Primer acto

La renuncia a integrar un eventual Gobierno de coalición, en el último momento, por parte del líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, parece haber despejado el camino para la investidura del candidato socialista, Pedro Sánchez, a la presidencia del Gobierno. El desenlace del pulso mantenido por ambos dirigentes desde hace semanas llevaría a pensar que Sánchez se ha impuesto a Iglesias, pero, a cambio, habrá un Gobierno de coalición y no monocolor, que era una exigencia central de Unidas Podemos. No está todo logrado para el desenlace final: la exigencia última de Iglesias, reclamando designar los cargos que integrarían el equipo ministerial de Sánchez, choca con el hecho de que, constitucionalmente, es el presidente quien elige a su equipo. Y ello dando por descontados los requisitos de competencia, que en ningún caso pueden ceder a los de la conveniencia orgánica, y que afectan de igual modo a los dos partidos coaligados.

La propuesta socialista de abordar la negociación del programa como siguiente paso para el acuerdo de investidura es sin duda coherente con esta necesidad de competencia de los candidatos a formar parte del Consejo de Ministros. Pero su relevancia política es previa y más reveladora de la anomalía que se había instalado en el corazón del sistema parlamentario, hasta provocar el espejismo de que era este el que fallaba: han sido necesarios tres meses para que las fuerzas con representación parlamentaria hayan comenzado a hablar, por fin, de las reformas y prioridades que el país necesita con urgencia. Fue para decidir el sentido y la profundidad de esas reformas para lo que los ciudadanos acudieron a las urnas, no para participar en un juego táctico sin contenido, en el que unos partidos se negaban a pactar con otros de antemano por razones electoralistas o, incluso, psicológicas; en ningún caso, por los únicos motivos atendibles en una Cámara constituida legítimamente, en la que los miembros que ocupan efectivamente un escaño es porque no existen razones legales que lo impidan y en el que cada diputado, por el simple hecho de serlo, deja de representar exclusivamente a sus electores y pasa a hacerlo de la totalidad de la ciudadanía.

De no fracasar el potencial acuerdo de investidura al que ha abierto la puerta la renuncia de Iglesias, el siguiente obstáculo consistirá en garantizar la gobernabilidad para la legislatura. La aritmética parlamentaria exigirá de manera inexorable la participación directa o indirecta de fuerzas políticas cuyas acciones recientes trataron de poner en jaque el orden constitucional. La tentación de utilizar su posición para exigir contrapartidas incompatibles con ese orden no ha desaparecido de su discurso, conscientes, además, de la ventaja que les ofrece gratuitamente la división entre los partidos no independentistas. Roza la más injustificable sinrazón el hecho de que estos no hayan logrado siquiera afirmar conjuntamente su compromiso con la unidad territorial en torno a la Constitución, desencadenando, en contrapartida, una competición tan estéril como narcisista por exhibirse como los campeones en su defensa.

El pleno que comienza mañana podrá tal vez conducir al desbloqueo institucional, pero es casi seguro que será el primer acto de una legislatura muy complicada, con voluntad de durar cuatro años, en la que todos los partidos habrán de normalizar sus actuaciones. Como el bloqueo vivido hasta ahora, también la crispación ha sido un fenómeno inducido por las actitudes políticas de los partidos. Cabe esperar que las fuerzas que han buscado la salida que empieza a perfilarse para así denunciarla no incurran en el fariseísmo de rasgarse las vestiduras. Tuvieron en su mano facilitar otra salida, que desdeñaron no porque le conviniera al país, sino a sus ensoñaciones electorales. Ahora todo depende de los programas, de la transparencia con la que sean negociados y expuestos, y de su inequívoco encaje en el marco constitucional.