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Columna
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Paro Nacional

Aunque el Gobierno colombiano lo niega públicamente, se discute una reforma al sistema de pensiones y una reforma para la desregularización laboral

Ariel Ávila
Una protesta estudiantil en Bogotá.
Una protesta estudiantil en Bogotá.Efe

Desde finales de los años setenta del siglo XX, no ha habido un gran paro nacional en Colombia. En lo fundamental, luego de aquella movilización en 1977 se produjeron dos fenómenos. Por un lado, comenzó lo que en Colombia se llama la guerra sucia, miles de dirigentes políticos de izquierda, agrarios y sindicales fueron asesinados. Partidos políticos como la Unión Patriótica o el movimiento social A Luchar fueron masacrados, al igual que movimientos campesinos como la ANUC. Por otro lado, se dio un proceso de reformas económicas que destruyó el movimiento sindical. Ya para finales de los años noventa no quedaba mucho, apenas el sindicato de maestros, algunas organizaciones campesinas y uno que otro sindicato pequeño. Todo lo demás lo habían desbaratado o lo habían asesinado.

De tal forma que el movimiento social en Colombia ha comenzado a reinventarse. Algunos movimientos agrarios, conocidos como las Dignidades, el movimiento estudiantil y el sindicato de maestros han liderado esta transformación. Su fuerza se mediará en algunos días, el 21 de noviembre. Los convocantes aspiran a movilizar cerca de dos millones de personas en todo el país, mientras el Gobierno ha inventado todo tipo de acciones para desincentivar la movilización y aspira a que la misma sea un gran fracaso.

Los convocantes del Paro Nacional tienen las condiciones dadas para sacar centenares de miles de personas. Son seis, a grandes rasgos, las reivindicaciones. En primer lugar, una serie de reformas económicas y sociales que ha planteado el gobierno nacional. Entre ellas, una reforma tributaria con la vieja táctica fallida de reducir impuestos a los ricos y aumentarlos a los pobres, con la intención de que el enriquecimiento de unos pocos mejore la distribución económica. De hecho, el año pasado se aprobó una de esas reformas, llamada ley de financiamiento, con una reducción fuerte de impuestos a los ricos y el desempleo se disparó en Colombia, mostrando lo equivocado de esa teoría. Además, se discute, aunque públicamente lo niega el Gobierno, una reforma al sistema de pensiones y una reforma para la desregularización laboral. Incluso, los gremios han propuesto pagar menos de un salario mínimo a los recién graduados de las universidades.

En segundo lugar, la marcha reclama que pare el asesinato de líderes sociales que ha cobrado la vida de más de 500 de ellos. En Colombia cada tres días asesinan un líder social. La tercera reivindicación la lidera el movimiento estudiantil. Básicamente, en las movilizaciones del año 2018 se llegó a una serie de acuerdos y los estudiantes sienten que no se han cumplido. Ampliación de cupos universitarios, reducción de costos de matrícula y mayor presupuesto para la universidad son los reclamos. En cuarto lugar, miles saldrán en protesta contra lo que ellos consideran un mal gobierno de Iván Duque. Lo más reciente fue un bombardeo contra un grupo criminal, el cual habría dejado al menos ocho menores de edad asesinados, incluso se habla que podrían ser más de 15 y varios de ellos habrían sido rematados mientras pedían ayuda debido a las heridas con las que quedaron.

En quinto lugar, muchos saldrán a marchar en reclamo al cumplimiento del acuerdo de paz firmado entre el Estado colombiano y la exguerrilla de las FARC. Es tal el nivel de incumplimiento que el Gobierno de Iván Duque podría pasar a la historia como aquel que revivió a las FARC: más de 120 excombatientes asesinados, la Comisión de la Verdad desfinanciada, sin ningún avance en las metas de cumplimiento a comunidades campesinas, casi nada en materia de restitución de tierras y saboteo a la justica transicional –o JEP–, se convierten en lo más visible. Por último, miles también saldrán en protesta por la defensa de los derechos de minorías, el avance de los sectores de extrema derecha en el Gobierno ha puesto en jaque los logros de las mujeres, minorías LGBTI y derechos de pueblos indígenas y negros. Ese país urbano se espanta ante las propuestas de sectores evangélicos radicales.

Ante esto, el Gobierno ha respondido lo de siempre. Ha intentado deslegitimar la marcha, acusándola de estar infiltrada por terroristas, amenazando con represión violenta e incluso ha acusado al Foro de Sao Paulo de estar detrás. Parece ser que creen en la ridícula teoría de que hay un bus trasladando instigadores desde Venezuela a Ecuador, Chile y Bolivia y dicen que pronto ese bus llegará a Colombia.

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