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Las tácticas de la policía francesa contra los trabajadores humanitarios

Amnistía Internacional denuncia el acoso y las intimidaciones sufridas por defensores de inmigrantes y refugiados en el norte de Francia

Policía francesa cerca de las llamas en la víspera de la evacuación y el traslado de migrantes a los centros de recepción en Francia, y el desmantelamiento del campamento llamado 'La selva' en Calais, Francia, el 23 de octubre de 2016.
Policía francesa cerca de las llamas en la víspera de la evacuación y el traslado de migrantes a los centros de recepción en Francia, y el desmantelamiento del campamento llamado 'La selva' en Calais, Francia, el 23 de octubre de 2016. REUTERS

La hostilidad hacia los defensores de los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas en Francia ha sido documentada por Amnistía Internacional, que el pasado 5 de junio publicó un informe con sus principales hallazgos. El documento se titula La solidaridad en el punto de mira: criminalización y hostigamiento de personas que defienden los derechos de los migrantes y refugiados en el norte de Francia y revela cómo la policía y el sistema judicial galo atacan, en un intento deliberado de restringir los actos de solidaridad, a quienes ayudan a este colectivo vulnerable en los municipios de Calais y Grand-Synthe, en el norte del país. Dos años y medio después de la destrucción del asentamiento denominado La Jungla, más de 1.200 personas refugiadas y migrantes, entre ellas menores no acompañados, viven en tiendas y campamentos sin acceso habitual a agua, saneamiento, comida, cobijo o asistencia jurídica. Los desalojos, el acoso y la violencia a manos de la policía son comunes.

“Proporcionar comida a quienes tienen hambre y ofrecer calor a quienes carecen de hogar se ha convertido en una actividad cada vez más arriesgada en el norte de Francia, pues las autoridades atacan de forma habitual a quienes brindan ayuda a las personas migrantes y refugiadas”, ha manifestado Lisa Maracani, investigadora de Amnistía Internacional sobre defensores y defensoras de los derechos humanos.

El Ayuntamiento de Calais prohibió la distribución de alimentos en marzo de 2017 y obstruyó la entrega de unas duchas portátiles en las instalaciones de una organización benéfica local. A lo largo de ese año, la policía trató de impedir que los defensores de los derechos humanos distribuyeran alimentos, intimidándolos y revisándolos con una identificación periódica, e imponiendo multas de estacionamiento a furgonetas y automóviles que llevaban comida. Desde marzo de 2018 se ha implementado una distribución diaria de alimentos, subvencionada por el Estado y proporcionada por una ONG.

En los últimos años, particularmente desde la demolición de La selva en 2016, los defensores de derechos humanos aseguran que la presión sobre ellos ha aumentado. Estos son algunos ejemplos que ha documentado Amnistía Internacional.

Difamación

Algunos funcionarios públicos han vertido declaraciones que han contribuido a aumentar la hostilidad de la policía y la sociedad en general hacia los defensores de derechos humanos, declaraciones generalmente centradas en torno a la idea de que quienes brindan ayuda contribuyen a atraer más inmigración. Lo hizo en marzo de 2017 el alcalde de Calais cuando emitió una orden municipal que prohibía la distribución de alimentos entre migrantes y refugiados porque era "un riesgo para la paz y la seguridad". También afirmó que las organizaciones humanitarias son cómplices a veces "de actos delictivos graves".

Gérard Collomb, entonces ministro de Interior, acusó a las organizaciones locales de agravar un incidente violento entre migrantes y refugiados que ocurrió en Calais a principios de 2018. Un portavoz de su partido afirmó que muchas de estas asociaciones tenían a militantes de extrema izquierda infiltrados

En enero de 2019, cinco gendarmes pidieron la documentación a cuatro voluntarios que paseaban por una playa. La razón, que estaban ayudando "a la inmigración ilegal" y que debían estar afiliados a traficantes de personas dado que se encontraban en la playa.

Corchos con clavos encontrados en el suelo del aparcamiento de Cáritas Francia en Calais, en julio de 2018.
Corchos con clavos encontrados en el suelo del aparcamiento de Cáritas Francia en Calais, en julio de 2018.

