Las medidas más crueles para frenar la migración

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El pasado 19 de noviembre, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) adoptó el reglamento que dio inicio a la implementación de los anunciados Acuerdos de Cooperación sobre Asilo (ACA), que hasta la fecha han sido pactados con Guatemala, Honduras y El Salvador. A través de estos acuerdos, el Gobierno estadounidense caracteriza a los países centroamericanos bajo la figura de “tercer país seguro” con el fin de limitar la elegibilidad de asilo en Estados Unidos.

Desde su implementación, se ha documentado el traslado de al menos 24 personas centroamericanas, entre salvadoreñas y hondureñas, a Guatemala. Los medios de comunicación también han advertido sobre la llegada de las primeras unidades familiares devueltas al país.

A pesar de que la totalidad de las consecuencias de los ACA todavía se está desvelando, los acuerdos representan una clara afectación a los hombres, mujeres, niños y niñas más vulnerables del mundo, al tiempo que atentan contra los valores fundamentales de nuestra humanidad. Al generar aún más presión sobre los débiles sistemas de asilo de los países de la región, los acuerdos ignoran las problemáticas estructurales que impulsan la movilidad y socavan la protección internacional.

Hace más de 60 años, en las secuelas de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, la comunidad internacional se unió con el propósito de crear un marco internacional para la protección de las personas en mayores condiciones de vulnerabilidad alrededor del mundo mediante categorías legales que garantizaran que una puerta siempre estaría abierta para aquellas personas obligadas a huir de la persecución.

Hoy, con nuevas crisis emergentes a lo largo de América Latina y el mundo, los acuerdos entre Estados Unidos y Centroamérica le dan la espalda a ese consenso internacional y cierra casi por completo una de las puertas más importantes para la protección de la humanidad. Los acuerdos impiden protección en Estados Unidos para personas en situación de vulnerabilidad de todas las nacionalidades y les obligan a buscar protección en países donde la mayoría estarán inseguras: Guatemala, El Salvador y Honduras.

Con estos acuerdos, los Estados de la región centroamericana, en complicidad con el Gobierno estadounidense, no solo están incumpliendo su obligación de garantizar los derechos humanos de las personas migrantes, sino que les están exponiendo, de manera cruel e inhumana, a enfrentar riesgos como violencia sexual, extorsión, secuestros y asesinatos como medida para desincentivar la migración y obstaculizar el derecho de estas personas a solicitar protección.

Para dimensionar las condiciones de seguridad de Guatemala basta saber que más de 33.000 guatemaltecos huyeron de su país en 2018

Desde el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), una organización regional con casi tres décadas de experiencia defendiendo derechos humanos en América Latina, conocemos de primera mano la situación de violencia y pobreza que obliga a las personas de esta región a migrar. Para ejemplificar, en Guatemala, los enormes retos en la lucha contra la corrupción y la impunidad, la creciente presencia de grupos criminales transnacionales y bandas de narcotráfico a lo largo de la frontera con México, así como las alarmantes tasas de violencia en contra de las mujeres demuestran que el gobierno ha fracasado en su obligación de proteger, incluso, a su propia población. Si se requieren más pruebas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó de un incremento dramático en el número de personas guatemaltecas que huyeron del país en los últimos años con el fin de buscar protección internacional de las múltiples formas de violencia que enfrenta el país.

Para dimensionar las condiciones de seguridad de Guatemala basta saber que más de 33.000 guatemaltecos huyeron de su país y solicitaron asilo en los Estados Unidos en 2018 y más de 85.000 solicitudes de asilo guatemaltecas están pendientes de resolución en todo el mundo. Esta tendencia también se extiende internamente. A finales de 2017, más de 242.200 personas guatemaltecas eran desplazadas internas.

Las condiciones de inseguridad y debilidad institucional de Guatemala se replican en los países vecinos. Nuestro trabajo de años de la mano de personas defensoras de derechos humanos en la región centroamericana nos confirma de manera inequívoca que ni Guatemala, ni Honduras, ni El Salvador cuentan con las condiciones necesarias para recibir y atender a las miles de personas en busca de refugio que serán transferidas como resultado los ACA.

En El Salvador, las tasas de homicidio fueron las segundas más altas de América Latina en 2018, con 51 homicidios por cada 100.000 habitantes. Si bien el Gobierno ha informado una disminución de homicidios durante 2019, hay informes que reportan el aumento de las desapariciones forzadas.

Aunado a esto, la corrupción, la incapacidad y falta de voluntad para luchar contra poderosas pandillas, y la violencia contra las mujeres y personas de la comunidad LGBTQ+ es rampante. En el último año, más de un tercio de las mujeres sufrieron alguna forma de violencia sexual y de género. Los feminicidios continúan sin disminuir, con 365 mujeres asesinadas en 2018 y, en 2017, la tasa de feminicidios fue la más alta de la región según las Naciones Unidas. Frente a estos casos, la impunidad es la norma.

