Fraude de ley

La falta de control y la desidia en la exigencia del cumplimiento de la ley ha llevado a que muchos colegios concertados españoles cobren cuotas fijas a las familias que son ilegales y abusivas. La enseñanza en España es gratuita y desde que se aprobó la LOE en 2006 está expresamente prohibido que los centros que se financian con fondos públicos puedan cobrar cuotas. Tampoco se pueden cobrar aportaciones a fundaciones o asociaciones vinculadas al centro y solo se permite el cobro de servicios adicionales como el comedor o el transporte por el importe estricto del coste. Si se realizan actividades extraescolares, serán siempre voluntarias. Pero numerosos colegios encuadrados en la llamada “nueva escuela concertada”, muchos de ellos centros de élite con mecanismos de selección del alumnado, han articulado sistemas camuflados de cobro que, bajo la apariencia de aportaciones por servicios psicopedagógicos o actividades extraescolares, funcionan como cuotas obligatorias.

El sistema de conciertos ha permitido que centros de titularidad privada, aunque en muchos casos vinculados a la Iglesia o a otras entidades de derecho público, pudieran actuar como una red complementaria de la escuela pública. El concierto cubre el salario de los profesores y del resto del personal, además de los gastos de mantenimiento y conservación del centro, de manera que la enseñanza debe ser totalmente gratuita para las familias. En estos momentos, el 67,3% de los alumnos acuden a centros públicos, el 25,9% a centros concertados y el 6,9% a colegios privados. La distribución de alumnos entre centros públicos y concertados ha sido a veces conflictiva. Puesto que reciben financiación pública, se ha planteado que los centros concertados asuman las mismas cargas sociales que los públicos, por ejemplo en el reparto de alumnos con necesidades educativas especiales o de niños inmigrantes que llegan con carencias de formación.

El cobro de cuotas por actividades extraescolares funciona en muchos casos como un mecanismo perverso de selección adversa, pues expulsa o disuade a las familias que no pueden pagarlas. A este inaceptable factor de desigualdad se añade ahora el fraude de ley que practican determinados centros concertados que cobran elevadas cuotas fijas, en algunos casos de más de 800 euros al mes. Actúan como centros privados de élite para los que el concierto representa una notable oportunidad de mejora de su rentabilidad. Para conseguir una educación inclusiva y equitativa, todos los centros deben asumir las cargas sociales y todos los alumnos han de tener las mismas oportunidades de desarrollar lo mejor de sus capacidades. En un sistema de recursos económicos limitados, donde las carencias del sistema público son notorias, no es aceptable que una parte de los fondos públicos sirvan para incrementar las desigualdades.