Protejan a Erasmo: puede ser asesinado en cualquier momento

Cuando vi por primera vez a Erasmo Alves Teófilo, lo que me llamó la atención fue que ese hombre se movía muy rápido en una vieja silla de plástico blanca. Víctima de parálisis infantil, porque no había vacuna donde vivía, Erasmo no puede caminar. Pero es un lider. Con solo una silla de plástico pelea por la vida de unas 300 familias de pequeños agricultores y pescadores en la Vuelta Grande del Xingú, en Anapu, en el estado de Pará, una de las regiones más sangrientas de la Amazonia. Este hombre que no puede mover las piernas hace más que la mayoría de los brasileños para mantener la selva en pie. Pero hoy, cuenta con poco más que su silla de plástico para escapar de la muerte.

Erasmo, este brasileño a quien todos deberían proteger porque su lucha protege la Amazonia por nosotros, está amenazado por los grileiros (grandes ladrones de tierras públicas) que actúan en la región de Altamira y Anapu con el descaro que siempre les ha dado la impunidad a este tipo de personaje en la historia de Brasil. Hoy, con el antidemócrata Jair Bolsonaro en el poder, los grileiros se comportan como si tuvieran autorización para amenazar, golpear y también matar. Tal y como varias personas han escuchado decir a uno de ellos:“Ningún juez tiene poder sobre mí”.

Entre el 4 y el 9 de diciembre, dos hombres fueron asesinados en Anapu. Erasmo puede ser la tercera víctima si la sociedad no es capaz de organizarse para proteger a él y a todos los demás agricultores familiares, indígenas, ribereños y quilombolas (descendientes de esclavos rebeldes) que están amenazados en la selva. Nadie debería cansarse de presionar a las instituciones para que desempeñen su papel en Brasil. Es esencial para que el país no pierda la poca democracia que le queda. Pero ya es hora de comprender que Brasil ha llegado a un punto en el que, si la sociedad no se organiza para defender a los que luchan en la línea de frente, estas personas morirán. Como ya está sucediendo.

1) Los defensores de la selva temen no ver el Año Nuevo

Mientras la población de clase media de las ciudades del centro y sur de Brasil está sumergida en las fiestas de fin de año, con días de descanso y vacaciones colectivas, en la Amazonia se pasa miedo. Más miedo todavía. Las pocas instituciones presentes se van de vacaciones, la mayoría solo en las ciudades más grandes de los estados amazónicos. Teoricamente, hay servicio de guardia en las capitales. Pero si durante los días normales de trabajo la plantilla es reducida, ¿cómo se podrá contar ahora con estas instituciones?. Paralelamente, la mayoría de organizaciones no gubernamentales (ONG), que juegan un papel decisivo en la protección de la Amazonia, tienen vacaciones colectivas y la población en riesgo se queda aun más desprotegida.

Estas personas no quedan desamparadas por frágiles. La selva solo existe porque sus pueblos son muy resistentes y ponen sus cuerpos en primera línea de fuego, creando una barrera humana contra el avance en el robo de tierras públicas, conocido como grilagem. La cuestión es que los agricultores familiares, ribereños, quilombolas e indígenas luchan casi en solitario para mantener la selva viva y como un bien público y colectivo. Luchan casi solos contra fuerzas mucho más poderosas, a menudo armadas, que quieren derribar la selva y especular con la tierra para el beneficio privado de unos pocos, hoy con el apoyo explícito del gobierno antidemocrático de Bolsonaro.

En poco más de 40 días, entre noviembre y diciembre, cuatro indígenas del pueblo guajajara fueron asesinados en la Amazonia del estado de Maranhão. En Anapu, no son los indígenas los que mueren, sino los agricultores que intentan establecer asentamientos sostenibles en las áreas públicas destinadas a la reforma agraria, pero que los grandes grileiros de la región codician o ya están explotando. Las personas que apoyan a los trabajadores rurales también mueren. Los grileiros se presentan como hacendados, pero su historial muestra que son ladrones de tierras del Estado. Los verdaderos hacendados deberían querer diferenciarse de ellos, en lugar de apoyarlos o tolerarlos, pero no es lo que sucede.

