Vía muerta

El president Quim Torra compareció ayer ante los medios de comunicación para hacer balance del año que ha pasado al frente de la Generalitat, encabezando un Ejecutivo de coalición minoritario entre partidos independentistas. Por primera vez desde que tomó posesión, Torra se definió a sí mismo como un jefe de Gobierno en plenitud de funciones, no como vicario del expresident huido, Carles Puigdemont, cuyo despacho oficial en el palacio de la plaza de Sant Jaume rechazó ocupar. Con este giro inesperado del significado de su figura institucional, Torra no podía devolver la dignidad a un Ejecutivo que tanto desgaste ha sufrido en sus manos, pero sí certificar la inviabilidad del discurso independentista que ha tratado de residenciar la legitimidad política de Cataluña en Waterloo, tras la intervención de la autonomía por el Estado central en virtud del artículo 155 de la Constitución.

Declarándose president efectivo y no vicario, Torra ha echado por tierra de un solo plumazo la teatral tramoya de la república de fantasía con la que los sectores del independentismo fieles al expresident Puigdemont han intentado mantener movilizadas a sus bases, al tiempo que se ha colocado en la difícil tesitura de tener que explicar su gestión como lo que es: el responsable último de un Gobierno autónomo con recursos suficientes para mejorar el bienestar de los ciudadanos e influir sobre la marcha de la economía. Hace apenas una semana los electores le reprocharon la parálisis de la Generalitat al inclinarse por ERC en detrimento de su partido en todas las convocatorias, salvo las europeas. El pasado fin de semana fueron los empresarios de Cataluña quienes lo hicieron. Intentando gobernar solo para los partidarios de la independencia y no para la totalidad de los catalanes, Torra y el Govern que él preside han conseguido, simplemente, no gobernar para nadie.

A pesar de ello, el president evitó ayer cualquier atisbo de autocrítica, recurriendo nuevamente al capcioso subterfugio con el que el independentismo encendió la mecha emocional del procés y con el que ha intentado mantenerla viva por encima de sus reiterados fracasos. Según vino a sostener Torra en su balance de aniversario, los datos positivos de la economía en Cataluña deben ser imputados a la gestión de un Gobierno que no ha gobernado, en tanto los resultados negativos, como la existencia de un 23,8% de catalanes en riesgo de pobreza, responden al expolio de un Estado represor. Conviene recordar, sin embargo, que los presupuestos con los que gobierna la Generalitat son los de 2017, no porque el Gobierno central haya impedido la aprobación de los correspondientes a este año, sino porque las fuerzas independentistas carecen de mayoría en el Parlament para aprobarlos. En lugar de llamar a elecciones, como correspondería, esas mismas fuerzas han preferido conservar la Generalitat para utilizarla como estéril plataforma de agitación, aunque sea a costa de mantenerla en vía muerta durante un año.

El silencio del president Torra acerca de cuándo pondrá fin a esta insostenible situación haciendo uso de sus prerrogativas fue elocuente, puesto que venía a corroborar que, vicario o efectivo, sigue sin preocuparse de gobernar, solo interesado en servirse de la Generalitat en el momento en que el Tribunal Supremo dicte sentencia contra los dirigentes independentistas procesados.