Jeanine Áñez, presidenta interina por la gracia del Eterno

El mundo la conoció exhibiendo un ejemplar de los cuatro Evangelios mientras se abría paso entre sus seguidores en la plaza de Murillo de La Paz. El recorrido, de apenas unos pasos, simbolizaba la convulsión por la que atravesaba Bolivia. Del Palacio Legislativo, donde Jeanine Áñez, de 52 años, era una desconocida vicepresidenta segunda del Senado, al Palacio Quemado, sede del Gobierno. Allí tomó posesión como presidenta interina el 12 de noviembre, dos días después de la renuncia de Evo Morales, el líder indígena que pilotó el país durante casi 14 años y que dimitió tras perder el respaldo de las Fuerzas Armadas. Todo lo que vino después fue una ruptura con el pasado reciente: con los resortes de poder del Movimiento al Socialismo (MAS), el antiguo partido oficialista, y también con las premisas de un Estado laico.

“Han permitido que la Biblia vuelva a Palacio. Que Dios los bendiga”, clamó. Áñez asumió el cargo gracias a un mecanismo de sucesión contemplado en la Constitución y tras la dimisión de los dirigentes parlamentarios afines a Morales. Sus primeras palabras como jefa del Gabinete provisional transmiten la idea del giro que pretendía impulsar con la ayuda de algunos colaboradores. Su cometido debía limitarse a facilitar nuevas elecciones, una vez impugnados por la Organización de los Estados Americanos (OEA) los comicios celebrados a finales de noviembre por sospechas de fraude. Lo dijo a EL PAÍS también Carlos Mesa, principal candidato de la oposición: “Para la legitimidad de este Gobierno es clave el pilar de la convocatoria de elecciones”. La fecha quedó fijada finalmente la noche del viernes al filo del límite legal, el próximo 3 de mayo. La mandataria interina, abogada y antigua presentadora de televisión, promulgó antes de Navidad una norma que regula el proceso electoral en coordinación entre el Ejecutivo, el poder legislativo y el Tribunal Supremo Electoral. Mientras tanto, ha tomado decisiones de alcance político desde el primer día.

La última fue la expulsión de la encargada de Negocios de la Embajada de España en La Paz, el cónsul y varios policías españoles a los que los sectores más radicales de su Gabinete acusaron de conspirar junto con la embajadora mexicana, que también fue declarada persona non grata, para facilitar la fuga de unos miembros del antiguo Gobierno asilados en dependencias diplomáticas de México. España respondió apartando a tres representantes bolivianos. Días después, la ministra de Exteriores trató de rebajar la tensión: “Bolivia desea superar este impasse a la mayor brevedad posible”, declaró.

Mientras se concretaba la nueva cita electoral, Áñez expulsó a varios diplomáticos españoles

Áñez, la segunda mujer que ocupa la presidencia de Bolivia —la primera fue Lidia Gueiler (1979-1980)—, era senadora del Movimiento Demócrata Social (MDS), formación conservadora que gobierna el departamento de Santa Cruz, el más poblado del país. El aspirante de ese partido, Óscar Ortiz, apenas superó el 4% en las pasadas elecciones. Pero la carambola institucional que se activó después de la salida de Morales otorgó el poder a varios de sus exponentes y a otros halcones de la derecha como Arturo Murillo, actual ministro de Gobierno con competencia en políticas de seguridad. Este se estrenó anunciando una “cacería” de rivales políticos como Juan Ramón Quintana, antiguo colaborador del expresidente y hoy refugiado en la Embajada de México.

En el origen de esta fractura política está el clima de elevada polarización en el que la sociedad acudió a las urnas en noviembre. Casi tres lustros de Gobierno del MAS y la decisión de la justicia, que habilitó a Morales como candidato pese a haber perdido un referéndum sobre reelección en 2016, contribuyeron a alimentar un bloque de adversarios que ya no estaba dispuesto a ejercer una oposición democrática tradicional. Áñez asumió el cargo en medio de acusaciones de golpe de Estado y una fuerte oleada de protestas. Uno de sus primeros decretos eximió a las Fuerzas Armadas de responsabilidad penal en la represión de los manifestantes. Lo retiró cuando las movilizaciones remitieron, después de más de 30 muertos y cientos de heridos. Declaró en su primer encuentro con la prensa internacional que no habría persecución de adversarios. Pero desde el principio dejó claro que si Morales, quien hoy se encuentra asilado en Argentina, decidía volver, se enfrentaría a la justicia. En diciembre la Fiscalía emitió una orden de arresto contra el exmandatario por terrorismo y sedición. 

A eso se añade el poder que la religión y las sectas evangélicas ejercen sobre sus seguidores. El anuncio del regreso de la Biblia al Palacio de Gobierno no es una anécdota. Igual que no lo es su aparición en televisión antes de Navidad vestida de Papá Noel. La noche en que tomó posesión, en Santa Cruz miles de personas esperaban a Fernando Camacho y Marco Pumari, líderes vinculados a los comités cívicos regionalistas, para celebrar el derrocamiento de Morales. Un predicador empuñó el micrófono e improvisó un exorcismo colectivo. “Satanás, fuera de Bolivia, ¡ahora!”, espetó. Hoy Camacho y Pumari han formado una alianza para las próximas elecciones, mientras que Áñez ha descartado públicamente la posibilidad de ser candidata.