2) ¿Por qué Anapu se ha convertido en un campo de cadáveres?

Le pregunto a Erasmo, cada vez más cerca de una muerte asesina- que vive en una casa que incluso el soplo del lobo de los cuentos infantiles puede poner en peligro- si cree en la ley. Y él responde: “Sí. Especialmente en la ley federal. Si no creyera en ella, no estaría aquí”. Erasmo vive en una tierra donde lo más fuerte es la ley. Pero Erasmo también es el más débil en un lugar donde se impone la ley del más fuerte. Y Erasmo cree en la ley, representada por la Constitución, que supuestamente defiende la colectividad por encima de la individualidad. Tengo ganas de repetir esta frase decenas de veces y escribirla de arriba abajo y de derecha a izquierda para ver si desde algún ángulo se revela el misterio. Sentado en la silla de plástico blanca que le sirve de piernas, Erasmo, a quien han defraudado una y mil veces, es un brasileño que cree en la ley.

Anapu irrumpió en el mapa mental de Brasil y del mundo cuando la misionera estadounidense Dorothy Stang recibió seis disparos en 2005, lo que provocó una conmoción internacional. Pero hay que prestar más atención a Anapu por muchos otros motivos. El municipio resume el problema de la tierra, de la deforestación y de la violencia en la Amazonia brasileña. Entendiendo lo que sucede allí, es posible comprender gran parte de la tragedia que hoy compromete el futuro no solo de las nuevas generaciones de brasileños, sino también del planeta.

La dictadura militar (1964-1985) estableció un imaginario de la Amazonia y lo convirtió en una propaganda que ha persistido hasta nuestros días. Los personajes que hoy se mueven para matar y morir en este escenario, son herederos de lo más simbólico del proyecto de la dictadura para la selva: “la tierra sin hombres para los hombres sin tierra” o el “desierto verde” o, todavía, “integrar para no entregar”. Todos estos eslóganes de hace medio siglo están vivos y coleando. Los conflictos de Anapu son también producto de la carretera Transamazónica, construida literalmente a sangre y fuego sobre los cuerpos de los indígenas y de los árboles.

En la década de 1970, la dictadura dividió la región en dos polos, llamados “Transa Oeste” y “Transa Este”. La primera parte va de Altamira a Placas y recibió a la mayoría de los colonos que provenían del sur de Brasil. Esta área de la carretera estaba destinada a la colonización oficial para la producción agrícola. En Transa Este, entre Altamira y Marabá, los autores señalan que predominó una colonización espontánea, de los eternamente olvidados por los programas públicos oficiales, inmigrantes provenientes sobre todo del nordeste de Brasil. Estos no gozaron de apoyo gubernamental para ocupar tierras que se consideraban menos productivas. Sin olvidar que todas las tierras, las del este y del oeste, habían estado ocupadas por pueblos indígenas durante siglos.

Esta historia, por lo tanto, comienza con un genocidio, el que perpetró la dictadura militar con la construcción de la Transamazónica. Esta es una parte. La otra es la continuación de una política para blanquear el país que empezó en el período imperial. Vale la pena recordar que el sur de Brasil fue colonizado, también sobre el cuerpo de los indígenas, por inmigrantes traídos de Europa, especialmente de países como Alemania e Italia, a finales del siglo XIX y principios del XX. A los pueblos indígenas no solo expoliaron sus tierras y los asesinaron, sino que, a la hora de elegir qué población debía establecerse en su lugar, se eligió a los inmigrantes blancos. En ese momento, hubiera podido implementarse una política pública para incluir a los negros que dejaban la esclavitud. Pero no. Se importaron blancos.

