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Venezuela, SA

Una investigación describe al régimen como una empresa ilegal que se apoya en países iliberales y negocios ilícitos

El presidente Venezolano, Nicolás Maduro, este martes en un acto de Gobierno.
El presidente Venezolano, Nicolás Maduro, este martes en un acto de Gobierno. EFE

Un periodista venezolano ha contabilizado hasta 38 puestos de control en los casi 700 kilómetros de carreteras que comunican la capital, Caracas, y Maracaibo, la segunda ciudad del país. De suyo impresionante —imagínese un número equivalente de peajes en el trayecto Madrid-Barcelona—, la anécdota permite hacerse una idea de la clase de arbitrariedades a las que los venezolanos se ven sometidos. Pero lo más interesante es que los abusivos checkpoints están en manos de hasta media docena de “autoridades” —guardia y policía nacional, policía municipal y local— más algún que otro “colectivo”, ese cruce entre tonton macoutes de Papa Doc Duvalier, milicias del MPLA angoleño asesoradas por cubanos y piratas de las costas somalíes que son el azote de barrios y pueblos enteros.

Es muy llamativo el total divorcio entre la realidad de Venezuela y el “relato” promovido por los medios con el concurso de todos los actores políticos de la siniestra trama venezolana, trátese de los tiránicos gobernantes o de unos opositores que llevan demasiados años cometiendo los mismos errores, fruto de concebir la política como lo hacía el cínico de Talleyrand, es decir, como una actividad en la que las convicciones son lo de menos y solo cuentan las circunstancias. No hace falta buscar más allá las razones de los bandazos de quienes, en menos de seis meses, de jurar que su objetivo es la vuelta a la democracia han pasado a auspiciar (por suerte sin éxito) un Gobierno encabezado por notorios delincuentes chavistas como Vladimir Padrino y Maikel Moreno, y que tras denunciar urbi et orbi las elecciones del fraudulento Maduro, ahora negocian nuevos comicios con sus emisarios. A la comunidad internacional, que tantas vidas de venezolanos ha costado perder para que se decida a apoyar a los demócratas de ese país, le tocará valorar los compromisos adquiridos por el señor Guaidó, y la verdad es que no le arriendo la ganancia.

El subrelato del momento es que el Gobierno se ha levantado de la mesa de negociaciones para protestar contra las últimas sanciones de la Administración de Trump. Bien está. Las sanciones que esta Administración americana ha reforzado desde enero van dirigidas contra miembros del Gobierno y oficiales sobre los que penden acusaciones por delitos varios, incluidas violaciones de derechos humanos, o bien procuran salvaguardar los activos del Estado venezolano en Estados Unidos, vista la inveterada costumbre del régimen de traficar con ellos y embolsillarse los dólares. La indignación por las sanciones es una farsa. Nadie ignora que la industria petrolera venezolana yace en escombros tras dos décadas de sagaz gestión chavista. Cuando Chávez llegó al poder en 1999, Venezuela producía cerca de tres millones de barriles diarios; hoy, a duras penas supera el medio millón de barriles. Sospecho que el régimen no ha abandonado completamente este sector por dos razones: mantener apaciguados y bajo chantaje a los tenedores de bonos de PDVSA (entre los cuales hay destacados opositores, adoradores conspicuos de la democracia, pero aún más del becerro de oro) y seguir regalándole petróleo al amo cubano.

Es muy llamativo el total divorcio entre la realidad y el “relato” promovido por los medios con el concurso de todos los actores políticos

La realidad venezolana tiene poco que ver con estas ficciones. Quien quiera comprender el porqué de los 38 checkpoints o de la inutilidad hasta la fecha de las sanciones, leerá con provecho el informe de Douglas Farah y Caitlyn Yates, La última resistencia de Maduro. Estos investigadores describen no ya un país llamado Venezuela, sino una empresa ilegal que forma parte de una red criminal integrada por países con regímenes iliberales y por actores informales, dedicados al enriquecimiento ilícito mediante toda clase de tráficos, desde narcóticos y armas hasta minerales preciosos y trata de personas. En el caso de Venezuela, hay fundadas sospechas de que el generado por la minería ilegal de oro, diamantes y coltán ha contribuido a mantener en el poder a Maduro y sus secuaces. “Solo en 2018, el Estado venezolano vendió 73,2 toneladas de oro en Turquía y Emiratos Árabes Unidos”, y parte de este botín ha sido rastreado hasta Uganda. El régimen venezolano también hace negocios con unas milicias a las que ha cedido el control efectivo de parte del país: actualmente, 12 de sus 25 entidades territoriales están parcialmente bajo el control de las dos guerrillas colombianas del ELN y las FARC y de los mencionados colectivos. Incluso hay o ha habido una base de entrenamiento de Hezbolá en isla Margarita.

Gracias a Chávez y su heredero, Venezuela dejó hace tiempo de ser un país con futuro. Ahora hay serias dudas de que pueda seguir siendo considerado un país como cualquier otro y no un consorcio de empresas criminales. ¿Cómo enfrentarse a eso? Lo ignoro, pero parece razonable pensar que las sanciones no bastarán para desalojar de Miraflores a Mackie Maduro Messer y su gang, porque ellos tienen una navaja, pero nadie la quiere ver…

Ana Nuño es escritora.

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