Simple voluntad

La dificultad de articular mayorías de gobierno a partir de los resultados electorales del pasado domingo parece haber forzado una reconsideración de las estrategias seguidas por los diferentes partidos. Las barreras levantadas durante la anterior legislatura y las sucesivas campañas electorales siguen en pie, pero las declaraciones en las que los portavoces de las principales fuerzas políticas han tratado de fijar el punto de partida en caso de que se abran negociaciones apuntarían hacia un tímido deshielo. El partido socialista ha aprovechado la debilidad de Unidas Podemos tras su severa pérdida de apoyo en las urnas para dirigirse a Ciudadanos y solicitarle que reconsidere la negativa a cualquier acuerdo entre ambos grupos. Ciudadanos, por su parte, ha respondido mediante un discurso de calculada ambigüedad: colocar el acento en las condiciones para una eventual negociación con los socialistas puede significar que no tiene ninguna intención de emprenderlas, pero también que no las rechaza de entrada.

La cautela en las aproximaciones preliminares es obligada por el hecho de que la confrontación llegó demasiado lejos. Pero también porque los partidos que han obtenido representación institucional en las tres recientes convocatorias electorales admiten su disposición a considerar simultáneamente todos los tableros, arriesgando a perder en coherencia lo que pueden ganar en flexibilidad. A este respecto, el núcleo alrededor del cual puede orbitar buena parte de los acuerdos es Barcelona. La razón fundamental es que es ahí, en el Ayuntamiento de la capital catalana, donde Ciudadanos se enfrenta al dilema crucial de consentir un triunfo independentista o levantar el veto a la izquierda. Con la presión añadida de que su candidato a la alcaldía, Manuel Valls, amenaza con romper con el partido si este suscribe algún género de pacto directo o indirecto con la ultraderecha. También la alcaldesa saliente, Ada Colau, ha matizado la rotundidad con que inicialmente rechazó cualquier entendimiento con Valls, por más que remita la decisión última a unas bases muy divididas al respecto.

Nada garantiza que abandonar la asfixiante madeja de vetos, cordones sanitarios y líneas rojas en los que se encuentra atrapada la política española permita cerrar pactos para gobernar Ayuntamientos, autonomías o constituir un Ejecutivo central; lo que sí resulta incontestable, por el contrario, es que mantenerla prefigura un horizonte de división y oscurantismo, donde las fuerzas políticas que aspiran a desbordar el marco de convivencia habrían recibido a cambio de nada el regalo de un poder arbitral determinante. La ultraderecha obtuvo el pasado domingo menos sufragios que ERC, y ambas fuerzas se encuentran entre las minoritarias en el conjunto del país. Resultaría de todo punto inexplicable que los partidos que han recibido el apoyo electoral mayoritario concedieran a los que se sitúan en los extremos la influencia que las urnas no les han reconocido, solo porque son incapaces de entenderse entre ellos. Y no en virtud de que sus programas sean incompatibles, sino de un rechazo de principio a negociar.

La incorporación de la ultraderecha o de los independentistas a una u otra instancia de la gobernabilidad del Estado no es en ningún caso resultado de una inevitable necesidad aritmética, sino de una simple voluntad política que, eso sí, resulta indistinguible de la obcecación.