Para el proyecto de ocupación de la Transamazónica, se convocó a los nuevos colonos de Brasil, la mayoría descendientes de esos inmigrantes que, a su vez, habían colonizado el sur del país provenientes de Europa. No fue fácil para los inmigrantes europeos que llegaron a finales del siglo XIX, ni lo fue para sus descendientes que llegaron a Transamazónica en los setenta. Fue una odisea. Pero fue mucho más difícil para los habitantes del nordeste que llegaron sin invitación ni apoyo del Gobierno en busca del sueño de tener su propia tierra para no tener que alquilar su cuerpo a los coroneles, grandes hacendados y jefes políticos que dominaban la región más empobrecida de Brasil.

En esta misma región de la Transamazónica, la dictadura también implementó una política de concentración de tierras, a través de los llamados Contratos de Enajenación de Tierras Públicas. Esos contratos otorgaban títulos provisionales para parcelas de 3.000 hectáreas. Se ofrecían a personas, preferentemente, llegada de fuera de la región amazónica. A menudo, los contratos iban acompañados de fondos de la Superintendencia de Desarrollo de la Amazonia (Sudam), un organismo famoso por los escándalos de corrupción que protagonizó en Altamira, Anapu y otros municipios levantados en la selva.

Para poder obtener el título de propiedad de la tierra, los candidatos a propietarios debían demostrar que habían establecido una empresa agropecuaria en el plazo de cinco años. Muchas de estas tierras se revendieron a terceros incluso antes de que tuvieran un título definitivo y, en muchos casos, el Gobierno no canceló los títulos apesar de que no se crearon las empresas agropecuarias. Las tierras públicas y la financiación pública produjeron y alimentaron un mercado de especulación de tierras en la Amazonia y un ciclo de robo de tierras y asesinatos a sueldo que continúa hasta nuestros días y es el gran responsable de la destrucción tanto de la selva como de vidas humanas. Lo que presenciamos hoy en el oeste de Pará y también en otras regiones de la Amazonia es el resultado directo del proyecto de explotación de la selva forjado en la dictadura militar y nunca suficientemente reformado en la democracia que se estableció después de 1985.

3) La ventana histórica perdida

Para estancar la espiral de violencia en la disputa de tierras que todavía pertenecen al Estado, sería necesario hacer la reforma agraria que nunca se hizo. La mejor oportunidad histórica de estancar la sangría tras la redemocratización la tuvieron los gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT), de 2003 a 2016. La reforma agraria estaba en su programa, y los agricultores familiares y los trabajadores sin tierra constituían una fuerza importante en la composición de la base del partido. Aunque se implementaron algunas acciones y políticas, la reforma agraria no se realizó. Y se perdió la oportunidad.

Los Proyectos de Desarrollo Sostenible se crearon en parcelas que fueron consideradas improductivas por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (Incra) a finales de los noventa. Los proyectos se diseñaron en asambleas de agricultores con el objetivo de combinar la agricultura familiar con la extracción y la recolección, como hace la población ribereña de la Amazonia. Eran proyectos de reforma agraria, que garantizaban que la tierra era de quienes vivían en ella, combinado con el concepto de preservación ambiental.

En 2003, en el primer año del gobierno de Lula (PT), se crearon cuatro proyectos en las parcelas de Belo Monte y Bacajá para asentar a 600 familias. Quienes se habían apropiado de estas tierras públicas, así como de los abundantes fondos públicos de la Sudam, reaccionaron con violencia, asesinando, provocando incendios criminales y talando la selva. La misionera Dorothy Stang documentaba y denunciaba cada uno de los ataques, exigiendo la acción de las autoridades. La monja dejaba claro que, para preservar la selva, primero debía hacerse una regularización de la tierra. Fue ejecutada.

En 2005, la ejecución de una monja de 73 años con ciudadanía estadounidense tuvo consecuencias indeseables para los grileiros de la región. Tardó un poco, pero el Estado se hizo presente, las instituciones federales que no tenían oficinas en la región abrieron las puertas. A lo largo de los más de 13 años que estuvieron en el poder, los gobiernos del PT se fueron acercando cada vez más a los grandes terratenientes, hasta el punto de que Katia Abreu, una empresaria ganadera, se convirtió en la ministra de Agricultura de Dilma Rousseff. Pero en el primer mandato de Lula, el compromiso con los pequeños agricultores todavía era fuerte también en la práctica. No tan fuerte como para hacer una reforma agraria efectiva, pero lo suficientemente fuerte como para hacer presente al Estado en Anapu.

