Juegos de poder

La semana que se inicia este lunes será decisiva para la formación de los órganos de Gobierno municipal salidos de las elecciones del pasado 26 de mayo. La novedad en esta ocasión es que los pactos que se alcancen en los Ayuntamientos determinarán los que se puedan formalizar en las autonomías y en el Congreso de los Diputados, donde el candidato socialista, Pedro Sánchez, intentará hacer efectivo el encargo de formar Gobierno recibido del Rey. Al igual que en la anterior legislatura, el aspirante a la presidencia del Ejecutivo no compareció ante don Felipe con los apoyos parlamentarios para su investidura comprometidos, de modo que, también en esta ocasión, la negociación para configurar una mayoría será posterior al encargo del jefe del Estado, no anterior, como había sido la práctica desde la entrada en vigor de la Constitución.

Las razones que explican este proceder por parte de los candidatos fueron distintas en 2016 y en este momento, pero ni entonces ni ahora justifican que necesidades políticas coyunturales de los partidos consoliden cambios institucionales de apariencia marginal, pero determinantes en el funcionamiento del conjunto del sistema. El hecho de que el jefe del Estado tenga que conformarse con encargar la formación de Gobierno al candidato con mayor número de diputados, no al que haya articulado los apoyos requeridos antes de comparecer ante él, consolida la idea de que en el sistema español los ciudadanos eligen directamente a los presidentes del Ejecutivo, no a los miembros de las Cámaras representativas que los invisten y ante las que son responsables.

El matiz revela su trascendental gravedad cuando, como es el caso, los partidos han anticipado al jefe del Estado vetos o apoyos que no tienen como fundamento el acuerdo o el desacuerdo en torno a un programa que nadie ha negociado, sino posiciones de principio que lo mismo pueden responder a la animadversión entre los líderes que a la búsqueda de ventajas partidistas. En ningún caso, al respeto a la voluntad ciudadana, a la preocupación por preservar las instituciones ni tampoco al compromiso de abordar los problemas del país, que pasan a un segundo plano frente a descarnados juegos de poder.

La proximidad entre las elecciones generales, municipales y autonómicas solo ha servido por el momento para ampliar el escenario donde desarrollar estos juegos, convirtiendo la gobernabilidad del país en todos sus niveles en un rompecabezas tal vez irresoluble. Los programas municipales importan menos que el reflejo de las combinaciones para aprobarlos en los Ejecutivos autonómicos, y los programas de estos, menos que la ampliación del margen para negociar apoyos a un Gobierno. Con el agravante de que, al amparo de este galimatías, va generalizándose la resignación ante una práctica parlamentaria aberrante, como es la de formar Gobiernos, no porque dispongan de mayorías que los respalden, sino porque no existen mayorías alternativas para desalojarlos.

La renovación de la práctica totalidad de las instancias políticas en España a través de unas convocatorias a las urnas superpuestas en el tiempo puede servir para relegitimar el sistema después de unos años convulsos, en los que se superpusieron una crisis económica y una crisis social. Pero también convertirse en la ocasión para profundizar en los errores que lo han traído hasta aquí, debilitándolo.