El impacto de estas acciones es relatado por Hisham Aly, trabajador humanitario de Caritas Francia. "Estamos constantemente acusados de traer inmigrantes aquí, pero es ridículo decir esto solo por algunos puntos de agua, comida y duchas. Los inmigrantes están aquí porque quieren ir al Reino Unido", indica. A Hisham le han dicho en ocasiones los vecinos que las organizaciones como la suya son muy malas para la ciudad y le preocupa que este fomento de la hostilidad haya contribuido a actos de vandalismo, como cuando el año pasado alguien esparció corchos con clavos en el aparcamiento de su organización o cuando les rajaron las ruedas de sus furgonetas.

Intimidación y obstrucción

Los defensores de los derechos humanos entrevistados dijeron a Amnistía que habían sido intimidados y obstruidos por la entrega de alimentos y otros servicios esenciales para las personas en movimiento. Beatrice (nombre ficticio) ha ayudado de manera voluntaria en Calais desde hace 12 años. Permite que la gente cargue el teléfono en su garaje, les deja lavarse y distribuye artículos de primera necesidad. Ha sido amenazada por sus vecinos con una demanda por "incitar a degradar la propiedad de otros" y en junio de 2018 le dejaron una rata muerta en el césped. Además, contó a AI que la policía antidisturbios visita su casa dos o tres veces por semana. "Llevan armas grandes. Algunos toman fotos de lo que hago, del interior de mi garaje". Ella ha sido testigo de cómo la policía rocía a los migrantes con gases lacrimógenos en la cara mientras dormían en su jardín.

A principios de 2017, la policía entró a las oficinas de Cáritas Francia (Secours Catholique) y su almacén fue bloqueado por las autoridades municipales para impedir la entrega de duchas portátiles al campo informal de refugiados. El bloqueo duró hasta que un tribunal ordenó su levantamiento, semanas después y durante todo ese tiempo los voluntarios tuvieron que identificarse ante la policía cada vez que entraban y salían del edificio. Poco después la trabajadora Mariam Guerey fue arrestada por, presuntamente, traficar con migrantes. Fue liberada sin cargos al cabo de unas horas.

Otro ejemplo es el de Yolaine Bernard, la voluntaria de la organización benéfica Salam, que ha distribuido alimentos y ropa a migrantes en Calais incluso cuando esta práctica fue prohibida por el Ayuntamiento los primeros meses de 2017. En una ocasión la policía le obligó a sentarse en un banco de un parque donde estaba repartiendo alimentos durante hora y media, y no la dejaron hablar con nadie. "Sentí que me estaban castigando como a un niño", dijo a AI. En julio de 2017, Bernard vio cómo unos policías rajaban la cara de dos de sus compañeros voluntarios, y asegura haber perdido la cuenta de los incidentes que ha presenciado: les ponen multas injustificadas, les graban, les hacen fotos y les identifican constantemente... y ha visto como los antidisturbios golpean a los migrantes y los tratan de forma racista: "Una vez vimos a la policía dar plátanos a los migrantes y llamarlos monos. Durante el Ramadán de este año [2018], pusieron un cerdo de plástico en el parabrisas de una furgoneta antidisturbios".

El 2 de julio de 2018, la policía pidió la identificación y registró la furgoneta de tres voluntarias británicas del Centro de Mujeres Refugiadas. "Nos dijeron que fuéramos con ellos a la comisaría. Cuando preguntamos por qué, nos dijeron 'porque somos la policía y ustedes son extranjeras", cuenta Nelly, una de ellas. Estuvieron retenidas cuatro horas y fueron interrogadas como sospechosas de incumplir la prohibición de entregar alimentos a los refugiados. En agosto de 2018, Akim T., vicepresidente de la organización de la sociedad civil local DROP Solidarité, estaba a punto de distribuir tiendas de campaña y sacos de dormir a menores no acompañados en un campamento cuando fue retenido por agentes antidisturbios y sometido a un registro corporal pese a haber entregado todos los papeles que le solicitaron.  Finalmente, se le permitió acceder al campamento, pero fue seguido por los oficiales que le tomaron fotos, por lo que se sintió intimidado y decidió no distribuir nada. Antes de irse, dijo que la policía le dijo: "estaremos aquí 15 días. En este momento somos geniales, pero puede que no seamos tan geniales en 15 días"