La muerte de Dorothy Stang entorpeció bastante los negocios de especulación de tierras en la región. No cesaron, ni mucho menos, pero se hizo más difícil llevarlos a cabo. En aquel momento, había fuertes indicios de que existía lo que se llamó el “consorcio de la muerte”, un grupo de grileiros que determinaban la ejecución de aquellos que estorbaban las embestidas contra la selva. La existencia del consorcio nunca se ha podido demostrar, pero pocos en la región dudan de que exista. Existiendo o no, hasta 2014 los grileiros actuaron de forma persistente, pero discreta.

4) La sangre de los Resplandes empapa la tierra

Desde 2015, la violencia en Anapu ha reflejado el aumento del poder de los ruralistas no solo en el Congreso, sino también en el Ejecutivo. Todo sucede en cadena en la Amazonia, como en cualquier lugar. Entre 2015 y 2019, hubo 15 asesinatos relacionados con la tierra en Anapu, según la Comisión Pastoral de la Tierra, y 19 según el recuento de los movimientos locales. Estas muertes muestran que los grileiros han aprendido del asesinato de Dorothy Stang. En los últimos años, los sicarios han matado en la ciudad, y no en el campo, para dificultar que los crímenes se asocien a los conflictos agrarios. Como una parte de la policía parece tener poco interés en investigarlos, la mayoría de los delitos quedan impunes. Quienes necesitan establecer la relación con las disputas de tierras, para establecer conexiones de causa y efecto, son entidades de la sociedad civil como la Comisión Pastoral de la Tierra.

 En 2018, una lista de personas amenazadas de muerte circulaba por la ciudad como si fuera una lista de la compra. Poco antes de que lo mataran, el 3 de junio de ese año, Leoci Resplandes de Sousa fue a comprobar si estaba en la lista de la muerte. Uno de los jefes de los sicarios locales le garantizó que no estaba. E incluso le dijo que, si estuviera, lo quitaría. Era así. Y sigue siendo así. Se desconoce si ese hombre mintió, porque no solo asesinaron a Leoci, sino también a él algún tiempo después. La lista —o las listas— continúan activas.

Lo que le sucedió a la familia Resplandes es una vergüenza para Brasil y para los brasileños. Agricultores en busca de tierra, tres Resplandes ya han sido asesinados: Hércules, de 17 años, Valdemir y Leoci, de 29. Todos en 2018. Cuando Leoci fue asesinado en su casa después de volver del campo, la familia huyó. Viven así, huyendo, sin ningún apoyo. Y los encuentran. En noviembre, otro Resplandes recibió un disparo, pero sobrevivió. No se sabe con seguridad si el intento de homicidio está relacionado con los conflictos por tierras de Anapu, pero es bastante posible que lo esté.

Iracy Resplandes dos Santos, de 53 años, vive aterrada. Claramente tiene depresión, pero cuenta que los tratamientos no le transmiten seguridad. Le dijeron que el dolor podría aliviarse haciendo punto. Pero ella empieza y no puede continuar. Llora a su hijo mayor, a su hermano y a su sobrino. En noviembre, pasó días y noches en el hospital cuidando al hijo al que habían disparado, temiendo que muriera. Iracy siente dolor y miedo. Y desesperación. Todo con lo que soñaba era un pedazo de tierra para plantar. Terminó teniendo que sembrar cadáveres. Y nada indica que esta siembra de cuerpos humanos vaya a detenerse.

