Alerta social

La precariedad laboral afecta principalmente a los jóvenes, como acaba de poner de manifiesto una vez más un estudio del Banco de España. Los jóvenes españoles ganan hoy lo mismo que a finales de los años noventa y son la primera generación que tiene unos ingresos laborales inferiores a los de la generación precedente. No es exagerado calificar su situación de dramática, ni tampoco reclamar soluciones rápidas para un problema que amenaza con enquistarse como un factor de desestabilización social y política. El Observatorio de Emancipación acaba de difundir un informe en el que radiografía las penalidades de los más jóvenes en España: solo el 19% de los menores de 30 años ha conseguido emanciparse, por la poderosa razón de que necesitarían como media el 90% de su salario para alquilar un piso.

Los jóvenes no son los únicos que sufren los estragos de la precariedad. En parecida situación se encuentran los parados de larga duración, entre los que suelen abundar los mayores de 45 años. El mercado laboral aparece estrangulado, con distintos grados de intensidad, por los dos extremos de la pirámide poblacional. Las expectativas a corto plazo son incluso más preocupantes. A diferencia de otras depresiones o recesiones, la precariedad se está convirtiendo en el modo de operar habitual entre los ofertantes de empleo. Este fenómeno, socialmente muy grave, se manifiesta en que la contratación de mala calidad, temporal y a tiempo parcial, sigue aumentando a pesar de que la economía española ha vuelto a la senda del crecimiento y en la resistencia explícita de los grupos empresariales y lobbies afines a modificar la reforma laboral de Rajoy.

Corregir esta situación requerirá tiempo, un Gobierno estable a pleno rendimiento y la aplicación de cambios normativos de calado. Pero la persistencia de la precariedad en condiciones económicas favorables, justifica la conveniencia de proponer para la próxima legislatura un debate en profundidad sobre la aplicación de un modelo de renta básica en España. Por muchas razones. La protección social hoy es insuficiente, como puede apreciarse por los porcentajes decrecientes de cobertura pública del desempleo; con frecuencia es también ineficiente, porque su eficacia nominal se dispersa por los meandros de las competencias administrativas y el piélago de modalidades vigentes. Para colmo, el mantenimiento de ayudas públicas suele depender de la simpatía ideológica, mayor o menor, del Gobierno en ejercicio.

Una renta básica, que no tiene por qué ser universal y podría aplicarse con las condiciones o perímetros que se consideren convenientes, permitiría zanjar la desatención social a una parte importante de la población, que todavía sufre las consecuencias de una crisis y de una recuperación parcial de salarios y rentas. Simplificaría además la maraña administrativa de ayudas sociales —subsumiría o sustituiría a algunas— y contribuiría a sostener el consumo y la base del crecimiento económico. Los criterios básicos para abordar ese debate son que el modelo de renta sea pactado y que sea financiable. El modelo propuesto por la AIREF podría ser una base aceptable para el debate. Es una iniciativa política que la situación real de jóvenes y de parados mayores de 45 años está más que justificada.