Daño a Cataluña

Las manifestaciones de rechazo a la sentencia del juicio del procés han puesto de manifiesto la contradicción en la que desde hace tiempo vive el president de la Generalitat, Quim Torra: la de encabezar un Gobierno que llama a la movilización en la calle, al mismo tiempo que ordena la actuación policial de los Mossos contra las protestas independentistas que él mismo alienta. El frívolo argumento de la portavoz de la Generalitat, Meritxell Budó, de que los agentes actuaron para “proteger a los manifestantes” de una posible acusación de sedición trata de ocultar esa contradicción, aunque lo único que logra es hacerla más evidente.

El único motivo por el que el president catalán aplaude las manifestaciones que bloquean infraestructuras de comunicación en claro desafío de la legalidad y, a la vez, envía a los Mossos contra ellas es su voluntad de mantener el control sobre las instituciones autonómicas sin que parezca importarle que su degradación sea cada vez mayor. No es el primer president de la Generalitat que se encuentra en tal situación. Tanto Artur Mas como Carles Puigdemont llegaron incluso a extremarla en el momento en que, siendo los máximos encargados de cumplir y hacer cumplir la Constitución y el Estatuto, encabezaron un movimiento para destruirlos, uno en la consulta participativa del 9-N de 2014, y el otro en la secuencia secesionista de septiembre y octubre de 2017.

La mayor incoherencia de Torra se produce entre su desacato, todavía verbal, de la sentencia del Supremo y a la vez su apoyo al llamado tsunami democrático, movimiento con el que el independentismo derrotado pretende utilizar la solidaridad hacia los condenados a largas penas de prisión para mantener abierto el conflicto, sacar réditos electorales e intentar incluso la repetición del desafío secesionista. Las circunstancias son más adversas que en 2017, especialmente por el cansancio ciudadano, que hace mella en el volumen de las manifestaciones, aunque tiene también el inconveniente de que contribuye a radicalizarlas.

Cuentan también las divisiones en el campo independentista, reflejo de la esquizofrenia entre los deseos de mantener el autogobierno y la pulsión autodestructiva que conduce a despreciarlo en nombre de la quimérica independencia. El resultado es un enorme sufrimiento institucional y ciudadano, que afecta especialmente a Cataluña y a los catalanes. Ninguna institución ha quedado preservada de la degradación que alcanza a todos los ciudadanos: a los independentistas movilizados desde el poder contra la sentencia, y a los no independentistas, excluidos por quienes se han apoderado de la institucionalidad. Los destrozos y los heridos en los enfrentamientos entre manifestantes y Mossos deberían pesar en la conciencia del president.

Mención especial merece la ciudad de Barcelona, víctima directa del asalto secesionista en su economía y su turismo, sus infraestructuras y su imagen internacional, incluso en su pluralismo y su convivencia. La reacción desmedida y visceral ante la sentencia, con la convocatoria de protestas que llaman a la violencia, produce un enorme daño a Cataluña y a sus instituciones, causado por quienes se consideran a sí mismos como los adalides del patriotismo catalán.