5) El crimen contra el padre Amaro

En 2018, quedó claro que los grileiros intensificaban la violencia y utilizaban métodos más audaces. El 27 de marzo de ese año, el padre Amaro Lopes, párroco en Anapu y uno de los sucesores de la misionera Dorothy Stang, fue arrestado en una cinematográfica operación para los estándares locales habituales. Intervenieron varios coches patrulla y 15 policías con armas largas. Parecía que el sacerdote era Al Capone. Y todo esto en una ciudad donde la mayoría conoce a los grileiros y a los sicarios por su nombre y se cruza con ellos por la calle sin que eso parezca molestar a la policía.

El padre Amaro fue arrestado acusado por un rosario de cargos y arrojado a la misma prisión donde cumple condena Regivaldo Galvão, conocido como el “Cachondo”, uno de los hombres que mandó matar a Dorothy Stang. Después de tres meses en la cárcel, el religioso católico quedó en libertad provisional pero sujeto a varias restricciones y sin poder reanudar su trabajo, que era claramente el propósito de la operación.

Dos semanas antes de que lo arrestaran, el padre Amaro concedió una entrevista al periódico inglés The Guardian. En ella, declaró que “algo se estaba cociendo”, refiriéndose al hecho de que sabía que algo le sucedería. “Como matar a Dorothy generó mucha repercusión y problemas para los grileiros, harán que parezca un accidente o se inventarán algo para acusarme”, dijo en ese momento. Una de las acusaciones, la de acoso sexual, se retiró enseguida, pero ya había cumplido el objetivo de descalificar al padre ante parte de la población de Anapu y de la región.

El arresto del padre Amaro fue un precedente del método que utilizado recientemente en Alter do Chão, en la región de Santarém. A finales de noviembre, cuatro brigadistas voluntarios que trabajaban con los bomberos locales para apagar los incendios en la selva fueron arrestados con el falso cargo de prender fuego a la selva. En la misma fecha, la sede de la ONG Salud y Alegría, una de las organizaciones brasileñas más respetadas y premiadas, fue invadida por la policía, que incautó documentos y ordenadores. Es la nueva etapa de criminalización precisamente de aquellos que denuncian a los verdaderos delincuentes, trabajan para combatir sus crímenes o para fortalecer a la población local. Los especialistas en seguridad señalan que las fuerzas policiales están cada vez más controladas por intereses privados.

6) Diciembre de sangre

En Anapu, desde que Bolsonaro salió elegido, el ambiente se ha vuelto aún más enrarecido. Es muy difícil encontrar a alguien que acepte una entrevista, ni siquiera sin nombrarlo. “La gente está muriendo”, susurran. Desde que sigo la situación en la región, nunca había visto a las personas tan aterrorizadas. Tienen toda la razón, ya que no cuentan con ninguna protección. Al contrario, algunos representantes del Estado parecen actuar contra las verdaderas víctimas.

Si la tensión y la violencia han aumentado desde la elección de Bolsonaro, en noviembre el escenario empeoró en varias regiones de la Amazonia. En diciembre, se volvió aún más alarmante. Todas las señales muestran que la situación se dirige hacia el descontrol total. En este contexto, Márcio Rodrigues dos Reis, de 33 años, padre de cuatro hijas, fue asesinado el 4 de diciembre en Anapu. El asesino fingió ser un cliente de su mototaxi y le rajó el cuello. La garganta cortada, como método que se repite en la ciudad, señala a los que mueren “por hablar demasiado”.

Márcio era uno de los principales testigos de la defensa del padre Amaro Lopes. También era alguien que sabía mucho sobre lo que sucede en la región. Cinco días después, el 9 de diciembre, el exconcejal del PT y asistente social Paulo Anacleto fue ejecutado delante de su hijo pequeño en la plaza central de la ciudad. Según los testigos, estaba en el coche con el niño cuando dos hombres en una motocicleta le dispararon. Paulo Anacleto era amigo personal de Márcio y parece que estaba lo suficientemente indignado como para comentar en la ciudad que sabía muy bien quién lo había mandado matar. Quienes siguen los conflictos agrarios en Anapu no tienen dudas de que los asesinatos están relacionados.

