La cooperación europea ante el espejo de las revueltas en América Latina

Pongamos que se llama María y que forma con su hija una familia monoparental. Digamos que, junto a sus hermanos y hermanas, echa una mano a su madre. Situémosle en el barrio de Larrañaga en Montevideo, y decidamos que, como la mayoría de sus vecinos, pertenece a la clase media.

María vive en uno de los países con mayor ingreso per cápita de América Latina y de acuerdo a The Economist con un índice de democracia similar al de Alemania. Vive en un país que se encuentra en la lista de receptores de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE. Pero no le convence la educación pública que el Estado ofrece para su hija y no le llegan las ayudas de dependencia. Está todo el día corriendo, llega justa y sin grandes ahorros a fin de mes y no se siente parte de la fase de crecimiento más duradera de su país en las últimas décadas.

Podríamos ubicar a María en Valencia, Cali, Santiago de Chile o Burdeos. Su indignación es compartida en un mundo globalizado de letargocracias, construido sobre un modelo hegemónico de economía de mercado. Su confianza en las instituciones se resquebraja, cuestionando la esencia de la democracia. En algunos casos, esta desconfianza se traduce en revueltas callejeras. En otros, en el voto al más disruptivo, a las fuerzas llamadas imprecisamente populistas, algunas de ellas ubicadas en la extrema derecha. En ambos, expresa más que demandas y propuestas de reforma.

Desde luego, lo dicho hasta ahora tiene mucho de generalización. Si analizamos la situación particular de cada uno de los países de América Latina y de la Unión Europea, identificamos diferencias muy sustanciales, pero tienen también mucho en común: reflejan un cambio de ciclo hacia algo nuevo, un reto social, económico y político al que responder.

El descontento social y los populismos en América Latina también nos obligan a los actores de la cooperación europea a plantearnos como responder, sobre todo cuando nos sitúan ante el espejo, evocando dilemas sociales cada vez más presentes en nuestras propias sociedades. ¿La prioridad de respuesta es la inversión o la política?, ¿el crecimiento económico o el Estado de derecho y la apuesta por políticas inclusivas e instituciones sólidas? El crecimiento es condición para el desarrollo, pero nada evidencia una correlación directa entre el volumen de flujos de ayuda y los niveles de renta nacional. Además, la actualidad nos vuelve a demostrar que un crecimiento sin mecanismos (y percepción) de inclusión y sin instituciones sólidas, no resulta sostenible y puede llevar a agrandar aún más las brechas sociales.

Sin quitarle importancia a la movilización de todos los recursos para el desarrollo, deberíamos plantearnos si queremos un modelo de acción exterior que compita con un modelo chino de inversiones sin preguntas

La reciente comunicación al Parlamento Europeo y al Consejo titulado La Unión Europea, América Latina y el Caribe: aunar fuerzas para un futuro común aboga por compromisos políticos más estratégicos y una mayor concertación birregional respecto a los valores e intereses vitales —prosperidad, democracia, resiliencia y gobernanza mundial efectiva—. Estructura una agenda compartida entre las instituciones comunitarias y los Estados miembro de la UE con América Latina y el Caribe. En materia de cooperación, aspira a una profunda reforma de la acción exterior, para impulsar objetivos e intereses comunes, trabajando a medida, de acuerdo a las diversas realidades existentes en la región. Pone en el centro de la agenda a las personas, a la cohesión social, al desarrollo sostenible, a la transición justa, a la democracia y a los compromisos internacionales compartidos.

En este sentido, la Agenda 2030 puede ser un motor para esa repolitización y revalorización de nuestras relaciones euro-latinoamericanas. Compartimos una agenda global. Compartimos retos y objetivos. Compartimos valores. La mayoría de los ciudadanos de ambas regiones sigue defendiendo la democracia, a pesar de la erosión de la confianza en las instituciones. Compartimos fronteras culturales en mayor grado que con otras regiones del mundo.

Los debates actuales en relación a los futuros instrumentos de acción exterior de la UE ya están corrigiendo los errores de la graduación, que dejaba sin financiación la asociación con los países más importantes de América Latina, debido a una clasificación estadística en base a la renta nacional bruta. Queda aterrizar una asignación presupuestaria más acorde a nuestros compromisos compartidos.

Pero los debates sobre los futuros instrumentos de acción exterior de la UE en el marco financiero 2021-2027 no parecen considerar suficientemente la dimensión política y de valores. Sin quitarle importancia a la movilización de todos los recursos para el desarrollo, deberíamos plantearnos si queremos un modelo de acción exterior que compita con un modelo chino de inversiones sin preguntas, o queremos poner a disposición de nuestros socios de América Latina el conocimiento de nuestras políticas y compartir con ellos posibles reformas, que puedan permitirnos aprender conjuntamente a abordar, cada uno a nuestra manera, los cambios imprescindibles y, en algunos casos radicales, que reclaman nuestras sociedades.

El valor añadido, el elemento distintivo de la cooperación europea a nivel global es la agenda social europea, es la diversidad y son las variaciones de ese modelo de globalización con matices de la economía social. Este acervo de políticas y los valores de nuestras democracias, que requieren cambios adecuados a los retos actuales, son los que deben guiar nuestra cooperación al desarrollo, tanto la cooperación técnica como la financiera. Y nuestra cercanía con América Latina nos permite pilotar conjuntamente una nueva forma de asociación.

El ODS 17 aboga en sus metas sistémicas por alianzas eficaces en la esfera pública, convirtiendo el conocimiento del sector público y el aprendizaje entre pares en un elemento central para alcanzar las metas del ODS 16 en materia de promoción de sociedades justas, pacíficas e inclusivas, construidas sobre instituciones sólidas. Estas dos metas son el eje de la agenda ética y de valores con la que deberíamos responder desde la UE ante los retos compartidos con nuestros socios de América Latina.

La cooperación técnica con el conocimiento de las administraciones públicas de la Unión Europea, retroalimentada por nuevos modelos de pactos sociales y alianzas en las esferas público-privadas y de la sociedad civil, debe nutrir los diálogos políticos y guiar la priorización de nuestra acción exterior en su conjunto hacia procesos de desarrollo, incluyendo la cooperación financiera.

De esta forma, las alianzas eficaces en la esfera pública son vehiculares para el resto de los objetivos de la Agenda 2030 y un motor para reforzar ese espacio euro-latinoamericano de valores compartidos en el marco de nuestra búsqueda común de un nuevo modelo global, basado en instituciones sólidas, transparentes, que rinden cuentas y que gobiernan una economía respetuosa con el planeta y que sirva a las personas, sin dejar a nadie atrás.

Tobias Jung Altrogge es director de Estrategia y Comunicación de la FIIAPP (Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas.

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