Juego sucio

El Parlament de Cataluña respaldó este sábado al presidente de la Generalitat, Quim Torra, tras la resolución en la que la Junta Electoral Central ordenaba retirarle el acta de diputado autonómico, una medida que conllevaría su destitución al frente del Ejecutivo catalán. Ni el resultado de la votación, ni la composición de la mayoría que respaldó a Torra, ni, menos aún, la retórica grandilocuente con la que este se dirigió a la Cámara, desentrañaron la realidad que esconde este nuevo e inoportuno conflicto institucional.

El recurso previsto por la ley contra la decisión de la Junta Electoral ante el Tribunal Supremo, del que Torra hará uso solicitando medidas cautelarísimas, demuestra lo contrario de lo que sostuvo en la sesión extraordinaria del Parlament, y, en general, a lo largo de todo su extravagante mandato: España es un Estado de derecho en el que existen contrapoderes y las decisiones son revisables, llegando, incluso, a las instancias europeas reconocidas como cúspide del propio sistema judicial. Es decir, exactamente todas las garantías que Torra suprimió en periodo electoral para los catalanes no independentistas al erigirse en un poder que solo responde ante las reglas que él mismo decide y que él mismo interpreta, razón por la que fue condenado a una pena de inhabilitación.

Era el recurso ante el Supremo contra esta inhabilitación dictada —en sentencia no firme— por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña lo que estaba en trámite cuando el Partido Popular, Ciudadanos y Vox decidieron forzar un atajo para ejecutarla a través de la Junta Electoral Central. La reacción contra la iniciativa de estas tres fuerzas políticas no exige, sin embargo, colocar el foco sobre la resolución de la Junta o sobre la Junta misma, aceptando implícitamente el dilema de que lo que está en juego es acatar o no la decisión de un órgano que cumplió su deber cuando correspondía. Es compatible no desacatar la resolución con recurrirla, a fin de privarla del protagonismo a destiempo que nunca debió tener.

Lo que, en cambio, no puede acatarse ni normalizarse en la vida política española es el hecho de que un partido que aspira a ser alternativa de Gobierno, y que dispone de un amplio poder autonómico y municipal, se deje guiar por el oportunismo utilizando al organismo que vela por el respeto a la libre voluntad de los ciudadanos expresada en las urnas. Por lo demás, la lógica detrás de esta pretensión del Partido Popular responde a una estrategia que no ha dejado de observar desde que el independentismo catalán, henchido de poder autonómico, se creyó por encima de la Constitución y el Estatut: esconderse detrás de las instituciones para que sean ellas las que sufran el desgaste político por la gestión de una compleja crisis territorial.

Promover un pronunciamiento de la Junta Electoral sobre un asunto pendiente en el Tribunal Supremo fue librarse al juego sucio y desentenderse de las consecuencias sobre el sistema institucional, que tanto se dice defender. Entre ellas, de la más gratuita de todas: seguir ofreciendo excusas al independentismo para presentar como judicialización de la política algunos casos que, como el que dio lugar a la condena de Torra, no responden a ese fenómeno sino, simplemente, a la politización de la ilegalidad.