Propiedad de los datos

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La economía de datos ha sustituido a la economía productiva. Y lo ha hecho sin propiedad. Hoy, el capitalismo cognitivo se asienta sobre un soporte de datos sin dueño. Estos son una especie de res communis omnium circulante por Internet. Con nuestras interactuaciones en la Red sembramos de datos el mercado digital sobre el que llevan a cabo captaciones masivas las plataformas. Nacen de nuestra huella digital, pero son utilizados como commodities por las corporaciones, que los administran a su antojo mediante algoritmos. Estos extraen sus utilidades económicas a partir de una apropiación gratuita de datos. Un mercado que creará en 2020 unos ingresos de 203.000 millones de dólares asociados a la monetización de nuestros datos. Algo que monopolizan las grandes corporaciones tecnológicas y que explica, entre otros motivos, su extraordinaria fortaleza financiera. Y todo ello sin importarles la privacidad de los mismos, tal y como demostró la cesión de datos a Cambridge Analytica.

Por primera vez en la historia, el capitalismo aborda una evolución sistémica sin propiedad. Las sucesivas etapas del mismo delimitaron siempre lo mío y lo tuyo. Los bienes y servicios pasaban de manos en un marco de seguridad jurídica dominado por la ley y la propiedad privada. Por eso, la Revolución Francesa pudo introducir la expropiación forzosa de bienes particu­lares y crear una idea de utilidad pública que se asociaba a la creación de una propiedad colectiva que estaba al servicio de todos. Un avance social que se logró porque el perímetro jurídico de las titularidades dominicales y los derechos asociados a ellas era claro, tal y como consagró el Código Civil napoleónico.

Hoy urge hacer lo mismo sobre los datos. Han sustituido al trabajo físico como valor sobre el que se fundó la riqueza tras la revolución industrial. Son la materia prima que estructura el entramado de plataformas que gestionan la suma de cooperación colectiva y conocimiento como fuentes de valor del capitalismo cognitivo. Y serán cada vez más importantes cuando el Internet de las cosas permita el diálogo de datos entre máquinas y la tecnología 5G incremente su capacidad y velocidad de circulación. De ahí la necesidad de desarrollar, tal y como plantea la Unión Europea, una propiedad sobre datos que acompañe la rigurosa protección de su privacidad. Algo que se explora alrededor de un data producer’s right (derecho del productor de datos) que atribuya el fundamento de la titularidad sobre los mismos; que identifique quién es el dueño y cuáles son las acciones legítimas que definan la trazabilidad de la cadena de valor que fije su posible intercambio monetizable. Tesis que asumió la Comisión en 2017 y que se alinea también con las reflexiones del World Economic Forum de impulsar un new deal on data que ponga en marcha mercados abiertos de información que otorguen a los usuarios de Internet derechos de posesión, uso y disposición de datos personales sobre ellos.

Por eso comienzan a ser cada vez más las voces políticas que reclaman un derecho de propiedad sobre los datos en favor de quienes los generen. Empezó Angela Merkel cuando habló por primera vez de ello en la CeBIT de Hanóver de 2017, aunque ha sido Andrew Yang, el candidato demócrata a la presidencia estadounidense, quien lo ha incorporado expresamente a su programa. Reclama que cada individuo tenga una propiedad sobre sus datos y, asociada a ella, los derechos a ser informado sobre cuáles son recopilados y cómo se utilizarán, así como a obtener una parte del valor generado por ellos; a optar por no recibir o compartir datos; a que se le informe si un sitio web tiene información sobre su persona y en qué consiste; a ser olvidado; a que se eliminen todos los relacionados con él si lo solicitara; a ser notificado si cambian de manos o si se ha producido alguna violación de su privacidad, y a descargarlos en un formato estándar que le permita transferirlos a otra plataforma. En fin, una primera propuesta política que dará pie a otras y que pronto permitirá distinguir lo mío de lo que es tuyo digitalmente. Un primer paso para una seguridad jurídica sobre nuestros datos que ahora no tenemos.