Giro popular

La agresiva intervención de Pablo Casado durante la sesión de investidura ha originado una reflexión en el seno del Partido Popular acerca de la mejor estrategia de oposición al inminente Gobierno de Pedro Sánchez, tanto a efectos de los intereses generales del país como a los de los eventuales beneficios electorales. Dos dirigentes con destacado peso territorial, el gallego Alberto Núñez Feijóo y el andaluz Juan Manuel Moreno Bonilla, además del presidente del Partido Popular en el País Vasco, Alfonso Alonso, se han mostrado reacios a seguir las indicaciones de la dirección nacional y a romper todos los puentes con el nuevo Ejecutivo. También se oponen a simultanear la oposición en las instituciones y en las calles.

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No es esta la primera vez en que se enfrentan los dirigentes radicales y moderados tras la llegada de Casado a la presidencia del Partido Popular, interpretada en su momento como una rotunda victoria de los primeros. Los malos resultados cosechados en las elecciones generales de abril le obligaron a modular el discurso, lo que se habría traducido en un ligero incremento del apoyo ciudadano, suficiente para consolidar provisionalmente su liderazgo pero excesivamente limitado para zanjar la crisis que se mantiene larvada en el partido desde el triunfo de la moción de censura contra Rajoy y el relevo en la presidencia popular. En lugar de seguir explorando la alternativa de la moderación, Casado se dejó vencer en el Congreso por el temor a que el espacio político que abandonaba fuera ocupado por la ultraderecha, convertida en la tercera fuerza del país, y por los restos de Ciudadanos, al que ofrecería la ocasión de rehacerse.

El nuevo giro de Casado transmite exactamente aquello que le reprocha a Pedro Sánchez: falta de credibilidad. Con el agravante, en su caso, de falta de liderazgo, al aparecer como rehén impotente de las fuerzas más radicales en el interior de su partido y también de la agenda política impuesta por la ultraderecha. Esta ya ha anunciado que el próximo domingo saldrá a las calles en protesta por los pactos que permitirán gobernar al Partido Socialista, una iniciativa adoptada, entre otras razones, para que Casado se decante. La trampa que la ultraderecha pretende tenderle así radica en que, una vez que la oposición comienza a ejercerse en la calle y no en las instituciones, la frontera entre fuerzas políticas se desvanece, con ganancia neta para la minoritaria. Portando una pancarta Casado no es el jefe de la oposición, sino un manifestante entre la multitud.

Cualquiera que sea la opción del Partido Popular sobre su estrategia durante esta legislatura, la responsabilidad de la que no puede desentenderse es contribuir a restablecer el normal funcionamiento del sistema constitucional. Su inalienable derecho a participar como fuerza parlamentaria en la composición de órganos como el Consejo General del Poder Judicial o el Tribunal Constitucional no puede ser utilizado como un veto, prolongando la interinidad y empujando el conjunto del sistema hacia la excepcionalidad. La voluntad que los ciudadanos expresan en las urnas se refleja en las Cámaras, pero no se detiene ahí. Desde que el juego de mayorías y minorías se proyecta también sobre otros órganos del Estado, bloquearlos o impedir su pleno funcionamiento es tanto como despreciar el mandato de las urnas. Algo que el PP debería vetarse a sí mismo sin excusas.