Las plataformas y la precarización

Los altos ejecutivos no suelen firmar tribunas en prensa salvo en operaciones de comunicación muy escogidas o para tranquilizar a sus accionistas en momentos de crisis. Por eso no es menor que la semana pasada tres altos cargos de las plataformas de servicios de coches Uber y Lyft escribieran en el San Francisco Chronicle que están dispuestos a pagar y proteger más a sus conductores. Todo, a condición de no reconocerles como empleados. El contexto de ese ofrecimiento es una batalla judicial. Este verano el Senado de California se pronunciará sobre una propuesta de ley para que a los trabajadores de las plataformas se les reconozca la relación laboral. Si sale adelante, cientos de miles de personas que prestan sus servicios llevando paquetes, haciendo la manicura o traduciendo documentos podrían convertirse en empleados con un salario mínimo definido por ley.

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El problema es que esta sentencia puede no ser suficiente para poner orden. Ha habido resoluciones contradictorias sobre la laboralidad de los trabajadores de plataformas digitales. Y no solo en EE UU: lo mismo ha ocurrido en Francia, el Reino Unido, Italia y España. Con semanas de diferencia, unos tribunales han argumentado que son trabajadores por cuenta ajena y otros, autónomos. Una maraña de inseguridad jurídica que los expertos no consiguen deshacer. Algunos como Luz Rodríguez, profesora de Derecho del Trabajo de la UCLM y coautora del estudio Plataformas digitales y mercado de trabajo, apuestan por centrarse en conceder más derechos sin definir el estatus, por pensar en un sistema que vaya más allá del contrato.

El mercado de trabajo, ya de por sí complejo, se ha vuelto una olla a presión. Es el momento de mantener un debate honesto. La precarización no ha nacido con la economía digital. Muchas de estas empresas han permitido el acceso al empleo en zonas remotas y la trazabilidad en países dominados por la economía informal. Pero están aflorando vacíos que es preciso definir cuanto antes para proteger al más débil. Como decía un exrepartidor de una de estas compañías en Francia, la precariedad no permite al trabajador cometer el más mínimo error. A él le comunicaron que ya no le necesitaban a través de un mensaje de texto en su móvil.

La Organización Mundial del Trabajo no se ha metido a fondo en este tema, y llega tarde. En Europa las competencias en legislación de empleo las tienen los Estados, pero la Unión puede establecer una base de derechos, como ha hecho con los autónomos. Las plataformas han generado dinamismo, pero han diluido la cohesión del empleo y la protección social. La pregunta es si los Gobiernos están dispuestos a revisar el juego de fuerzas entre flexibilidad y seguridad, a abrir el melón del contrato social sin destruir negocios.@anafuentesf