Europa llama la atención

La política económica durante los próximos cuatro años está condicionada, en primer lugar, por la formación de un Gobierno estable con un amplio apoyo, con el fin de ahuyentar los desequilibrios que aumentan la debilidad política. Una vez formado, ese Gobierno habrá de hacer frente a dos exigencias que, si bien no son contradictorias, pueden limitarse entre sí. Por una parte, tendrá que honrar el compromiso con Europa de reducir el déficit y la deuda pública de forma sostenida; por otra, deberá corregir los efectos sociales de unas políticas anticrisis que han elevado la precariedad salarial y laboral y reducido la protección social. Este programa solo es posible con un aumento de la recaudación fiscal. Y este es el mensaje que debe transmitir el próximo Ejecutivo para hacer que sus decisiones políticas sean entendidas por los ciudadanos.

Bruselas ha tomado nota del Plan de Estabilidad Financiera, presentado con poca fortuna, sin la publicidad y la transparencia debidas, por el Gobierno en funciones y ha respondido con varias observaciones enlazadas entre sí. España sale del procedimiento de déficit excesivo, una buena noticia que permitirá al próximo Gobierno trabajar sin la presión de “ajustarse a las décimas”, pero Europa entiende que en 2019 y 2020 España no cumplirá con el compromiso pactado de reducción del déficit (1,3% del PIB y 0,5%, respectivamente). En consecuencia, pide nuevos ajustes. El problema político, para cualquier Gobierno y para el Parlamento, es cómo se ejecuta ese ajuste, porque la situación presupuestaria y del sistema de protección social en España desaconseja terminantemente aplicarlo a través de nuevos recortes del gasto público.

El primer paso, el más importante, es aprobar unos Presupuestos para este año que incluyan algunas de las subidas de impuestos previstas antes de las elecciones y, por lo tanto, consigan minimizar los efectos desastrosos sobre el déficit y el gasto social del bloqueo parlamentario urdido antaño por el PP y Ciudadanos. Esta sería la decisión más urgente. Pero este esfuerzo inmediato debe tener continuidad. No es baladí que el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, haya reclamado una “reorientación” de la política fiscal mediante una reducción organizada de los beneficios fiscales. “Producen pérdidas importantes de recaudación y distorsión en la eficacia y equidad del sistema”, ha explicado.

La posición del Banco de España debería sumar fuerzas para proponer una reforma fiscal, orientada a aumentar la recaudación, con el máximo acuerdo político que se pueda alcanzar, con el fin de conseguir un nivel de ingresos suficiente para reducir paulatinamente la deuda y elevar el gasto social. La recaudación tributaria en España está muy lejos de su potencial y esa carencia impide desarrollar una política económica estable y mantener el Estado de bienestar. Expresiones como “meter la mano en el bolsillo de los españoles” o “impuestazo” no solo reflejan el desconocimiento de las exigencias financieras públicas, sino también la voluntad de que sean las rentas más bajas las que carguen con los costes de la crisis.