La recta escritura del europeísmo

La judicialización de la política, tan denostada, puede terminar aportando beneficios. Allí donde los miedos, dudas y chantajes impiden el diálogo y los acuerdos, las resoluciones judiciales europeas actúan al menos como estímulo para las decisiones que muchos no se atreven a tomar.

Las decisiones de los jueces no son los goles de una competición deportiva, como han sugerido ciertas reacciones a la sentencia de Luxemburgo. No estamos ante una goleada en el clásico de la política después de una sobria demostración en el clásico futbolístico respecto a la auténtica situación del país, empantanado en un eterno empate, por más que así lo leyeran los patriotas de un lado y de otro, derrotados unos y victoriosos los otros. Coinciden en su dudoso europeísmo, que convierte a las instancias europeas en tribunales extranjeros entrometidos en la soberanía nacional o, lo que es lo mismo pero al revés, en justicia europea correctora de los defectos antidemocráticos de la justicia española.

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Todos jueces

Ambos se equivocan. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea es también un tribunal al que España aporta sus jueces y cuya jurisdicción sobre las competencias europeas España reconoce y defiende. Sucede lo mismo con el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, dependiente del Consejo de Europa, aunque en este caso su ámbito sea más especializado y geográficamente más amplio. Ambos forman parte del Estado de derecho español, en cuya estructura se hallan inseridos gracias a la Constitución española.

No estamos ante un derecho a la carta, que permite escoger al gusto del cliente, como pretendía Artur Mas cuando aseguraba que Cataluña iba a ejercer el derecho de autodeterminación de acuerdo con los marcos legales existentes, dando entender que si no le gustaban unos encontraría otros. Marcos legales, como Estado de derecho, solo hay uno. Quienes propugnan el unilateralismo y la vulneración dolosa de la Constitución tienen todo el derecho a defenderse luego ante todas las instancias del Estado de derecho. Es la grandeza y a la vez la servidumbre de una democracia garantista: da derechos y defiende incluso a quienes quitan derechos y atacan a la democracia.

La sentencia europea permite también una función clarificadora respecto el Estado de derecho y la integración europea, dos conceptos que van de la mano. No cabe defender el Estado de derecho y atacar las sentencias europeas o defender las sentencias europeas y atacar a la vez al Estado de derecho. Europa escribe recto con trazos torcidos.