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Coordinado por Gonzalo Fanjul y Patricia Páez

Justicia poética

La sentencia de Estrasburgo sobre devoluciones en frontera ofrece a España la oportunidad de demostrar que no somos una caricatura neofranquista

Gonzalo Fanjul
Tampoco era para tanto.
Tampoco era para tanto.ANTONIO RUIZ (EL PAIS)

En su relato conmovedor de las consecuencias jurídicas de la II Guerra Mundial (Calle Este-Oeste, Anagrama), Philippe Sands explica el modo en que dos jóvenes juristas transformaron hace más de medio siglo la mirada de la comunidad internacional sobre los crímenes contra civiles: “Las ideas [de Lauterpacht y Lemkin] han tenido un eco global, sus legados se extienden lejos y de manera profunda. Los conceptos de genocidio y crímenes contra la humanidad se han desarrollado codo con codo, en una relación que conecta al individuo y a la colectividad”.

Si en aquel momento se volatilizaron los límites del derecho conocido para incorporar una visión radical, compasiva y responsable frente al otro, la reciente decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre “devoluciones en caliente” hace precisamente lo contrario. En la práctica, lo que estos jueces han venido a decir es que el acceso a un territorio por vías no legales desprovee al individuo de sus derechos más fundamentales. Porque la sugerencia de que estas garantías pueden ser siempre ejercidas en una fase previa de la ruta migratoria supone ignorar de manera alarmante la realidad de las fronteras europeas y el empeño de los Estados miembros por dificultar el asilo y refugio de quienes se acercan a nuestro territorio para salvar sus vidas.

Lo que es aún más grave, la decisión de Estrasburgo abre la puerta a blanquear otras prácticas despreciables y –hasta ahora– ilegales, como devolver una patera de víctimas de guerra a un Estado fallido como Libia.

La buena noticia es que nada impide a España ir un paso más allá. El propio sistema de garantía del Convenio Europeo de Derechos Humanos impone unos contenidos mínimos de cada uno de los derechos contemplados, pero no hay problema en establecer normas de protección por encima de ese punto. El Tribunal Constitucional, el Gobierno y el Parlamento podrían interpretar y reformar la norma para reforzar el derecho de asilo y refugio, en vez de debilitarlo. En esta encrucijada entre cavar más hondo y romper la omertá europea se juegan las instituciones españolas un pedacito de su credibilidad ante la historia. Y los partidos que nos gobiernan, su credibilidad a secas.

Y es que, como me sugería un amigo jurista el otro día, tenemos la oportunidad de demostrar al resto de Europa que España no es la caricatura neofranquista que algunos han querido pintar durante el Procés, sino una democracia que saber jugar a veces a favor de la historia. Supongo que esto sería lo que llaman justicia poética.

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