A pesar de intentarlo durante tres días seguidos, EL PAÍS no pudo obtener información de la policía de Pará a ningún nivel: local, regional o estatal. El comisario Lucas Luz, responsable de la Comisaría de Conflictos Agrarios, ubicada en Altamira, la ciudad más grande de la región, dijo que no podía hablar sobre los casos porque se había decretado el secreto del sumario. EL PAÍS envió un correo electrónico a la Policía Civil del Estado de Pará. La asesoría de prensa del cuerpo informó de que la solicitud “se estaba analizando”, pero no llegó ninguna respuesta antes de la publicación de este artículo. En Anapu, los dos números de teléfono de la comisaría local aparentemente no funcionan o nadie contesta.

La Fiscalía Federal de Pará ha iniciado los procedimientos para seguir las investigaciones y solicitar que las autoridades de seguridad pública de Pará tomen medidas para frenar lo que denominó “la nueva escalada de violencia en el municipio de Anapu”. “El escenario actual en el municipio muestra la aparición de reiteradas amenazas dirigidas a los defensores de los derechos humanos en el campo. En menos de una semana, entre el 4 y el 9 de diciembre, se produjeron dos asesinatos que pueden estar relacionados con conflictos agrarios históricos en la región”, afirmó en un comunicado de prensa. La Fiscalía también ha solicitado información sobre “las medidas que se están tomando para prevenir y cohibir la violencia contra los residentes y líderes de las parcelas 96 y 97 de la tierra de Bacajá”, debido a la “presión para expulsar a los trabajadores rurales”. Esas parcelas forman parte de una de las áreas que cubre el liderazgo de Erasmo, que está amenazado de muerte.

La principal causa de los conflictos en los últimos años, además de la impunidad que genera más impunidad, es la omisión del Estado a la hora de llevar a cabo las acciones de la reforma agraria previstas por la ley, abandonando el lado más débil, el de los agricultores familiares, a una lucha desigual contra los grandes grileiros y sus milicias armadas. Como la lucha es desigual, el resultado es la masacre de los trabajadores rurales y quienes los apoyan. “Al no tomar las medidas necesarias y legales para resolver los conflictos agrarios, hay una omisión del Estado que se convierte en acción”, afirma Sadi Machado, fiscal del Estado en Altamira. “Existe una renuencia activa por parte del Gobierno Federal a implementar la reforma agraria, que es una política pública del Estado. Eso provoca conflictos, produce víctimas y destruye el medio ambiente. Claramente hay una confrontación entre el área técnica del Incra, órgano que se ha debilitado en gran medida en la región, y la dirección política del órgano. Esta situación ha empeorado este año”.

Una parte de la sociedad e incluso de los ambientalistas todavía no entiende que luchar por la reforma agraria es luchar por mantener la selva en pie. Sin justicia social en la Amazonia no habrá justicia climática.

7) ¿Por qué ahora?

Las recientes muertes de indígenas y campesinos vinculados a conflictos agrarios, así como los arrestos abusivos y la creciente criminalización de las ONG, dejan en evidencia la ofensiva de los grileiros y quienes los apoyan, tanto dentro como fuera del Estado, en toda la región. Las señales de que la violencia solo aumentará están por todas partes. ¿Por qué ahora?

El científico social Maurício Torres, profesor de la Universidad Federal de Pará, en Belém, y uno de los mayores especialistas en conflictos agrarios en la Amazonia, señaló algunos caminos de reflexión para esta columna, que reproduzco aquí:

“El robo de tierras públicas ocurre en dos niveles. Uno sobre el terreno. Los sicarios ‘limpian’ la tierra de sus legítimos ocupantes (indígenas y campesinos), y derriban la selva para consolidar la apropiación. Y otro sobre el papel: cuando, a través de la química mágica de las oficinas de registro de la propiedad o los órganos de regulación de tierras, una propiedad deja de pertenecer a las arcas públicas y se transfiere al patrimonio privado del grileiro. La violencia (e incluyo aquí la deforestación como su variante) es el principal instrumento para hacerse con las tierras públicas. Cuando este mercado sucio de tierras se sacude, la violencia, como mecanismo de robo, se desencadena aún más. La aterradora facilidad para el saqueo de tierras públicas, que transforman al grileiro en ‘propietario’ de unas tierras de las que se apropió ilegalmente, incendió este mercado. Me refiero, en particular, a la Medida Provisional 910. No solo desde su promulgación, sino incluso antes, por el efecto generado con la especulación que la rodea”.

