¿El sueño americano o la pesadilla centroamericana?

La desconsoladora imagen de los migrantes salvadoreños Oscar y su pequeña hija Valeria ahogados en el río Bravo. Las fotografías de niñas, niños y adolescentes enjaulados en centros de detención estadounidenses, calificados por la congresista demócrata Alexandria Ocasio Cortez como “campos de concentración”, en los cuales cinco niños guatemaltecos han muerto en los últimos meses. Las imágenes de miles de centroamericanos enfrentándose a la represión policial y recorriendo el territorio mexicano en sucesivas caravanas, tras la salida de la primera de ellas el 12 de octubre de 2018 desde la ciudad hondureña de San Pedro Sula.

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Ante este panorama, ya no parece apropiado hablar de migrantes en busca del sueño americano sino más bien huyendo de una pesadilla centroamericana y de un contexto que las políticas estadounidenses han tenido un papel fundamental en generar a lo largo de las últimas décadas. El endurecimiento de la política migratoria bajo la administración de Trump no ha frenado mucho menos el fenómeno. En 2017, durante el primer año de mandato de Trump, 294.000 personas del norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador) solicitaron asilo o refugio, un incremento del 58% con relación a 2016.

“Somos pobres, no hay trabajo aquí, por eso se fue mi hija pero lastimosamente la mataron” explicaba la madre de Claudia Patricia Gómez, la joven indígena guatemalteca de 19 años asesinada por un agente de la patrulla fronteriza de Estados Unidos el año pasado. Para muchas personas migrantes el motivo principal para enfrentarse a este peligroso viaje sigue siendo la pobreza y la falta de oportunidades económicas. Como ya señalaba Johan Galtung en los años sesenta, podemos interpretar esta falta de oportunidades como sintomática de una situación de violencia estructural. También en los últimos años, hay que sumar el actual escenario de emergencia climática, con el Corredor Seco Centroamericano como área altamente vulnerable, donde las poblaciones que ya no pueden cubrir sus necesidades de alimento, se ven obligadas a migrar con impactos bien diferenciados para hombres y mujeres.

Al mismo tiempo, un número creciente de personas salen de su país huyendo de la violencia del narcotráfico y las pandillas criminales. Las víctimas de este tipo de violencia se enfrentan a una tasa espeluznante de homicidios, además de sufrir extorsiones, violencia sexual y abuso de autoridad. Esto ha sido recogido por una sentencia reciente que ha obligado al Gobierno salvadoreño a reconocer la existencia del desplazamiento interno por violencia y establecer un protocolo para la coordinación de las distintas instituciones del Estado para apoyar a las víctimas, aunque sigue siendo insuficiente.

Sin embargo, apuntar únicamente a las maras, pandillas u otras bandas de actores ilegales puede ocultar parte de la realidad: la violencia política también desempeña un papel importante. En Honduras el golpe de Estado de 2009, apoyado por Estados Unidos, desató una fuerte crisis económica y política y una interminable represión militar y policial. No se puede separar la violencia política de la violencia criminal, especialmente en los denominados narcoestados. “La crisis como consecuencia del golpe de 2009 marcó el inicio de un nuevo ciclo. A la crisis política siguió la crisis económica, se vivió un aumento de la narcoactividad, de los niveles de violencia y un repunte del militarismo, que se produjo coincidiendo con un aumento de la corrupción y una agudización del modelo económico neoliberal-extractivista, asfixiante para la población”, señala Yolanda Gónzalez, investigadora de la organización hondureña ERIC-SJ (Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación).  Por esa razón, es importante trabajar para fortalecer a las organizaciones hondureñas que luchan contra la corrupción, como forma de devolver a la sociedad su poder y luchar contra la desigualdad.

Aunque la mayor parte del enfoque mediático en el mundo sobre la migración se relaciona con la crisis migratoria a Estados Unidos, también las crisis políticas como las de Nicaragua y Venezuela han provocado migraciones masivas dentro de la región. En cuanto a los desplazamientos internos, El Salvador entró en 2018 en la lista de los diez países más afectados por desplazamientos internos, con al menos un 54% de mujeres. Es así que el desplazamiento interno afecta de forma desproporcionada a las mujeres, por el hecho de que deben desplazarse con sus núcleos familiares, mientras los hombres suelen desplazarse solos. Ellas se enfrentan a riesgos específicos durante su trayecto, como la violencia sexual y la trata de personas a manos de grupos criminales. De igual forma, desde 2014 existe una presencia cada vez más importante de menores no acompañados en las rutas migratorias.

Tanto para las personas que migran a otros países como para las que se desplazan internamente, existe una fuerte estigmatización, y los estados centroamericanos no están respondiendo de una manera adecuada con servicios especiales que podrían facilitar la reubicación. Ante estos intentos fallidos, las organizaciones sociales debemos seguir desempeñando un papel fundamental para luchar contra la impunidad en caso de violaciones de derechos humanos, prevenir al máximo la violencia juvenil y promover una cultura de paz.