Aguas limpias

Velar por el medio ambiente y actuar contra las situaciones contaminantes es una batalla en la que la Comisión Europea está firmemente comprometida. España, que no escapa a esta vigilancia, tiene abiertos varios procedimientos de infracción por mala gestión ambiental, entre ellos los relacionados con la vulneración de la normativa sobre el tratamiento de aguas urbanas. Los reiterados incumplimientos llevaron al Tribunal de Justicia de la UE a imponer a España en julio de 2018 una multa de 12 millones de euros. Lejos de aplicar con prontitud políticas encaminadas a solventar las deficiencias, la desidia ha provocado que la sanción económica haya ido creciendo. España ha desembolsado ya en las arcas de la Comisión 32,7 millones, y todo parece indicar que la cifra irá en aumento. Es probable que el Gobierno traslade parte de la multa a las comunidades y Ayuntamientos afectados.

El conflicto viene de lejos. Se remonta a una directiva que data de 1991 según la cual los municipios de más de 15.000 habitantes deben prevenir los vertidos contaminantes a ríos y mares mediante sistemas de depuración. Los problemas detectados en nueve localidades, la mayoría ubicadas en Andalucía, se ha saldado con una dura multa que, además de la cuantía inicial, contempla el pago de casi 11 millones por cada semestre de retraso en la adopción de medidas.

Para España, esta es la mayor sanción que ha tenido que abonar a Bruselas, pero resulta frustrante que su efecto no haya sido disuasorio. No se trata solo del impacto económico. La ausencia de una adecuada recogida y tratamiento de vertidos urbanos conlleva riesgos significativos para la salud, deteriora la calidad de las aguas interiores y arroja residuos nocivos a los mares. Por el bien del medio ambiente, es preciso acelerar la construcción de colectores, abordar el tratamiento biológico de aguas residuales y aplicar la estrategia de economía circular que impulsa la Comisión: depurar y reutilizar.