La Medida Provisional 910 es la Medida Provisional de Grilagem, promulgada por Bolsonaro el 10 de diciembre. Anteriormente, estaban en vigor la Medida Provisional de Grilagem emitida por Lula en 2009 y la Michel Temer, de 2017. Es importante recuperar el proceso, porque, de lo contrario, no es posible entender el presente.

Torres y otros investigadores citan el programa Tierra Legal, de 2009, del gobierno de Lula, como un hito en el proceso de legalización del robo de tierras públicas en la Amazonia. Fue instituido por la Medida Provisional 458, sancionada como Ley 11.952. Entre otras acciones, regularizaba todas las propiedades inmobiliarias en tierras públicas de la Amazonia Legal de hasta 1.500 hectáreas que hubieran sido ocupadas antes de diciembre de 2004. En el discurso, el programa serviría para regularizar la situación de los pequeños ocupantes, aquellos que vivían en la tierra y de la tierra. En la práctica, el programa sirvió para regularizar el robo practicado por los grandes. En ese momento, lo apodaron como “Medida Provisional de Grilagem” y, más tarde, “Ley de Grilagem”.

Los números ayudan a aclarar los objetivos: los pequeños representaban casi el 90%, pero ocupaban menos del 19% del territorio; los grandes eran menos del 6%, pero ocupaban el 63% del territorio. Para los pequeños, la ley que ya existía era capaz de remediar la situación y corregir las injusticias. No había necesidad de crear nada nuevo. Segun afirma Torres, el programa Tierra Legal se diseñó para legalizar el robo de tierras públicas.

El nuevo y controvertido Código Forestal de 2012 ayudó todavía más a producir legalidad donde antes había crimen. Más tarde, con el presidente Michel Temer y un Congreso explícitamente corrupto, dominado por los ruralistas, el proceso se perfeccionó y se aceleró. La Ley 13.465/17, nacida de la Medida Provisional 759, fue sancionada en julio de 2017 por Temer. También se conoce como la “Ley de Grilagem”.

Con la excusa de “regularizar” la situación de las personas que hace muchos años ocuparon áreas públicas “de buena fe” para vivir en ellas, la ley permitió que los grileiros que, hasta 2011, habían ocupado tierras públicas sabiendo que eran públicas “regularizaran” sus “propiedades” de hasta 2.500 hectáreas, un área equivalente a 57 Vaticanos. Solo hacía falta multiplicar los testaferros e ir legalizando de 2.500 en 2.500 hectáreas. Con este acto “legal”, Temer y el Congreso amnistiaron a los grileiros. No solo los perdonaron, sino que convirtieron a delincuentes en “buenos ciudadanos”, a ladrones de tierras públicas en hacendados y a bandas criminales en empresas.

Al final de su primer año en el cargo, Bolsonaro creó su propia Medida Provisional de Grilagem. No hay precedentes de algo tan escandaloso, al menos no en lo que formalmente se ha denominado democracia. La Medida Provisional de Grilagem de Bolsonaro es una obra maestra de la legalización de la delincuencia. Con la misma excusa que utilizó Lula y después Temer, la “regularización de la tierra”, ahora se pueden legalizar las tierras que se robaron al Estado hasta diciembre de 2018. En resumen: robas patrimonio público, destruyes la selva amazónica y, un año después, te conviertes en terrateniente legalizado y disfrutas de la vida como “buen ciudadano”.

La misma medida provisional también aumentó hasta 15 módulos el tamaño del área que no requiere la inspección del Incra. En algunos lugares de la Amazonia, esto significa más de 1.500 hectáreas. El proceso es prácticamente autodeclarativo. El criminal roba un trozo de selva, le dice al Gobierno que es suyo y se convierte en hacendado. Ningún funcionario ni siquiera lo comprueba. ¿Alguien cree que quedará algo de selva amazónica con este estímulo oficial para saquearla?

