Invertir en futuro

En las próximas elecciones se dilucida una cuestión fundamental: ¿el nuevo Gobierno que elijamos va a gestionar la desaceleración económica —que ya está aquí— de la misma manera que la última crisis, o esta vez haremos las cosas de otra forma, pensando en la mayoría social?

Los signos de enfriamiento de la economía son evidentes, y preocupantes: en 2018 crecimos al 2,4%, y Funcas prevé que lo hagamos al 1,9% en 2019 y al 1,5% en 2021. Esto va a significar menor creación de empleo, cuando la tasa de paro todavía sigue duplicando la media europea. Y además esta desaceleración llega cuando aún hay millones de españoles que no se han recuperado del vendaval de la última crisis, y que sufren graves problemas de inestabilidad laboral amplificados por la reforma del mercado de trabajo.

Que las causas de la desaceleración sean principalmente externas no significa que no debamos reaccionar cuanto antes para contrarrestar sus efectos. Pedro Sánchez resta importancia a la situación y Casado la exagera para alarmar. Ni una cosa ni la otra: lo que debemos hacer es aprender de la última crisis y gestionar esta de forma distinta a como lo hicieron el PSOE y el PP. Esto supone impulsar una estrategia que priorice tres objetivos: actuar con rapidez para amortiguar la ralentización, con planes de inversión pública; construir un escudo social para los más vulnerables, y utilizar esta oportunidad para abordar retos estructurales que siguen pendientes o que nos acechan (cambio climático, digitalización, necesidad de elevar la productividad, igualdad de género, desequilibrios interterritoriales…).

Sorprende por tanto que algunos economistas españoles sigan insistiendo en que no existe “margen fiscal” para invertir y evitar la desaceleración

Estos tres objetivos —evitar la caída de la actividad económica, abordar ya los desafíos de medio plazo y garantizar que no empeora la vida de la gente— son compatibles entre sí. Pero lo primero es no repetir los errores del pasado y no responder de nuevo con recortes fiscales y salariales, que solo empeoran las cosas.

Desde hace tiempo venimos insistiendo en que España debe impulsar un programa de inversiones —un New Deal verde y morado— para resolver nuestros problemas de sostenibilidad medioambiental y para impulsar la igualdad de género. La desaceleración no debe llevarnos a abandonar estos planes, sino todo lo contrario: aportarán el impulso que hoy necesita nuestra economía —apuntalando la demanda y el empleo a corto plazo— a la vez que se abordan los retos del futuro —una mayor tasa de empleo femenino, menores importaciones de combustibles fósiles y una mejora de la productividad. Esto permitirá elevar el crecimiento potencial a medio plazo, haciéndolo más inclusivo, más sostenible y menos dependiente del exterior.

No se trata simplemente de gastar para evitar la desaceleración. El Plan E del Gobierno Zapatero ya evidenció los límites de una estrategia centrada en proyectos de escasa productividad. El objetivo debe ser invertir en futuro: en la transición ecológica y energética, en nuevas infraestructuras digitales, en universalizar la educación de 0 a 3 años y en constituir un verdadero sistema de dependencia.

Incluso entre economistas ortodoxos y organismos como la OCDE o el BCE se reconoce que los estímulos monetarios han alcanzado ya su límite, y se defiende abiertamente la necesidad de recuperar el papel activo de la política fiscal. Por si fuera poco, el Tesoro lleva meses emitiendo deuda a tipos de interés negativos y la inversión pública ha retrocedido a niveles de hace dos décadas. Es decir, tenemos la posibilidad de acometer inversiones cuya rentabilidad económica y social será claramente superior a su coste de financiación. Sorprende por tanto que algunos economistas españoles sigan insistiendo en que no existe margen fiscal para invertir y evitar la desaceleración. Hoy, las prioridades son el empleo, el cambio climático o la digitalización, no seguir reduciendo un déficit que ya es sostenible.

Más aún, si realmente queremos que dormir bien no sea patrimonio de unos pocos, esta nueva política económica debe acompañarse de un cambio profundo en la distribución de la renta, que se ha hecho más desigual. La derogación de la reforma laboral y el impulso de un nuevo Estatuto de los Trabajadores que refuerce la negociación colectiva facilitarán que los salarios recuperen el terreno perdido y se conecten nuevamente con la productividad (han crecido muy por debajo).

El programa de inversiones y el cambio distributivo fortalecerían la demanda interna en un momento en el que la externa se resiente, e impulsarían simultáneamente las transformaciones estructurales que precisa nuestro modelo productivo. Estas medidas sentarían además las bases para reconstruir un nuevo contrato social en nuestro país.

Nacho Álvarez es secretario de Economía de Podemos; Jorge Uxó, profesor en la Universidad de Castilla-La Mancha, y Alberto Montero, profesor en la Universidad de Málaga.