Contra la impunidad de los crímenes cometidos en Siria

En Idlib se está desarrollando un nuevo desastre humanitario, uno de los peores de la crisis siria que, en casi una década, ha causado demasiados desastres para llevar la cuenta. El régimen sirio continúa su estrategia de reconquistar militarmente el país a cualquier precio, sin consideración hacia las consecuencias para los civiles sirios. Desde diciembre, sus operaciones en la zona noroeste han aumentado de intensidad, contando con el respaldo de la aviación rusa. Los incesantes ataques aéreos y el bombardeo con bombas de barril han obligado a casi un millón de sirios a huir en apenas unas semanas. Las infraestructuras de asistencia están saturadas. Cientos de miles de personas –la mayoría mujeres y niños– buscan refugio en campos improvisados y están expuestos al frío, el hambre y las epidemias.

Desafiando el derecho humanitario internacional, los ataques se dirigen deliberadamente contra hospitales y centros sanitarios (79 de los cuales se han visto obligados a cerrar), escuelas y refugios. Desde el 1 de enero ha habido un total de 298 víctimas mortales civiles en Idlib, según los datos de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACDH).

Para nosotros está absolutamente claro que existen grupos radicales en Idlib. Nunca tomaríamos a la ligera el terrorismo. Luchamos contra el terrorismo con determinación y estamos en la línea del frente en la lucha contra el Daesh. Pero combatir al terrorismo no debe justificar violaciones masivas del derecho humanitario, como las que contemplamos cada día en la región noroccidental de Siria.

Naciones Unidas ha avisado del riesgo de una crisis humanitaria sin precedentes si la actual ofensiva continúa. Hacemos un llamamiento al régimen sirio y a sus aliados para que pongan fin a esta ofensiva y retomen el alto el fuego establecido en otoño de 2018. Les pedimos que cesen inmediatamente las hostilidades y hagan frente a las obligaciones que les corresponden en aplicación del derecho humanitario internacional, incluyendo la protección de los trabajadores humanitarios y el personal sanitario, quienes han perdido la vida debido a su compromiso con la población civil de Idlib. Asimismo, hacemos un llamamiento a Rusia, a que continúe sus negociaciones con Turquía tendentes a rebajar la gravedad de la desesperada situación de Idlib y contribuya a alcanzar una solución política.

Pero, más allá de la urgencia de llegar a una tregua en Idlib, solicitamos que Rusia no bloquee el Consejo de Seguridad en los próximos meses para impedir que se renueve el mecanismo que permitiría transportar hasta el noroeste de Siria la ayuda humanitaria internacional que allí necesitan desesperadamente. Un mecanismo que ya se ha desactivado en el noroeste, donde ahora necesitamos encontrar alternativas al cruce de Al Yaroubiyah. ¿Quién puede afirmar en estos momentos que el régimen sirio permitirá motu proprio que la ayuda llegue a aquellos que la necesitan, cuando es el propio régimen el mayor responsable de su situación?

Finalmente, es importante recordar que solo una finalización negociada políticamente podrá poner fin de manera duradera a la crisis siria. No puede darse la normalización política cuando se está desarrollando de manera activa un genuino e irreversible proceso político. El régimen, centrado en su estrategia militar, intenta socavar cualquier tipo de proceso político inclusivo, bloqueando para ello todas las negociaciones constitucionales previstas en Ginebra bajo los auspicios del Enviado Especial de Naciones Unidas, Geir Pedersen. Pero la reconquista actual es una ilusión, y las mismas causas tendrán los mismos efectos: radicalización, inestabilidad en Siria y en la región, y exilio; todo ello en un país en el que más de la mitad de la población se encuentra desplazada o vive en calidad de refugiada. Tenemos que reconocer los enormes esfuerzos que están realizando los países vecinos de Siria para dar refugio a estos sirios que han tenido que abandonar sus hogares.

Dada la evolución de la tragedia, los europeos también cargan con su responsabilidad. Desde un punto de vista humanitario, la Unión Europea y sus Estados miembros son los mayores donantes de ayuda a la población siria. Mantendremos y ampliaremos este esfuerzo colectivo como reacción a la evolución de la crisis en Idlib.

Europa sigue presionando sobre el régimen para que se involucre realmente en el proceso político. El 17 de febrero los europeos adoptaron nuevas sanciones dirigidas individualmente contra empresarios sirios que colaboraban en los esfuerzos de guerra del régimen y se beneficiaban de su impacto.

Es nuestra responsabilidad asimismo luchar contra la impunidad en los crímenes cometidos en Siria. Es una cuestión de principios y de justicia. También es una condición necesaria para alcanzar una paz sostenible, en una sociedad siria que ha sido asolada por casi diez años de conflicto. Tenemos la intención de seguir respaldando los mecanismos contra la impunidad establecidos por Naciones Unidas, que están reuniendo pruebas que serán esenciales en la preparación de futuras causas contra aquellos que sean responsables de los crímenes más graves: la Comisión de Investigación sobre la República Árabe de Siria y el Mecanismo Internacional, Independiente e Imparcial. También proseguiremos nuestros trabajos para presentar casos ante la Corte Penal Internacional. Mantendremos nuestro compromiso, incluyendo actuar dentro de los respectivos ordenamientos jurídicos nacionales, para que los crímenes cometidos en Siria no queden impunes. Estos crímenes han incluido el uso de armas químicas, violando las más elementales normas del Derecho Internacional. Debemos esclarecer responsabilidades y necesitamos responsabilidad. Igualmente necesitamos claridad para averiguar qué ha sido de los numerosos detenidos y personas desaparecidas.

Arancha González Laya es ministra de Exteriores de España; Jean-Yves Le Drian, de Francia; Heiko Maas, de Alemania; Luigi di Maio, de Italia; Augusto Santos Silva de Portugal y Philippe Goffin, de Bélgica. También firman los ministros de Exteriores de Holanda, Estonia, Polonia, Lituania, Suecia, Dinamarca, Finlandia e Irlanda.