División sin fin

El pacto entre el PSC y Junts per Catalunya para poner en manos de los socialistas la Diputación de Barcelona ha provocado una profunda división en el independentismo catalán. El acuerdo entre las dos fuerzas políticas alcanzado de una manera transparente y dentro del estricto marco constitucional habría fragmentado al bloque secesionista, que sufre así en carne propia la dolencia que inoculó en la sociedad catalana con su empeño por dividir a los catalanes entre unionistas e independentistas para poder a su vez separarlos del resto de los españoles. Quienes convierten la división en virtud están ahora fatalmente divididos entre ellos mismos por más que clamen constantemente por la unidad entre sus partidarios.

La división se expresa en todos los planos de la vida política catalana, salvo el territorio exento para las buenas consciencias de la solidaridad con los políticos presos y huidos como consecuencia de la obligada acción de la justicia ante el amago de suspensión de la Constitución en el otoño de 2017. Los partidos independentistas se hallan enfrentados en razón de los pactos locales —Ayuntamientos, diputaciones y consejos comarcales— en los que por primera vez se ha roto el cordón sanitario impuesto por el independentismo a quienes no obedecían a sus pretensiones. Tanto Esquerra Republicana como Junts per Catalunya han pactado con el PSC (en 22 y 26 ayuntamiento respectivamente) en contra de la unidad independentista y sustrayéndose alcaldías entre las dos formaciones independentistas, con el caso más visible y sustancial, el de la Diputación de Barcelona.

La división ha llegado al seno de Junts per Cataluña, donde la corriente encabezada por David Bonvehí ha dado la presidencia a la socialista Núria Marín en detrimento del candidato de Esquerra y de las posiciones sustentadas por el entorno de Puigdemont y por el militantismo secesionista de la ANC y Òmnium. Y también afectan a la actitud a adoptar ante la investidura de Pedro Sánchez, con posiciones tan distantes como la exigencia de un referéndum de autodeterminación por parte de Quim Torra o la decantación al menos hacia la abstención sin condiciones por parte de Esquerra y del renacido Artur Mas.

Lo mismo sucede con la respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo, observada por los más radicales como la oportunidad para una nueva intentona y por los ahora más realistas de Esquerra como la oportunidad de unas elecciones catalanas en las que finalmente superen al nacionalismo de raíz convergente. Para Quim Torra y la sociedad civil secesionista ni siquiera interesa convocar elecciones, pues significan poner en riesgo el poder autonómico actualmente al servicio de la secesión —especialmente TV-3— y propiciar la dinámica divisiva entre los partidos secesionistas en competencia.

La división tiene otras consecuencias, y la mayor es la reaparición de la diferencia entre derechas e izquierdas en un universo político hasta ahora organizado solo en razón del eje nacionalista. También se ha roto en los pactos el frente en favor y en contra del artículo 155 de la Constitución, en el que se empeñaban hasta ahora los secesionistas. Es toda una paradoja que las críticas de Cs al PSC por pactar con el independentismo coincidan con las del fundamentalismo de Torra, ambos de acuerdo en dar la alcaldía y la Diputación de Barcelona a Esquerra.