Bisnietos de la estabilización

Bien puede decirse que, para bien y para mal, los españoles somos herederos del Plan de Estabilización, conocido oficialmente en 1959 como Decreto Ley de Ordenación Económica. Durante 20 años, el franquismo, ganador de una guerra de exterminio consciente, había aplicado una política económica inepta y criminal: la autarquía. El resultado fue una innecesaria prolongación de los sufrimientos de la posguerra: depresión económica, inflación, un mercado negro tan extendido como el blanco, colapso del comercio exterior, racionamiento y hambre. Hambre imperial, eso sí. La España de la autarquía sufría un cuadro invasivo de sabañones, frío, hambre, enfermedades galopantes, colas, restricciones eléctricas y fetidez ambiental.

En 1956 el delirio autárquico entró en crisis agónica. El Instituto de Moneda Extranjera disponía en 1957 de 96 millones de dólares para enfrentarse a una deuda externa de 400 millones de dólares. El Gobierno de febrero de 1957 incluyó a dos opusdeístas (la secta religiosa de moda, todavía en el candelero), Mariano Navarro Rubio como ministro de Hacienda y Alberto Ullastres en Comercio. Después de que una misión internacional dictaminara la quiebra de la economía franquista, Franco y sus chiripitifláuticos economistas claudicaron, los falangistas perdieron pie económico y se recluyeron en la retórica imperial y el Plan de Estabilización fue, desde el 21 de julio de 1959, el nuevo orden económico. El Plan restringió el gasto público, devaluó la peseta, aplicó controles al crédito bancario, impuso la congelación salarial, liberalizó el comercio exterior y las inversiones extranjeras. El Régimen se negó a democratizar las relaciones laborales.

El Plan de Estabilización introdujo de hoz y coz a la economía española en el denostado capitalismo; pero en un capitalismo peculiar y cañí. Un modelo primitivo del vigente hoy en España. Ullastres se lamentaba de que los españoles habían perdido la humildad alimenticia y habían renunciado a comer garbanzos. Sesenta años después, la autarquía parece una ocurrencia delictiva, pero se aceptan con mansedumbre algunas improntas franquistas supervivientes de ese capitalismo peculiar en dos o tres partidos políticos dominantes: la indiferencia ante la corrupción, la tolerancia infame de los delitos económicos y la confusión de los ámbitos público y privado.