Arrestos, amenazas y persecución

La policía interroga a voluntarios durante los desalojos forzosos de migrantes y refugiados. En marzo de 2017, Robert (nombre ficticio) decidió dormir durante la noche en una tienda junto a migrantes y refugiados en Calais para presenciar con sus propios ojos los desalojos, las palizas y la destrucción de propiedades de las que le habían hablado repetidamente. Le dijo a Amnistía Internacional que fue despertado a medianoche por la llegada de la policía. Comenzó a filmar, pero casi de inmediato la policía lo tomó a él y a todos los demás ciudadanos extranjeros presentes bajo custodia. Aunque la mayoría de las personas extranjeras fueron puestas en libertad poco después, él permaneció detenido durante 10 horas, y luego fue liberado sin cargos y no se le proporcionó ningún fundamento legal que justificara su detención.

En agosto de 2017, la voluntaria Manon (nombre ficticio), vio cómo la policía desalojaba a la fuerza a unos 40 inmigrantes y refugiados que dormían bajo un puente en Calais. Aunque simplemente estaba observando, fue arrestada y luego puesta bajo custodia bajo sospecha de "rebelión", pero liberada más tarde ese día sin cargos. También Loan Torondel, que trabajaba con L'Auberge des Migrants en Calais, fue acusado de difamación por un tuit que publicó en enero de 2018, cuando estaba a cargo de monitorear los desalojos diarios. El contenido incluía una foto de policías franceses parados frente a un hombre que parece ser un migrante o un refugiado sentado en su saco de dormir. La leyenda sugiere que los oficiales están a punto de quitar la manta del hombre en temperaturas muy frías. En septiembre de 2018 fue declarado culpable de "difamación de funcionarios públicos" y condenado a una multa suspendida de 1.500 euros, y a casi 1.000 euros en costas y daños, que no fueron suspendidos.

Acoso y asalto

Eleonore Vigny, quien estuvo a cargo de la defensa y las cuestiones legales de L'Auberge des Migrants y participó en el proyecto de Observadores de Derechos Humanos en Calais, un proyecto apoyado por organizaciones locales para documentar violaciones de derechos humanos, dijo a Amnistía Internacional en julio de 2018 que había un aumento en la intimidación de voluntarios y que habían surgido nuevas técnicas de acoso: primero, controles de identidad y multas de estacionamiento, y desde abril y mayo también registros corporales, especialmente de mujeres voluntarias, algunas veces hechas por oficiales masculinos. "También hubo una escalada de insultos, y la gente ha sido empujada, a veces al suelo. A principios de junio, una voluntaria fue retenida por la garganta. Y recientemente recibimos más amenazas de demandas legales y amenazas de arrestos ".

Un informe publicado en agosto de 2018 por cuatro organizaciones, incluido L'Auberge des Migrants, Utopia56, Help Refugees and Refugee Info Bus, contabilizó 646 casos separados de abuso policial contra voluntarios entre noviembre de 2017 y junio de 2018, incluidas multas de estacionamiento injustificadas, fotos y grabaciones de vídeo por policías con teléfonos personales; comprobaciones frecuentes de identificación; registro de vehículos; insultos y amenazas, y varios casos de asalto. Uno de los casos del informe es el de Charlotte Head, empujada violentamente al suelo en junio de 2018 en Calais mientras filmaba a cuatro policías que perseguían a un ciudadano extranjero. Charlotte presentó una queja ante la justicia, sin embargo, el resultado es hasta ahora desconocido.

En la segunda mitad de 2018, los casos de abusos cometidos por la policía registrados por voluntarios en Calais parecieron disminuir, pero no se han detenido. Según un registro de incidentes compilado por organizaciones locales que realizan actividades de monitoreo de derechos humanos en el área, hubo 73 incidentes entre julio y diciembre de 2018, involucrando controles de identidad, intimidación, multas y, en un par de casos, violencia física.

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