Maurício Torres analiza el impacto: “Hay dos efectos. El primero es obvio: la búsqueda de tierras públicas libres ha aumentado, ya que ahora solo tienes que declarar que eres el propietario para convertirte en propietario. Esta situación también hace aumentar el conflicto, con los grileiros comiéndose unos a otros y, también, expulsando a campesinos e indígenas. Pero hay otro efecto, más sutil. Al promulgar algo de esta dimensión en beneficio del grileiro, como es el caso de la Medida Provisional 910, se envía un mensaje de empoderamiento y que hace que estas personas se sientan con derecho a todo”.

Las áreas que actualmente están en litigio, ocupadas por agricultores familiares, pero disputadas por grileiros, serán tomadas a punta de pistola. Es lo que sucede en este momento en la Amazonia y, particularmente, en Anapu, que tiene muchas áreas en litigio. Por eso, más líderes están amenazados de muerte y los grileiros han dicho en las calles que no les importan los jueces. ¿Por qué tendrían que importarles? Si el Congreso no detiene esta medida provisional, la Amazonia se convertirá en una selva de cadáveres. No solo de árboles, sino de personas.

“Desde la construcción de las grandes carreteras en la Amazonia, tal vez nada haya tenido un efecto tan grande en el aumento de la violencia y la deforestación como esta medida provisional”, dice Maurício Torres. “La medida privatizará decenas de millones de hectáreas, nadie sabe con seguridad cuántas, pero creo que entre 40 y 60 millones de hectáreas. Esto significa la emisión de permisos legales para talar el 20% de la selva en tierras privadas, alrededor de 10 millones de hectáreas. Y eso solo contando lo que puede ser autorizado legalmente. Incluso si algo de eso ya se ha deforestado —y sí que se ha deforestado—, el impacto será trágico”.

8) ¿Cómo proteger a Erasmo?

En 2005, uno de los principales grileiros de la región se ofreció a llevar en coche a Dorothy Stang. Quería hacerle una advertencia. La misionera después relataría las palabras de este hombre: “Si alguien ‘invade’ ‘mis’ tierras, correrá la sangre”. Este hombre, y otros seis más, todos conocidos por los habitantes de la región, han estado amenazando en la zona de Altamira y alrededores. Es un aviso.

Parte de la creciente violencia y el descaro de estos personajes está relacionado con las próximas elecciones municipales. Sienten que ya están en el Gobierno, a nivel federal, pero quieren ocupar el poder local para consolidar —y facilitar— la conversión de lo público en privado. Si no se hace nada para detener la violencia, las elecciones municipales de 2020 podrían convertirse en una carnicería en las regiones amazónicas del conflicto.

En este escenario, donde la ley protege el robo de patrimonio público, es posible imaginar cómo viven —y mueren— los más frágiles. Como Erasmo, un líder que lucha por 300 familias de agricultores familiares asentados en tierras disputadas por los grileiros.

En la noche del 12 de diciembre —coincidencia o no, dos días después de que Bolsonaro firmara la Medida Provisional de Grilagem—, un hombre que trabaja para uno de los grileiros de las áreas en disputa fue a la casa donde Erasmo vive con sus padres, ya ancianos, y su compañera. Antes de llegar, ya había golpeado a una mujer y lanzados tres tiros. Una de las balas estuvo a dos dedos de darle a una vecina que volvía de la iglesia. Frente a la casa de Erasmo, el sicario gritó y maldijo. Quería que Erasmo saliera a hablar con él. La familia se encerró en el interior.

Cuando Erasmo cuenta lo que sucedió, su cuerpo tiembla en la silla de plástico blanca.

Esta es la vida que llevan muchos de quienes protegen la selva por nosotros. Esta es la vida de Erasmo, mientras no le alcance la muerte. Están advertidos.

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Traducción de Meritxell Almarza