En el caso de Honduras, al menos 190.000 personas han sido desplazadas internamente debido a la violencia del crimen organizado y las pandillas. Allí, la colusión entre el crimen organizado y las autoridades corruptas es sistemática. Ejemplo de ello es que el pasado mes de octubre el hermano del presidente Juan Orlando Hernández fue declarado culpable de tráfico de drogas por un jurado de Nueva York, mientras que el mismo presidente fue etiquetado como co-conspirador bajo pruebas de que había recibido dinero de un cártel de drogas para su campaña presidencial.

En Honduras, además, las personas defensoras de derechos humanos, de la tierra y el territorio, comunicadores sociales, periodistas y, en general, las personas que levantan sus voces disidentes en contra del Gobierno, se enfrentan a amenazas, ataques y asesinatos como represalias por su labor.

Aunado a estos riesgos, los Gobiernos centroamericanos no tienen ni la capacidad de garantizar una protección efectiva a las y los migrantes. Sus sistemas de asilo son débiles. Entre 2001 y 2017, Guatemala procesó tan solo 800 aplicaciones en total. Por su parte, los programas de recepción hondureños han demostrado ser incapaces de satisfacer las necesidades, siquiera, de los flujos existentes antes de la firma de los acuerdos y, en el caso de El Salvador, la capacidad operativa es muy limitada para recibir y tramitar las solicitudes de protección internacional. En este país, la agencia responsable de revisar las solicitudes de asilo cuenta tan sólo con un oficial y, para 2018, se presentaron únicamente cuatro solicitudes de asilo, tres de las cuales han sido denegadas y una cuarta que aún está siendo examinada.

Estos Gobiernos tampoco cuentan con programas integrales para apoyar la reintegración de los migrantes en la sociedad y asegurar que no vuelvan a ser víctimas de riesgos. Prueba de ello es que el Ejecutivo guatemalteco no ha asumido responsabilidad alguna por las personas que ha recibido bajo el acuerdo. En cambio, la labor de proporcionar alimentos, refugio, atención psicológica, entre otras medidas de atención básica, han sido asumidas en su totalidad por las organizaciones de sociedad civil, llenando así el gran vacío de protección dejado por las autoridades.

Ni Guatemala, ni Honduras, ni El Salvador cuentan con las condiciones necesarias para recibir y atender a las miles de personas en busca de refugio que serán transferidas como resultado los acuerdos.

Aunque la figura de “tercer país seguro” no es explícitamente reconocida en el derecho internacional, de acuerdo con ACNUR, la clasificación de un país dentro de esta categoría debe considerar si éste respeta "los derechos humanos y el Estado de derecho, su historial de no producir refugiados, su ratificación y cumplimiento de los instrumentos de derechos humanos". Además, los países deben tener las condiciones para garantizar un procedimiento justo y eficiente para el acceso a una protección internacional efectiva

Actualmente, las débiles instituciones en Guatemala, El Salvador y Honduras no cumplen con estas condiciones. La falta de financiación de los sistemas de asilo y las deficiencias de sus sistemas de protección internacional crean una situación de incertidumbre para las personas devueltas a estos países. Ninguno de los países receptores tiene la capacidad de ofrecer condiciones de vida adecuadas, acceso a servicios y derechos básicos. La inmadurez de sus marcos y procedimientos jurídicos y la limitada experiencia de sus Gobiernos en la tramitación de las solicitudes de protección internacional plantean serias dudas sobre la posibilidad de obtener una protección efectiva.

En concordancia con el derecho internacional, las personas refugiadas tienen el derecho de solicitar protección una vez que hayan abandonado sus países de origen. Desafortunadamente, los países del norte de Centroamérica no pueden garantizar esta protección. Sumado a la situación de corrupción, impunidad y erosión institucional que enfrentan, los acuerdos firmados con Estados Unidos incrementarán los niveles de inseguridad en países ya de por sí inestables.

En última instancia, los acuerdos socavan los principios fundamentales del Estado de derecho y amenazan la dignidad de algunas de las personas más vulnerables del mundo, al tiempo que fracasarán en disminuir el número de personas que buscan protección internacional. Estos acuerdos pretenden ser una solución de corto plazo que, por el contrario, generará desafíos de largo plazo y exacerbará problemas como la violencia, la corrupción y el tráfico de personas y drogas en una región donde las violaciones de los derechos humanos con frecuencia quedan impunes.

Cerrar las fronteras y externalizar los procesos para tramitar solicitudes de asilo no es una solución. Una respuesta genuina a la situación de movilidad de la región requiere de un esfuerzo sostenido y multilateral, que aborde las causas estructurales de la migración forzada e incorpore debidamente las leyes y normas internacionales diseñadas para proteger la dignidad de las personas obligadas a huir para salvar sus vidas.

Claudia Paz y Paz es directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) para Centroamérica y México.