Debilidades de la democracia

El informe Foessa-Cáritas sobre desigualdad y la encuesta de condiciones de vida elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) describen con gran exactitud la mala situación económica real de muchos españoles 10 años después del inicio de la crisis financiera. La evolución de parámetros macroeconómicos como el crecimiento ha dejado de ser una radiografía suficientemente fiable del bienestar económico, puesto que la crisis y la recesión han aumentado el grado de desigualdad y, como muestra el informe Foessa, ha enquistado el riesgo de exclusión social, que afecta ya, de forma directa o indirecta, a más de 8,5 millones de personas, 1,2 millones más que antes de la crisis. España crece más, pero muchos ciudadanos se han quedado a la intemperie.

Los investigadores de Foessa describen, con una base estadística difícilmente mejorable, la precariedad en el empleo, la debilidad distributiva, la frustrante dificultad de los trabajadores para acceder a la vivienda y, como matriz de esta “contrarreforma social profunda”, la quiebra del llamado ascensor social, el que permitía a los españoles procedentes de familias con rentas más bajas, mediante estudio y trabajo, acceder a rentas medias o altas. Sin duda, no es la primera vez que un estudio alerta sobre el subempleo y el riesgo de un futuro políticamente convulso o polarizado, pero el de Foessa cuantifica y argumenta cada una de las amenazas que se ciernen sobre el tejido político y social, incluso en el extremo sobre la legitimidad de las instituciones, causadas por la crisis y por las políticas de ajuste de rentas y de gasto aplicadas para superar la recesión.

El INE, en su encuesta sobre condiciones de vida, ratifica en su ámbito, aunque en un enfoque más limitado, la evidencia de la desigualdad. Los ingresos de los hogares han mejorado, incluso llegan al nivel de 2008, y las tasas de pobreza y desigualdad disminuyen, pero a un ritmo demasiado lento. Tan leves mejoras no impiden que uno de cada tres hogares no pueda permitirse unas vacaciones o un gasto imprevisto. La factura de la recesión ha caído sobre las rentas más bajas y todavía, a pesar de los tímidos repuntes salariales, persiste una brecha social en forma de desigualdad y exclusión social.

Esta brecha solo puede cerrarse mediante una redistribución del crecimiento de rentas privadas que traslade parte de las mejoras de los beneficios a los salarios y a través de políticas sociales financiadas desde el Estado. Basta con seguir el informe Foessa y la estadística sobre la situación de los hogares para señalar con claridad cuáles son las decisiones públicas necesarias para restañar el deterioro social. Hay razones, de entrada, para reclamar un Gobierno estable que aumente la cobertura del gasto social, que sea capaz de financiar ese crecimiento mediante una reforma tributaria y que esté dispuesto a aceptar debates de calado sobre la oportunidad de instaurar una renta básica, universal o limitada. Los sindicatos y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) han ofrecido sus modelos. Las amenazas de la desigualdad y la exclusión sobre la estabilidad política justifican un debate público serio y ordenado.