La Fiscalía pide para Kike Sarasola cuatro años de cárcel y una multa millonaria por defraudar a Hacienda

El Área de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid ha solicitado cuatro años de prisión para el empresario hotelero Enrique Sarasola Maralunda, su hermano Fernando y la madre de ambos, Cecilia Maralunda Ramírez, por un delito contra la Hacienda Pública. En el caso relativo a Cecilia Maraluna es a causa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente a 2002, y en el caso de sus hijos a causa del Impuesto de Sucesiones.

El representante del Ministerio Público reclama a la viuda de Enrique Sarasola Lerchundi 2.379.758,53 euros en concepto de responsabilidad civil, mientras que a sus hijos la cantidad asciende a los 916.452,10 euros cada uno. Además, les exige el pago de una multa que en el caso de la Cecilia es de diez millones de euros y en el de los hijos de ocho millones (cuatro cada uno), ha informado el Ministerio Público en una nota de prensa.

Kike Sarasola es un conocido empresario madrileño. Criado en el mundo de los caballos —fue jinete olímpico— y muy cercano al partido socialista (sus padres fueron íntimos del expresidente del Gobierno Felipe González), en el año 2006 lanzó una cadena hotelera urbana llamada Room Mate Hoteles que tiene ya una treintena de establecimientos con mil empleados y en los que solo en 2018 se alojaron más de un millón de personas. También se ha implicado activamente en cuestiones políticas y sociales: influyó para que Ciudadanos impulsara los vientres de alquiler, método por el que tiene dos hijos.

El escrito de acusación sostiene que hasta el 2 de noviembre de 2012, fecha en que fallece Enrique Sarasola Lerchundi, la sociedad Hipódromos y Caballos S.A., domiciliada en Madrid y cuyo patrimonio neto declarado en el 2001 ascendía a un total de 26.354.560,29 euros, pertenecía al fallecido y a sus dos hijos en las siguientes cuotas de participación: el 32,24% de las acciones a Enrique Sarasola Lerchundi; el 13,80% a cada uno de sus hijos Fernando y Enrique, y el 40,04% a la sociedad Azulintas BV, sociedad domiciliada en Holanda, la cual está participada al 100% por la sociedad Scoupe International N.V., sociedad domiciliada en Curacao (Antillas Holandesas).

Esta mercantil, a su vez, pertenecía en última instancia a Enrique Sarasola Lerchundi y Cecilia Marulanda Ramírez, casados en régimen de gananciales.

De manera que a través de esta estructura "opaca", según la Fiscalía, compuesta por dos sociedades holandesas, la familia Sarasola detentaba el 100% de las acciones de Hipódromos y Caballos S. A., al ser ambos las personas que en última instancia eran propietarios de Azulintas BV.

A su muerte, Sarasola Lerchundi dispuso que el certificado de las acciones al portador de Scoupe International NV, sociedad domiciliada en Curaçao, se quedara bajo la custodia de la Fundación Lyonmar, entidad panameña constituida a instancias suyas por la madre y abuela, respectivamente, de los acusados, "con el fin de ocultar parte de su patrimonio y de articular el traspaso de sus activos a sus herederos a su muerte".

De este modo dispuso que a su fallecimiento, el Protectorado de dicha Fundación, que hasta entonces era ejercido por él a través de la sociedad Ficavi Holding SA, pasara a estar compuesto por su esposa y dos hijos, quienes podían así disponer libremente de todos los bienes y activos de la Fundación, entre los que se encuentran las acciones de Hipódromos y Caballos S. A., titularidad de Azulintas-Scoupe International NV.

De manera que, al fallecimiento de Enrique Sarasola Lerchundi, sus hijos Fernando y Kike pasaron a ser propietarios de la mitad de ese 40,04% que correspondía a su padre de participación en Hipódromos y Caballos S. A. a través de la estructura Azulintas-Scoupe Internarional NV, cuyo valor neto ascendía para cada uno a 2.661.810,59 euros.

"Ninguno de los acusados declaró la adquisición de estas acciones a título de herencia en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, habiendo ambos renunciado formalmente a la herencia de su padre en territorio español", advierte el fiscal en su escrito.

Por su parte, Cecilia Marulanda Ramírez no declaró en su IRPF de 2002 la mitad que le correspondía de ese 40,04% de participación en Hipódromos y Caballos a través de la citada estructura Azulintas-Scoupe, y cuyo valor neto ascendía a 5.323.621,18 euros.

Así las cuotas defraudadas a la Hacienda Pública ascienden a 916.452,10 euros en el Impuesto de Sucesiones por cada uno de los hijos del fallecido. Mientras que la cuota defraudada a la Hacienda Pública por Cecilia Marulanda Ramírez en su IRPF asciende a 2.379.758,53 euros.