Consenso salarial

El PSOE y Unidas Podemos han llegado a un acuerdo para subir el salario mínimo interprofesional (SMI) desde los 900 euros mensuales hasta los 1.200 euros a finales de la legislatura. La decisión transmite de forma clara y rotunda la intención del próximo Gobierno, en el que caso de estar constituido por estas dos formaciones, de corregir parte de la devaluación salarial arraigada durante la crisis. La subida, que incluye un aumento para 2020 del SMI hasta los 1.000 euros, va a chocar sin duda con las reticencias iniciales de algunas patronales y de aquellas instituciones económicas empeñadas en demostrar sus perniciosos efectos sobre el empleo. Una vez más, hay que recordar que los estudios no muestran tales consecuencias negativas; y que, en todo caso, la carga del daño debería imputarse a aquellas empresas cuya debilidad solo les permite sostenerse pagando salarios muy alejados no solo de la media española, sino de los que recomienda la Carta Social Europea.

Ahora bien, que la subida sea necesaria como parte de la adecuación de las rentas a la proclamada recuperación de la economía, no significa que no deba ser acometida con prudencia y según los protocolos de consenso político recomendables en cualquier decisión de carácter social. Por ejemplo, no debería repetirse el error de decidir la subida del SMI como un acto de Gobierno, aplicado tras un acuerdo con Unidas Podemos, como se hizo en el último aumento, el que llevó el salario desde los 735,9 euros mensuales hasta los actuales 900. Elevar el salario mínimo debe ser el resultado de una negociación entre las fuerzas sociales, instada y respaldada sin duda por el Gobierno, pero en ningún caso impuesta por él.

De ahí que situar la retribución mínima en 1.200 euros en 2024 requiera inexcusablemente una negociación con sindicatos y patronal, para que ni unos ni otros se sientan atropellados. La práctica de muchos años ha demostrado que el consenso es la mejor forma de aplicar y extender las mejoras salariales; porque son las empresas y las organizaciones sindicales quienes deben instrumentar los cambios en las normas legales.

Lo que vale para el SMI sirve para cualquier modalidad de acuerdo laboral. Haría bien el próximo Gobierno en apoyarse durante la legislatura en mesas de negociación social para llevar a buen puerto las rectificaciones obligadas en las leyes laborales y contractuales vigentes. Por dos razones principales, incluso básicas: la primera, porque es una mala praxis ganarse la hostilidad de quienes tienen que negociar las reglas de juego en las empresas; la segunda, porque el Ejecutivo no andará sobrado de apoyos políticos.