Detrás del exceso

Los partidos independentistas han adoptado la estrategia de incrementar la tensión política ante la proximidad del anuncio de la sentencia contra los dirigentes encausados en el Tribunal Supremo. Junto a una desmesurada batería de resoluciones aprobadas esta semana en el Parlament, dirigidas a sostener en el plano de la retórica las reivindicaciones en las que fracasaron al intentar imponerlas por vías de hecho, los grupos partidarios de la secesión de Cataluña han hecho bandera de la detención de siete activistas a los que la Guardia Civil encontró material necesario para la fabricación de explosivos.

De acuerdo con la versión de los partidos independentistas, las detenciones son un intento de criminalizar su programa político, asociándolo con el terrorismo. En realidad, son ellos quienes se están exponiendo a corroborar esa asociación, al cerrar filas con los detenidos, a pesar de los indicios hallados por la investigación y tomados en consideración por el juez que instruye el caso. La atronadora cascada de declaraciones autoproclamando la condición pacífica del programa independentista con motivo de las detenciones no puede ocultar la única que falta: la exigencia de que, por propio interés, la investigación llegue hasta el final. Con este silencio, los partidos que defienden la secesión de Cataluña pretenden desmentir con arrebatos de dignidad ofendida la evidencia de que su estrategia política los ha encadenado a las posiciones defendidas por los Comités de Defensa de la República o la Asamblea Nacional de Cataluña. Tan lejos como estén dispuestas a llegar estas dos organizaciones tendrán que hacerlo los partidos, no solo como hasta ahora en la determinación de los objetivos políticos, sino también en los medios para alcanzarlos, como se ha comprobado en la reacción a las detenciones.

El Gobierno en funciones ha anunciado que recurrirá las resoluciones aprobadas por el Parlament que pudieran ser contrarias al orden constitucional. Es la respuesta más adecuada a la estrategia de incrementar la tensión antes del anuncio de la sentencia, adoptada por los partidos independentistas volviendo a utilizar la cámara legislativa para propósitos ajenos al de asegurar una gobernabilidad inexistente. Porque también en el ámbito parlamentario y no solo en el de las declaraciones los partidos independentistas intentan ocultar detrás del exceso el temor que albergan para las próximas semanas, y es que la reacción ciudadana a la decisión del Tribunal Supremo no esté a la altura de lo que necesitan. Mientras se desarrolló el juicio intentaron desacreditar internacionalmente al tribunal que juzga a algunos de sus dirigentes, y fracasaron. Un nuevo fracaso los privaría de horizonte, y de ahí las dificultades que están encontrando para acordar una respuesta única a la sentencia.

Esta división interna que los partidos independentistas pretenden superar incrementando deliberadamente la tensión política en Cataluña vuelve a poner de actualidad la urgente necesidad de la unidad de acción de las fuerzas que defienden la plena vigencia de la Constitución. Entablar una absurda carrera por mostrarse como el campeón en su defensa ha ofrecido al programa de la secesión un gratuito margen de maniobra política, que sus partidarios no han dejado de explotar incansablemente a su favor. Las tornas han cambiado.