de origen para que no frustre expectativas, y dotada con financiación suficiente para alcanzar los objetivos.